En 2024 un total de 174.335 personas solicitaron prestaciones por desempleo, lo que representó un crecimiento del 60% con respecto a 2023 (cuando se registraron 108.942), y la mayor suba desde 2001, año desde el que se encuentran disponibles los registros. Aunque en cantidad, 2024 no fue el año récord en cuanto a las altas –fue en 2002, con 259.066– las del último año superaron las de la última década.
Los datos, que corresponden a las estadísticas de la Subsecretaría de Seguridad Social, coinciden con los del presupuesto abierto. Desde 2016, año a partir del cual pueden consultarse las partidas, el aumento en el porcentaje del dinero destinado al pago de seguros por desempleo en 2024 fue el más importante. En 2016, respecto al presupuesto inicial, el vigente creció 383%, mientras que en 2017 (52%), 2018 (sin variaciones), 2019 (44,16%), 2020 (96,3%), 2021 (23,5%), 2022 (-30%) y 2023 (202%) registraron variaciones inferiores a la de 2024, o negativas en algunos casos.
En el último año el Gobierno, si bien ajustó en la mayoría de los gastos del Estado, debido al crecimiento del de-sempleo, no pudo hacerlo en la partida destinada al pago de estos seguros. Se trata, según el mismo sitio oficial explica, de un pago mensual que busca compensar “la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo” y “reducir el riesgo al desaliento y ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo”.
A este fin el Ejecutivo tuvo que destinar $ 257.136 millones en 2024, lo que significó un incremento del 446% respecto a 2023 (año en el que se emplearon $ 47.092,51 millones). A falta de un Presupuesto aprobado durante ese año, el Gobierno pudo ajustar diferentes gastos y –a diferencia de este caso– en general, lo hizo por debajo del nivel de la inflación (117,8%).
La mayor cantidad de solicitudes corresponden a exempleados del sector de construcción: fueron 54.046, el 31% del total. A ese rubro le siguieron la industria manufacturera, con 36.223 altas (el 20% del total); comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 28.790 (16,5%); y actividades administrativas, con 14.150 (8,1%). Muy por debajo estuvieron los trabajadores de servicios de transporte y almacenamiento (con 7.158 altas), servicio de alojamiento y servicios de comida (con 6.493), y salud y servicios sociales (con 5.522).
De acuerdo con el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) publicado por el Indec para el mes de noviembre, los sectores de Construcción (-14,2% interanual), Industria manufacturera (-2,3% interanual) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3% interanual) fueron los que presentaron las mayores caídas.
Del total de beneficiarios de esta prestación, que hoy continúan cobrando 102.549 personas, el 26,7% son mujeres y el 73,3% hombres. En cuanto a la ubicación geográfica, después de Buenos Aires y CABA (14,4%) la mayor cantidad se encuentran en Córdoba (2,3%) y Santa Fe (2,1%). El pago promedio durante ese año fue de $ 214.822.
En 2025, con una situación atípica, ya que por segundo año consecutivo el Gobierno podrá disponer de los recursos de manera discrecional al no contar con un Presupuesto aprobado por el Congreso, la partida destinada a los seguros de desempleo ya es una de las que presenta mayor grado de ejecución: para el cierre de enero se empleó cerca del 10% de lo presupuestado: $ 24.308,64 millones. Esto es casi el doble del presupuesto ejecutado durante todo el año 2022, y la mitad de lo que se destinó durante los doce meses de 2023.
El seguro de desempleo se cobra hasta por doce meses, lo que depende del período trabajado por la persona que lo solicita.
En el sitio oficial se detalla que es un beneficio dirigido a “trabajadores asalariados registrados, legalmente despedidos ‘sin justa causa’ o ‘por fuerza mayor’, o bien que hayan perdido su trabajo por quiebre de la empresa en la que trabajaban; y a trabajadores detectados como no registrados en acciones de fiscalización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y posteriormente despedidos”. El plazo para tramitarlo es de noventa días hábiles desde que fuera finalizada la relación laboral.
En el Presupuesto que finalmente no se aprobó en el Congreso, la partida destinada a seguros de desempleo preveía un monto inicial de $ 462.616 millones, un incremento del 80% respecto a lo vigente en 2024.
