“Confío en los mecanismos institucionales” expresa Eduardo Casal, Procurador General de la Nación en carácter de interino, cuando se refiere a su situación laboral y al fracaso de los últimos gobiernos en obtener el consenso requerido para designar a un jefe de los fiscales en carácter de titular. Su tono pausado para hablar se condice con la respuesta que brinda ante cada pregunta: no deja ninguna palabra librada al azar, las elige con cautela, entiende la importancia de su rol institucional. Con esa palabra -«institucional»- lo definen muchos funcionarios dentro del Ministerio Público Fiscal, donde trabaja desde hace décadas y desde que ocupa el sillón más importante, en 2018, cosechó un amplio respaldo.
El respeto por las instituciones, el valor del diálogo y el cumplimiento de la ley, vuelven una y otra vez a los labios del Procurador Casal en su conversación con Clarín. Ahonda en todos los temas: la conformación de la Corte Suprema de Justicia, los desafíos del Ministerio Público, la confrontación que planteó la gestión de Alberto Fernández contra la Procuración y contra él mismo. También opinó sobre el incremento del narcotráfico en el país y la situación actual del mega DNU firmado por Javier Milei.
¿Cuáles son los desafíos que afronta el Ministerio Público Fiscal?
La implementación del sistema acusatorio es el gran desafío que tenemos. Lo hicimos con éxito en Salta y en Jujuy. Ya tenemos todo dispuesto de nuestra parte para avanzar en Rosario y Mendoza. Obviamente, es un proceso que requiere de la intervención de todos los actores de del sistema de justicia y de las organizaciones vinculadas a la administración de justicia: el Consejo de la Magistratura, la Corte, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Oficial y de la Procuración General.
¿Por qué no se continuó avanzando en los plazos previstos? ¿Fue una decisión política?
La última reunión de la comisión bicameral de implementación del código en 2019 dispuso que se debía seguir por las jurisdicciones de Rosario y de Mendoza. Después hubo algunas reuniones de la comisión nuevamente constituida, pero no se avanzó. Lo que tenía que poner era la fecha y largábamos. Pero bueno, esas son decisiones de tipo político.
Es un cambio de sistema: los fiscales son quienes investigan los delitos y los jueces sólo controlan las garantías del proceso. No se trata simplemente de mutar un código de procedimiento a otro, sino que exige una serie de recursos materiales y humanos con diferente formación, infraestructura, tecnología. Hay que poner un plazo y a partir de entonces todos los operadores comienzan a trabajar coordinadamente en esa implementación.
Ese freno político coincidió con las críticas que hubo desde el kirchnerismo y desde el propio ex presidente Alberto Fernández hacia su figura como jefe de los fiscales.
Siempre estuvimos dispuestos a trabajar. Es más, cuando la comisión bicameral convocó, fueron los dos funcionarios encargados de la implementación, los doctores Olima Casanova. Siempre tuvimos buena disposición. Tenemos una pequeña unidad destinada a la implementación que trabaja en los análisis previos y en los diagnósticos, los pronósticos y todas las estimaciones necesarias. Ese trabajo estuvo a disposición y estuvo comunicado. Es decir, de desde nuestra parte hicimos todo. Y siempre tenemos buena disposición para el trabajo. Por qué no lo quisieron hacer, no sé.
¿Qué análisis hace de la cantidad de años -seis- que lleva la procuración sin un titular?
Es un poco difícil de decirlo precisamente desde este lugar, porque uno está en el en el foco de la tormenta. Diría que no es normal. Yo siempre tengo confianza en que los mecanismos institucionales tienen que funcionar y que lo van a hacer del mejor modo posible. De todas maneras yo estoy ocupando el cargo transitoriamente, por esa circunstancia y por una disposición legal que lo prevé: no hay alteración institucional. Sí es cierto que nunca antes una situación así se había prolongado tanto. Lo deseable es que se logren los consensos y los acuerdos necesarios para la designación de un titular efectivo, por supuesto.
El procurador Eduardo Casal, durante la entrevista con Clarín. Foto Guillermo Rodriguez Adami¿Qué espera de la actual gestión en materia de justicia, la relación del gobierno con el Poder Judicial, del ministerio de justicia con la Procuración?
Lo que nosotros esperamos es lo que esperamos siempre, es decir, poder trabajar coordinadamente con el resto de las autoridades de la República en bien de las instituciones y del país. Esa es siempre nuestra vocación de servicio, nuestra voluntad.
El ministro de Justicia dijo que ya tiene un candidato para la Procuración…
Es una facultad del Poder Ejecutivo, por la cual no tenemos nada que opinar.
El ministro de Justicia dijo que quería acercarles la iniciativa para crear una procuraduría anticorrupción. ¿Lo ve viable? ¿Es necesario?
Todavía no conocemos cuál es esa iniciativa, no tenemos ninguna presentación. Lo que sé es lo que he escuchado en los medios, sin la precisión suficiente como para emitir una opinión. Es bueno tener propuestas, a lo mejor otras miradas, pero actualmente las investigaciones y las acusaciones en hechos de la corrupción las llevan todos los fiscales del fuero federal a lo largo de todo el país, que cuentan con la asistencia de dos procuradurías especializadas. Además existen direcciones de apoyo en materia de delincuencia económica y de asistencia a las investigaciones penales. Siempre que los fiscales han requerido apoyo frente a causas complejas, como suelen ser las de este tipo, se les ha brindado desde la Procuración.
