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29 octubre, 2024

Después del guiño del FMI, Caputo viaja a la asamblea anual del BID

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, viajarán este miércoles por la noche a República Dominicana para participar de la reunión anual de la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el encuentro del directorio y la asamblea anual de CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Los funcionarios participarán en representación de Argentina en calidad de accionista de los organismos, junto a los ministros de finanzas, economía, o presidentes de bancos centrales de los 48 países miembros para debatir sobre los desafíos para el desarrollo y las oportunidades de crecimiento de la región, donde el BID es la principal fuente de financiamiento.

La agenda contempla el aumento del apoyo del banco a la región, en medio de las crecientes demandas sociales, un espacio fiscal restringido para satisfacer esas demandas y la necesidad de aumentar la financiación para la transición a economías verdes. También se evaluará la propuesta de aumento de capital y nuevos fondos para las ramas de la entidad BID Invest y BID Lab.

El BID es presidido por Ilan Goldfajn, un exfuncionario del Fondo Monetario y extitular del Banco Central de Brasil, quien la semana pasada destacó los cambios puestos en marcha por el gobierno de Javier Milei y anticipó que enviará una misión a la Argentina para que el ajuste fiscal sea «sostenible», en particular, el recorte de los subsidios y el gasto social.

En diciembre pasado, Goldfajn se reunió con Milei en Buenos Aires, adonde viajó para participar de la ceremonia de asunción de el Presidente. En ese marco, conversaron sobre los préstamos otorgados y el titular del BID prometió nuevos desembolsos, atados al cumplimiento de las metas acordadas con el FMI -que contemplan un superávit primario del 2% del PBI en 2024- y el avance de los proyectos con el banco.

Durante la gestión de Alberto Fernández, durante la cual el actual ministro de Interior, Guillermo Francos, fue representante argentino ante el BID, el organismo otorgó fondos para realizar obras de infraestructura y reforzar las reservas. Salvo los desembolsos de ejecución rápida, los créditos del BID como los del Banco Mundial están sujetos al avance de proyectos concretos.

Según datos del organismo, los créditos aprobados para la Argentina suman US$ 12.207 millones, incluyendo proyectos de agua y saneamiento, transporte, reforma del estado, vivienda urbana, inversión social, mercado financiero, agricultura y salud. Los datos del Ministerio de Economía reflejan que la deuda bruta de la administración central con el BID alcanza los US$ 16.459 millones.

Desde el equipo de Caputo, no obstante, descartaron la posibilidad de avanzar en nuevos créditos con el organismo en el marco de la cumbre en Punta Cana. «En estas instancias no se aprobarán nuevos financiamientos, sino que se discutirá la agenda política y de gobernanza de ambas instituciones», señalaron fuentes de Economía.

El viaje tendrá lugar después de la reunión que mantuvo la semana pasada Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el G20 en Brasil. Allí, la funcionaria saludó las medidas de ajuste, pero recordó la necesidad de generar «apoyos» a las reformas. Previamente, el Fondo envió una misión al país y el Gobierno mostró su interés por acordar un nuevo programa financiero.

El BID es uno de los organismos que junto con el FMI y el Banco Mundial asiste con financiamiento a la Argentina en la mejora del cumplimiento tributario, la racionalización del sistema impositivo, el recorte de subsidios, la «sostenibilidad» del sistema previsional, la coordinación con las provincias y la eficiencia de las empresas estatales, que el gobierno busca privatizar.

Caputo avanzó sobre varios de esos rubros para lograr el superávit financiero (más ingresos que gastos después del pago de intereses de deuda). En enero, redujo el gasto mediante la licuación de partidas (principalmente, jubilaciones) y frenó pagos, entre ellos unos $ 500.000 millones en subsidios energéticos a Cammesa, lo que pone en riesgo la cadena de pagos con generadoras y transportistas.

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