En la previa de la movilización del viernes anunciada por todo el arco de las organizaciones sociales en reclamo por alimentos o fondos para comedores populares, el Gobierno confirmó que descalzara los planes sociales del aumento del salario mínimo vital y móvil, tal como había adelantado Clarín.
“Los planes sociales van a ser descalzados del salario mínimo”, respondió el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada ante la consulta de este diario.
En las próximas horas se conocerá la resolución administrativa que anulará la N° 121/2020 del ministerio de Desarrollo Social que establecía que los beneficiarios del Potenciar Trabajo cobrarían la mitad del salario mínimo, detalle que sirvió para que desde 2021 la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se sumara a la mesa del Consejo del Salario Mínimo.
Desde 2009, con intermitencias, los diferentes gobiernos habían equiparado. Hasta hoy ese monto asciende a $ 78 mil por las 4 horas de contraprestación que deben brindar los 1.200.000 beneficiarios. Si el programa siguiera atado al SMVM, el universo del Potenciar debería cobrar $94 mil en febrero y $101.400 a partir de marzo.
Los movimientos sociales se oponen a la medida. Creen que el ministro de Economía, Luis Caputo, que ya avisó que no sumaría nuevos beneficiarios de planes, congelará también la actualización del programa social, que a partir del 1° de abril será reestructurado y se repartirá entre las diferentes subcarteras de Capital Humano: Educación, Familia y Niñez y sobre todo Trabajo.
“Desenganchar el salario mínimo del Potenciar significa licuar el gasto”, señaló uno de los jefes de las organizaciones sociales más convocantes que este viernes se movilizarán al ministerio de Capital Humano y realizarán cortes de ruta en Provincia y a principios de semana apuntaron contra el ministro de Economía, que negó una interna con su par de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En noviembre de 2022, por recomendación del FMI, la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa se habían trazado el mismo objetivo, pero debieron dar marcha atrás ante la presión de las organizaciones sociales que integraban su propio gobierno.
En rigor, se trataba no solo de un pedido del principal acreedor de la Argentina, para estimular el mercado de trabajo y aliviar cuentas y evitar superposición de programas, sino de la CGT. Los gremios lamentaban que la disposición de equiparar el Potenciar Trabajo al 50% del SMVM desnaturalizaba su negociación, porque el Gobierno estaba más pendiente de evitar el costo fiscal de un aumento desmedido del Potenciar.
Fernández, Massa y la ex ministra Tolosa Paz planeaban trasladar la discusión al Consejo de la Economía Popular, un organismo creado por ley en 2016, con representación de tres carteras (Economía, Desarrollo Social y Trabajo) y las organizaciones, pero que nunca sesionó. Ni Javier Milei ni Sandra Pettovello planean volver a ponerlo en funciones.
El Gobierno ya acelera la reestructuración de la política social. Las auditorías a comederos y de los planes sociales terminarán en las próximas semanas. Como informó Clarín en diciembre, el Gobierno renombrará el programa y repartirá a partir del 1° de abril a los beneficiarios según la contraprestación que brinden. Si eligen estudiar, dependerán de Educación; aquellos que realicen tareas socio-comunitarias (como asistencia en comedores) pasarían a Niñez y Familia; los interesados en emprendimientos productivos, a Trabajo, que absorbería la mayor parte del universo.
En la UTEP ya no hacen distinciones entre la ministra Pettovello y el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, por las demoras en la provisión de alimentos. Luego de llevar el reclamo al ministerio de Economía, el lunes pasado, y tras la movilización de este viernes, las organizaciones planean una peregrinación desde San Cayetano a la Plaza de Mayo para insistir con sus demandas. Dan por descontado que el atraso de formará parte de los nuevos reclamos.
