El proyecto de ley de bases que había sido aprobado en lo general el viernes de la semana pasada y este martes naufragó en Diputados fue un parteaguas, pero no el que imaginaba el Presidente. La derrota legislativa del oficialismo empuja cambios en la dinámica del Gobierno y en el vínculo con los gobernadores y la oposición.
Una y otra vez el vocero presidencial Manuel Adorni insistió en su conferencia de prensa que más temprano que tarde la ley ómnibus será una realidad. Sin embargo, en la Casa Rosada hay quienes apuntan que el proyecto que volvió a fojas cero “está muerto”, como marcan los antecedentes legislativos. Altas fuentes del Gobierno sostienen de todos modos que el proyecto seguirá su trámite legislativo.
En el Gabinete de Milei hay ideas diversas sobre la posibilidad de convocar a una consulta popular no vinculante. En la mesa chica del Presidente descartan esa opción por el riesgo que supondría una derrota, los tiempos y el costo. Con el correr de las horas y en público, no obstante, la alternativa se impulsa con más vehemencia.
“Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas. Se tomará la decisión de ir por el camino correcto o que revista mayor celeridad”, señaló Adorni, en comunicación permanente con Javier y Karina Milei, de gira en Israel.
Entre esas herramientas se cuentan también nuevos DNU y decretos simples (que matan decretos y resoluciones administrativas previas) para desregular áreas sensibles de la economía, un campo en el que trabaja Federico Sturnezegger, un asesor clave que sigue sin ser nombrado oficialmente y evalúa qué despacho ocupar en la Rosada.
Los traidores y más ajuste
A la hora de pensar en una consulta popular, en la administración libertaria destacan el antecedente cercano del uruguayo Luis Lacalle Pou, que en 2022 consiguió la mayoría de los votos para evitar la derogación de 135 artículos de su propia ley ómnibus. Señalan que la presión política de un resultado contundente a favor del Gobierno obligaría a la oposición a recalcular.
Del Presidente para abajo se habla lisa y llanamente de “traidores”, un epíteto para señalar a los diputados que votaron a favor de la ley en lo general, pero en contra en lo particular.
Milei avaló con posteos y likes en las redes sociales las críticas a los mandatarios provinciales y a los bloques opositores a los que el viernes había agradecido. No todos los gobernadores cayeron en la misma bolsa. En el Ejecutivo apuntan contra el salteño Gustavo Sáenz, el jujeño Carlos Sadir, el neuquino Rolando Figueroa y en especial contra el cordobés Martín Llaryora y contra el santafesino Maximiliano Pullaro.
El gobernador de Santa Fe tenía previsto reunirse este miércoles con el ministro de Economía, pero el Gobierno suspendió el encuentro. Luis Caputo, que se había llamado a silencio y el martes conversó con Llaryora por teléfono, reapareció tras el silencio que se autoimpuso luego de bajar el capítulo fiscal.
“En enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero, y sin ley”, minimizó el ministro, que volvió a prometer más ajuste para cumplir con la meta de déficit cero.
En el Gobierno, como Milei en redes sociales, son más filosos a la hora de analizar los efectos económicos de la ley. “Tendrán que hacerse cargo los que aplaudieron cuando se levantó la sesión. También aplaudieron el default en 2001”, compararon a propósito de la baja de los bonos en Wall Street. El relato de Milei vs. la casta se profundiza.
Por ahora, Milei no responsabiliza a los funcionarios y autoridades legislativas que llevaron las negociaciones con la oposición: el ministro del Interior Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem y el titular del bloque libertario Oscar Zago. Los primeros dos se reunieron al mediodía en la Casa Rosada para analizar el estado de situación.
El mandatario ya mostró que puede cambiar rápido. Sacrificó al designado presidente provisional del senado Francisco Paoltroni antes de que asumiera y echó (aunque todavía no en los papeles) al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro.
Francos, que avisó que no tiene planeado renunciar, viajará el viernes a Italia para sumarse a la comitiva del Presidente. Cambió su pasaje originalmente previsto para el jueves, porque apostaba que la sesión se extendiera durante 72 horas. Zago y Francos quedaron expuestos por reiterar en los medios que la aprobación general del proyecto se mantenía, aunque el reglamento de Diputados señala lo contrario.
En el Gobierno de todos modos insisten en que la supuesta traición de los diputados era una opción probable. Ahora en el oficialismo sostienen que no habrá necesidad de prorrogar las sesiones extraordinarias que terminaban el 15 de febrero. «Habrá que recalcular todo», explicó una autoridad de LLA en el Congreso.
Nuevo pacto fiscal
El Ejecutivo planeaba negociar con los gobernadores un nuevo pacto fiscal una vez que la ley bases fuera sancionada por el Congreso. En ese paquete estaba la reversión de Ganancias que reclaman los mandatarios provinciales, que también pretendían discutir en esa instancia la coparticipación del impuesto País que Milei resistía y la baja de retenciones. Ahora todo quedó en stand-by. “Que paguen los sueldos como puedan”, señaló una fuente oficial.
Más allá de los referentes políticos del Gobierno, el titular de la ANSES Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, quedó en una situación comprometida. Su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres votó en contra de los artículo sensibles de la ley. La secretaria de Minería y ex funcionaria massista, la salteña Flavia Royón, que responde al gobernador de su provincia, también quedó expuesta. En la Rosada sostienen que el Presidente pretende diferenciar la gestión de lo político.
