Como parte del ajuste de los gastos educativos y sociales implementados a través de la Decisión Administrativa 23/25 por un total de $ 493.591 millones, publicada este jueves en el Boletín Oficial y de la que informó Clarín, el Gobierno “redujo en $ 100.000 millones las partidas del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, creado por el decreto 238/25, para otorgar ayuda económica a los residentes de la Ciudad de Bahía Blanca afectados por las inundaciones” de marzo, de acuerdo al Informe detallado de las partidas afectadas que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Esa ayuda era originalmente de US$ 200.000 millones.
Este recorte se produce luego que el Gobierno, a través del decreto 424/25 del 23 de junio, vetó la ley del Congreso sancionada el 4 de junio (fue aprobada por todos los bloques) que ordenaba una ayuda “de $ 200.000 millones o la suma necesaria para atender los daños en la Provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, debido a las inundaciones registradas durante marzo de 2025”.
Y detallaba un conjunto de medidas de ayudas, obras de infraestructura, créditos y subsidios a las familias afectadas, mucho más amplias que las del Decreto 238/25. Además, señalaba que la Jefatura de Gabinete debía articular con el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires los subsidios en conceptos de impuesto, tasas y contribuciones.
En los fundamentos del veto se señalaba que el Gobierno ya había dictado a comienzos de abril el Decreto 238/25, que creó un fondo especial de asistencia directa por la suma de $ 200 millones destinado a otorgar un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones del 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca, a cargo del Ministerio de Seguridad. Y que dicho fondo tenía en parte financiamiento del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), oportunamente aprobado por el Decreto 818/2022.
También en el veto se señalaba que era de “imposible cumplimiento” atender a Coronel Rosales porque esa localidad no quedó dentro de los informes técnicos que realizaron organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Luego de detallar las ayudas implementadas, según el veto presidencial, “con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando”. Y que la ley votada por el Congreso no especificaba cómo se financiarían las ayudas.
Ahora, el Gobierno dispuso recortar a la mitad el Fondo de Ayuda a Bahía Blanca. Si bien la Decisión Administrativa no lo dice, para el Gobierno ya no sería necesario mantener la partida original.
NE