El sistema está funcionando de acuerdo a la ley y a la forma en que está organizado el Ministerio Público. Habría que analizar si lo que se propone sirve para mejorar, si se puede insertar y que no signifique un entorpecimiento Definir la competencia de esa fiscalía, quién la encabeza, cómo se lo designa, el presupuesto. Es complejo.
El procurador Eduardo Casal, durante la entrevista con Clarín. Foto Guillermo Rodriguez Adami¿Está conforme con el trabajo de los fiscales del fuero federal penal, cómo han llevado en los últimos años las causas pro corrupción?
Cada fiscal tiene su autonomía y su forma y es juez de sus propios deberes. Yo no puedo opinar del trabajo desde afuera y no me corresponde entrometerme. Sí veo que los procesos avanzan, que tramitan regularmente. Y han habido buenos resultados, buenas investigaciones.
En distintos casos en los que tribunales dictaron sobreseimientos sin la realización de juicio, el Ministerio Público encendió un alerta ¿Por qué?
La función del Ministerio Público es impulsar la acción penal siempre y cuando existan elementos para asegurar el contradictorio. Luego le toca a los tribunales, desde su condición de imparcialidad, resolver lo que lo que corresponda. Está bien que el Ministerio Público busque que los juicios se hagan.
¿Qué opinión le merece el debate sobre una posible ampliación del número de integrantes de la Corte?
En esto va a haber distintos criterios, pero el que no me parece o que no es razón suficiente, es plantear y especular con la idea de que una Corte con más integrantes va a trabajar más rápido. Es decir, la Corte Suprema tiene que tener un número de jueces que permita un adecuado funcionamiento como tribunal y que refleje o vaya reflejando las corrientes de pensamiento jurídico.
¿Cree que está bien la Corte con una conformación de cinco?
Bueno, ahora está funcionando con cuatro, pero sí. A lo largo de la historia hemos visto que ha mutado entre cinco, siete o nueve. Entiendo que también el otro criterio que no puede regir es si a la política le gustan los fallos o no. Eso no no es bueno, andar modificando así no tiene que ver con la estabilidad de las instituciones. Un dato importante que se toma en cuenta en los organismos internacionales para evaluar la situación de un país con respecto a la corrupción es la fortaleza y estabilidad de sus instituciones.
El procurador Eduardo Casal, durante la entrevista con Clarín. Foto Guillermo Rodriguez AdamiLa ministra de seguridad, Patricia Bullrich, está haciendo foco particular en la lucha contra el narcotráfico, ¿que le compete en esa materia a la Procuración?
En Rosario recientemente se crearon nuevos cargos, estamos avanzando en la gestión de un edificio que los pueda albergar más cómodamente. Hay una delegación de la Procunar que está trabajando en Rosario. La PROCUNAR (fiscalía especializada en narcotráfico que dirige Diego Iglesias) funciona muy bien en todo el país. En Rosario además hay una oficina también de la PROCELAC, contra el lavado de activos.
¿En la frontera norte del país cómo se está trabajando?
En Salta y Jujuy tenemos el sistema acusatorio y se ha reducido en cuatro veces el tiempo de duración de los procesos. Pero allí faltan recursos también. Se necesitan más fiscales y avanzar con el acusatorio en el resto de las provincias. Lógicamente cada jurisdicción tiene sus particularidades, sus temas de frontera, la litigiosidad que presenten.
¿Por qué cree que en los últimos años ha crecido el narcotráfico en nuestro país?
Es un fenómeno general, la criminalidad se va extendiendo, obviamente sí registramos un incremento es porque también lo estamos descubriendo.
¿No se requiere más trabajo mancomunado entre el poder político y el poder judicial para ser más eficiente esa lucha?
Obviamente, la coordinación siempre nos favorece.
¿La confrontación del anterior gobierno con la justicia no entorpeció el trabajo institucional?
Bueno sí, pero la consideración es de índole política porque te puedo decir que desde acá no le prestamos atención a eso y siempre trabajamos en la misma línea, y no obstante eso se siguieron haciendo aportes, las investigaciones avanzaron, constituimos una mesa de trabajo con los fiscales. Se hicieron los diagnósticos sobre los capos narcos que seguían delinquiendo desde la cárcel, se lo puso en conocimiento del ministerio de justicia (del anterior gobierno).
Que no hizo nada al respecto.
Nosotros hicimos lo que nos tocaba y estamos dispuestos a seguir colaborando. Reitero, acá no le prestamos atención a esos contextos políticos.
¿Cómo se trabaja para cubrir el 30% de cargos vacantes en el MPF?
Hay algo que concierne al Poder Legislativo en el Senado, al Poder Ejecutivo a mandar las ternas, pero hay algo evidentemente que nos toca a nosotros, como los concursos. Veníamos con cargos vacantes pero se precipitaron en 2020, hubo un quiebre ahí, el número creció un montón cuando tocaron la ley de jubilaciones. Tuvimos como veinticinco vacantes de golpe. En la fecha tenemos varios concursos en trámite y ternas ya enviadas al Ejecutivo.
¿Cuál es su mirada sobre el DNU del presidente Javier Milei y su posterior judicialización?
Por un lado, el DNU está sometido al control del Congreso -procedimiento que está en curso- y por otro lado están los planteos de índole jurisdiccional, que serán analizados en su debido momento.
¿Ven con preocupación los DNU tan amplios y con alcances tan diversos?
Le toca al Congreso analizar el DNU y al poder judicial también, frente a los reclamos concretos como cuando hay un reclamo con respecto a la constitucionalidad de una ley. El Congreso es un control político y el poder judicial se expide sobre los puntos concretos de agravio que puede haber.
