Según datos oficiales del Gobierno, en los primeros cinco meses de gestión de Javier Milei se perdieron 80 mil puestos de trabajo. Las estimaciones privadas son más pesimistas y el horizonte recesivo no permite imaginar una rebote inmediato en el corto plazo. En el piso 13 del ministerio de Trabajo, sin embargo, el secretario del área, Julio Cordero, no disimula su optimismo de cara a lo que viene y en particular para insertar a los 1.012.357 beneficiaros del programa Volver al Trabajo (VAT) en el mercado laboral.
Se trata del universo que hasta marzo integraba el Potenciar Trabajo y que pasó de la secretaría de Niñez y Familia a la subsecretaría de empleo. Las organizaciones sociales -que administraron el programa durante la anterior gestión- hablan de desfinanciamiento y fracaso anunciado.
Milei mantuvo el congelamiento sobre el universo de beneficiarios que Alberto Fernández ordenó al final de su mandato, después de duplicar a los beneficiarios de los planes que dependían de Desarrollo Social.
Los doscientos mil ex beneficiarios del Potenciar que no pasaron a Trabajo quedaron dentro la secretaría de Niñez y Familia en el Programa de Acompañamiento Social (PAS). Todos ellos tienen más de 50 años o son madres de 4 hijos menores de edad o más.
El Gobierno no solo cambió el paraguas institucional del principal programa de transferencia directa condicionada, una constante desde 2002. También modificó las reglas de juego para los beneficiarios del VAT, que tienen entre 18 y 49 años y ya no están obligados a realizar una contraprestación laboral. «Pueden quedarse en sus casas sin trabajar si así lo desearan por los próximos dos años (…)«, explica Cordero que le quitó el poder de fiscalización a las unidades de gestión que pertenecen en muchos casos a cooperativas vinculadas a las organizaciones sociales la fiscalización. «La mayoría quiere trabajar», asegura.
Julio Cordero, secretario de Trabajo.Con el Potenciar y sus variantes anteriores -Hacemos Futuro, Argentina Trabaja, etc- los trabajadores informales que percibían un salario social complementario debían brindar una contraprestación de 4 horas, que podía ser en unidad de gestión -una cooperativa de empleo- o para completar estudios. Ahora no deben cumplir con ninguno de esos requisitos, al menos por los próximos 24 meses.
El Gobierno congeló y desenganchó el salario social que perciben ($78 mil) del salario mínimo vital y móvil ($234 mil), que ante representaba la mitad del haber mínimo. Por otro lado, el Gobierno elevó el tope de ingreso para permanecer dentro del programa: de dos salarios mínimo a tres. “El Potenciar funcionaba como un ingreso universal. Era algo que congelaba a las personas donde estaban por generaciones. El que estaba en un lugar con mucha pobreza, se quedó ahí. Y el que conseguía trabajo perdía el plan y eso estimulaba el trabajo informal”, afirma Cordero.
Cordero y la flamante subsecretaria de Empleo Eugenia Cortona apuestan a potenciar los cursos de formación y los convenios con grandes compañías locales o multinacionales. Cadenas de café o de estaciones de servicio ya acordaron incorporar empleados que hoy frecuentan el programa. «Las empresas tienen confianza en una gestión que les va a mandar gente que no son punteros políticos. Estamos pensando en la persona y en la empresa y esto es nuevo, nunca pasó», afirma el secretario de Trabajo.
Los convenios en cuestión se publicitan en el “Portal Empleo” que depende del Ministerio de Capital Humano. Los responsables del área no disimulan su entusiasmo, porque sostienen que -aunque no están obligados a visitar el sitio o registrarse- en poco más 45 días de funcionamiento ya se registraron en el portal de manera voluntaria 636.748 personas.
El 48% de ese universo vive en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense y en Tucumán. El 70% son mujeres, el 63% tienen entre 18 y 35 años. El 56% tienen hijos, la misma proporción que tiene el secundario incompleto. El 20% manifestó tener interés en formarse en gastronomía, turismo y en el sector textil e Indumentaria. Los números demográficos no se diferencian demasiado de la los que recabó la anterior gestión mediante las fiscalizaciones digitales, pero para los flamantes funcionarios el interés por el nuevo portal y por los cursos de formación demuestran que la mayoría de los beneficiarios quieren trabajar y perfeccionarse.
El Gobierno promueve cursos de formación presenciales o a distancia y certificados según la demanda que requieren las industrias de cada región, ya sea para el sector de recolección en el norte o en Vaca Muerta. La secretaría de Empleo ofrece un estímulo de $45 mil para quienes opten por los cursos.
Las organizaciones sociales que administraban el Potenciar Trabajo durante la última gestión nacional del peronismo ven otra película. «Dejaron el ingreso congelado. ¿Quién va a hacer algo por $78 mil? Desmantelaron el programa, desfinanciaron obras y el sentido productivo. Hay infinidad de polos productivos y tareas comunitarias, como comedores y jardines que se sostenían con ese ingreso», señala Daniel Menéndez, referente de Somos Barrios de Pie, actual funcionario de Axel Kicillof y fugaz titular del Consejo de la Economía Popular que creó el gobierno del FdT y el libertario desarmó.
El secretario general de la Unión de Trabajo de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, que fue uno de los principales laderos del secretario de Economía social y jefe del Evita, Emilio Pérsico, en el ex ministerio de Desarrollo Social es escéptico con el plan del Gobierno. «Transformaron un programa de trabajo en un programa de no hacer nada, de `volver a casa, a la desocupación`. No están privilegiando las unidades productivas. Frente al creciente desempleo, todo se complejiza más», dice Gramajo a Clarín. .
Con casi nulo al diálogo con funcionarios de Capital Humano, el referente de la UTEP alerta sobre la apertura de la importación de textiles y del papel, que derrumbaron el trabajo de cooperativas del sector de indumentaria y del reciclado con el que los beneficiarios de los programas completaban sus ingresos.
Protestas de la UTEP frente a Capital Humano. Foto: Luciano Thieberger. El plan de lucha del sector incluye protestas por la paralización de las obras en las villas a cargo del Fondo de Integración socio urbana, el desmantelamiento del Potenciar y fundamentalmente por falta de abastecimiento a comedores, que califican como la principal urgencia social.
Nicolás Caropresti, del MTE y miembro del secretario de la UTEP, pinta un escenario desolador con aumento del narco, robo de cables e intentos de suicidio en los barrios más vulnerables. «Ahora sí entregan un plan, como les gusta decir«, señala.
Las organizaciones preparan nuevas protestas contra la ministra Sandra Pettovello que dilata la entrega de alimentos guardados en los galpones a pesar de la órdenes repetidas del juez Sebastián Casanello.
