Jian Qing, llamada la Viuda Roja, cuarta esposa de Mao Tsé-Tung, dirigió la Revolución Cultural e integró el Politburó del Partido Comunista. Cuando falleció su esposo (1976), pretendió continuar en el poder con la llamada Banda de los Cuatro, que integraba. Pero ya soplaban vientos de modernización en China, con la creciente gravitación de Deng Xiao Ping y en 1980 los cuatro fueron sometidos a juicio público, acusados de crímenes cometidos durante aquella revolución. Como la figura de Mao continuó siendo idealizada, ella basó su defensa en que siempre cumplió sus órdenes. A pesar de ello fue condenada a muerte, aunque la pena fue conmutada y reemplazada por prisión. Una solución de equilibrio para no despertar la ira de las facciones, tanto del Ejército, como del Partido, que le seguían siendo leales.
Su acusación tenía unas 20.000 páginas y detallaba miles de crímenes, pero Jiang Qing sentía que su poder estaba por encima de los tribunales. En un momento, respondió al juez: “¿Miedo de usted? ¡Tú me tienes miedo!”. Durante los dos meses del juicio, lo llamó “fascista”, desafió al tribunal a que le cortaran la cabeza y fue sacada de la sala varias veces, gritando consignas revolucionarias.
Imelda Marcos fue esposa de Ferdinand Marcos, el ex presidente de Filipinas que gobernó durante 21 años, entre 1965 y 1986. En ese lapso, el matrimonio acumuló una inmensa fortuna en propiedades, empresas, activos y bienes, a través de una intrincada red de testaferros, accionistas y “amigos de negocios” que lavaron esos activos, los legalizaron y devolvieron al patrimonio personal de la pareja.
Luego de la muerte de su marido, fue juzgada en Nueva York por corrupción, evasión impositiva y lavado de capitales (1990). La fiscalía pretendía recuperar esos fondos, que suponía en bancos extranjeros. Imelda denunció un complot judicial contra ella, negó los hechos e impugnó la competencia de esos tribunales para intervenir en el caso, que debía seguirse en los estrados filipinos. Logró así su absolución.
Pero en Filipinas a los Marcos les fue peor, al principio, cuando Ferdinand vivía. Fueron declarados culpables por 29 delitos de evasión fiscal e Imelda condenada a 48 años de cárcel. Sin embargo, con los cambios políticos, el Tribunal Supremo anuló la sentencia en 1998. Ella nunca entró en prisión ni fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Volvió a la política y fue candidata a la presidencia en 1992 y 1995, diputada entre 1995 y 1998 y, de nuevo, en 2010. En 2022, Ferdinand Marcos Jr. (“Bongbong”), su hijo, fue elegido presidente hasta 2028.
Cristina Kirchner fue acusada y luego condenada por administración fraudulenta agravada en la causa Vialidad, sustanciada en 12.000 fojas que prueban irregularidades en 51 obras viales realizadas en Santa Cruz, con un perjuicio al Estado estimado en 85.000 millones de pesos. En 2019, al ser indagada por el Tribunal Oral Federal N° 2, en lugar de alegar inocencia, acusó a los jueces de ejercer lawfare contra un gobierno popular, teniendo su condena escrita de antemano. Ya retirándose, cuando el tribunal le recordó que podía responder preguntas, volvió sobre sus pasos y respondió de forma altiva: “¿Preguntas? ¡Preguntas van a tener que contestar ustedes!”
Esos tres casos difieren en gravedad y en contexto, ya que Jian Qing e Imelda Marcos fueron acusadas de delitos contra las personas y contra la libertad, crímenes mucho más graves que los desfalcos monetarios llevados a cabo por nuestra expresidenta. Pero los tres se asemejan en cuanto a la percepción de impunidad de las tres viudas ante el accionar de la Justicia. Como bien señaló Carlos Pagni en LA NACION, refleja la idea populista de que el Poder Judicial carece de legitimidad frente a la fuerza de las urnas. Según esa concepción, el alcance de las leyes no puede depender de jueces aliados a los poderes concentrados que impiden transformaciones votadas por las mayorías. Ni mucho menos, condenar (“proscribir”) a las viudas que las representan.
Cristina Kirchner, al ser indagada por el Tribunal Oral Federal N° 2, en lugar de alegar inocencia, acusó a los jueces de ejercer lawfare contra un gobierno popular y de tener su condena escrita de antemano.
Sin embargo, en todo sistema republicano el Poder Judicial (o un tribunal especializado) debe tener la facultad de controlar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes. De lo contrario, todas las leyes serían constitucionales por el solo hecho de sancionarse y también los decretos por la firma presidencial. La Carta Fundamental sería letra muerta y la inseguridad jurídica demolería las instituciones. No son los jueces los que están por encima de legisladores o presidentes, sino la Constitución, cuya supremacía deben hacer valer.
Como alternativa, quienes pretenden liberarse de la trabazón de un poder judicial cancerbero de la norma fundamental, proponen politizar la designación de los jueces. Es la famosa “justicia legítima” propiciada por el kirchnerismo, que implica modificar la forma de nombramiento de los magistrados y quitarles estabilidad. Los candidatos estarían incluidos en las listas partidarias para las elecciones, como si se tratase de diputados o senadores. De esa forma, al existir una comunión de ideas entre los integrantes de los tres poderes, se allanaría el camino a reformas polémicas solo cambiando la forma de elegirlos. Ello tendría efecto en casos de corrupción para proteger a funcionarios –y sus viudas– y también para redefinir derechos básicos como la propiedad, el contrato, los delitos o las potestades administrativas pues, entre correligionarios, no habrá cornadas. Sus conductas siempre serían exculpadas, sus leyes y decretos, siempre constitucionales. Siguiendo el péndulo de la opinión pública, volátil y circunstancial, su alcance podría variar en cada mandato conforme a las distintas ideologías que se sucedan.
Este ensayo acaba de ser adoptado por México el año pasado, siendo así el primer país del mundo que elige a sus jueces por voto popular. La presidenta Claudia Sheinbaum logró una serie de reformas constitucionales con el apoyo de su super mayoría legislativa, incluyendo esta. La envidia de todos los populismos de aquí y de allí: basta de Montesquieu, fuera Jefferson, adiós Alberdi.
No se trata de un avance, sino de una regresión. El Estado de Derecho, justamente, implica sustituir la voluntad del gobernante, elegido o hereditario, por la vigencia de la ley. Y es la función de la Justicia, a través de jueces estables e independientes, asegurar que las normas se correspondan con el texto constitucional y se apliquen por igual, sin intromisión de la política por más mayoritaria que fuere.
Solo de esa manera se extenderá el horizonte de la seguridad jurídica, indispensable para las decisiones de largo plazo, las inversiones, el empleo regular y la estabilidad de las familias. Aunque a quienes detentan el poder o a sus viudas, eso les moleste.
