Desde hace un año siete policías son investigados en Santa Fe por organizar un allanamiento ilegal en el barrio Azcuénaga de Rosario donde se quedaron con drogas, armas de fuego y dinero que tenían en su poder unos narcotraficantes y ahora la justicia determinó que además los agentes torturaban con picanas a algunos de los detenidos. Incluso, hablaban entre ellos de su gusto por aplicar una “sesión de masajes eléctricos”.
Además, la Fiscalía sumó a otro uniformado a la investigación, un jefe de la Policía de Acción Táctica (PAT) que fue calificado como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad” por avalar los métodos de tortura con picana y para quien la justicia ordenó su prisión preventiva por tres meses y la inhibición de sus bienes.
Las imputaciones fueron dispuestas por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros, quien se pronunció a tono con la presentación que hizo el equipo de cuatro fiscales de la Unidad Fiscal Rosario, y formalizó la acusación contra el superior de servicio de la compañía Alfa del PAT, Miguel Alberto Aguilar, como nuevo imputado. En tanto, amplió la acusación como presuntos coautores de tormentos físicos a los demás agentes que ya estaban imputados en la causa.
La Fiscalía acusó a Aguilar como “coautor de los delitos de omisión de evitar torturas y por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integrar una asociación ilícita“.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, los investigadores determinaron que Aguilar “participó en la obtención ilegal de datos relativos a la identidad y dirección del proveedor” de drogas incautados en la vivienda de la calle Jean Jaures, en Rosario, “donde se realizó un procedimiento policial por personal a su cargo, y se secuestró un ladrillo de cocaína”.
En la descripción detallada de su accionar, la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa definió a Aguilar como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”, dado que avalaba las metodologías de sus subalternos e incluso daba indicaciones al respecto.
Los fiscales afirmaron en su presentación que el personal a cargo de Aguilar obtuvo información a través de violencia física “bajo amenazas, golpes y utilización de una picana eléctrica sobre el cuerpo de los detenidos”, a quienes interrogaron sobre el proveedor de droga al que se referían como “pez gordo”, su nombre y dónde vivía y guardaba la droga.
Tras obtener los datos que buscaban, los policías realizaron un allanamiento ilegal -es decir sin autorización o requerimiento judicial- en la vivienda del barrio Azcuénaga donde finalmente le robaron a los narcos, armas, drogas y dinero.
En el avance de la investigación, los fiscales exhibieron audios de conversaciones entre los policías que participaron de ese ilícito y en ellos uno de los imputados relata: “Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra”.
“Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos, con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era”, acotó otro de los imputados.
Al parecer era tan habitual para ellos este modo de actuar que en otra conversación que los fiscales extrajeron de sus celulares, en un chat uno dice que tenía “unas ganas de trabajar” y otro le contesta “Quiere ver la picana en acción”, tras lo cual alguien agrega que necesitaba “dar otra sesión de masajes eléctricos”.
El allanamiento ilegal que derivó en un robo a los narcos
El caso comenzó a ser investigado por un allanamiento ilegal del 13 de agosto de 2024 en una casa del barrio Azcuénaga de Rosario, donde a los policías provinciales los acusan de haber robado 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos.
En ese marco, siete de los agentes estaban imputados como coautores de privación coactiva de la libertad, violación de domicilio, robo agravado, comercio de estupefacientes y asociación ilícita.
En la última semana, la fiscalía profundizó y amplió el objeto de la investigación, lo que permitió determinar que además los agentes perpetraban acciones de tortura contra los detenidos y esa situación era avalada por un superior jerárquico.
