Un caso en Estados Unidos expone las graves consecuencias de los errores en sistemas de identificación automatizada. Una mujer fue encarcelada durante meses por una coincidencia falsa, perdiendo su vivienda, vehículo y mascota antes de que los cargos fueran desestimados.
Una mujer de Tennessee, Estados Unidos, fue detenida y pasó más de cinco meses en prisión debido a una identificación errónea generada por un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial. Los cargos, relacionados con un robo en Dakota del Norte, fueron finalmente desestimados sin perjuicio.
El software analizó imágenes de cámaras de seguridad y arrojó una coincidencia positiva con la identidad de Angela Lipps, de 50 años, a pesar de la falta de pruebas físicas que la vincularan al delito. Familiares de la afectada presentaron pruebas de su ubicación real en el momento de los hechos.
Lipps fue detenida el 14 de julio de 2025 y mantenida bajo custodia en Tennessee. Según narró en una campaña de recaudación de fondos, durante su encarcelamiento perdió su casa de alquiler, sus ingresos, el seguro médico, su auto y su perro. “Ahora vivo con vecinos en el parque de casas rodantes. No tengo auto, ni dinero, ni forma de empezar de cero por mi cuenta”, declaró.
La policía de Fargo afirmó desconocer los motivos exactos de la larga estancia en la cárcel. Los abogados de la mujer denunciaron una falta de investigación adecuada y señalaron que existen correos electrónicos que demuestran que la notificación de su arresto se realizó de manera temprana. “El trauma, la pérdida de libertad y el daño a su reputación no se pueden reparar fácilmente”, declaró la defensa a CNN.
Este caso reabre el debate sobre la implementación de herramientas de vigilancia masiva y la necesidad de una regulación estricta para el uso de inteligencia artificial en investigaciones policiales. Mientras la empresa proveedora defiende la utilidad de su herramienta, los abogados de la víctima sostienen que la libertad personal no debe depender de un código. La afectada planea iniciar acciones legales por daños y perjuicios.
