Los próximos meses estarán signados por un cambio audaz y poco claro en la asignación de subsidios a la energía. El gobierno se aproxima a implementar un esquema que traería aparejado un impacto importante en el ingreso de las familias por un lado y en las cuentas públicas por otro. La decisión es reducir los subsidios al mínimo posible y no hay forma de hacerlo sin pagar considerablemente más por la energía que consumimos.
Esta iniciativa se aborda sin plan de estabilización macroeconómico y en un marco donde la política energética en general se encuentra aún a la deriva y la política tarifaria en particular se encuentra en un proceso de adaptación a los nuevos esquemas que están siendo diseñados. La incertidumbre, a un mes de su eventual aplicación, es elevada.
Existen hoy dos escollos principales, uno de ellos auto construido, que el Gobierno deberá resolver en los próximos meses si quiere tener una chance de éxito en la política energética. Por un lado, el atraso tarifario fenomenal en 2 de cada 3 hogares del país que consumen más del 30% de la energía y que siguen ocupando una porción importante de las cuentas públicas. Y, por otro lado, aún más desafiante, la implementación de un nuevo sistema de subsidios que es inexplicablemente complejo y que puede sepultar los esfuerzos de recomposición de las tarifas.
El nuevo esquema de subsidios
El gobierno anunció un cambio en los esquemas para asignar subsidios a la energía. En lugar de dirigirse masivamente a la oferta estarán focalizados en la demanda, es decir, en los usuarios. Este enfoque es correcto, aunque puede traer problemas.
Los principales parámetros para asignarlos son mayormente conocidos. Para identificar a los usuarios que necesiten la ayuda se tomarán los ingresos y patrimonio de unos 15 millones de hogares, pero también se incluyen dos criterios innovadores con la utilización de la Canasta Básica Energética (CBE), que es un requerimiento mínimo de electricidad y gas en los hogares, y una desagregación por zona bioambiental.
El esquema de subsidios propuesto por el gobierno es excesivamente complejo y aún no se ha explicado con claridad, incluso con audiencia pública mediante. En la práctica, existirá un subsidio diferente por cada hogar del país y, casi con seguridad, la población tendrá poco conocimiento acerca de cuánto paga y cuánto de ayuda recibe para afrontar sus facturas de electricidad y de gas.
Se trata de un sistema innovador que podría tener ciertas falencias en su implementación efectiva y que no tiene antecedentes significativos en el mundo. Argentina tiene casi la mitad de sus hogares bajo la línea de pobreza, atraviesa una marcada recesión y no tiene plan de estabilización integral. En este contexto se presentan los nuevos esquemas de subsidios.
Entre los detalles se encuentra la utilización del “criterio del 10%” como peso máximo del gasto energético sobre el salario para asignar subsidios y la posibilidad de incorporar un sistema de transferencias directo al usuario.
El primer punto se basa en tomar como hogares “energéticamente pobres” a aquellos que destinan más del 10% de sus ingresos en bienes y servicios energéticos. Esta es una definición global y, por cierto, con extensas críticas.
El segundo punto es la posibilidad de que el usuario reciba una transferencia en su cuenta bancaria en concepto de subsidio a la energía que reemplazaría el descuento en la factura y configura un serio riesgo para la prestación del servicio en caso de que esos fondos sean de libre disponibilidad. Ese riesgo obedece a la elevada probabilidad de impagos.
Por otra parte, en un país con elevada inflación, los valores de las facturas son anecdóticos. Sin embargo, no lo es el peso que tienen en los ingresos. En este sentido, el peso de los gastos energéticos en el salario promedio fue de alrededor del 4,5% en los años de la convertibilidad, momento en que no había subsidio alguno.
Por esto, el hecho de poner un umbral en el 10% de los ingresos para calcular el subsidio, revela un trasfondo socio económico no menor y es que en la Argentina de Vaca Muerta, con salarios reales en caída en los últimos cuatro años, los costos reales de la energía a nivel hogares son cada vez más difíciles de afrontar para sus habitantes.
Los incrementos tarifarios
En el mes de febrero, para 2 de cada 3 hogares más del 92% del costo de la energía residencial fueron cubiertos con aportes del Estado.
Por otra parte, el gobierno decidió que a partir del 1° de febrero las industrias y comercios pequeños dejen de recibir subsidios en sus facturas de energía eléctrica y comiencen a pagar el costo pleno del servicio.
Esto implica un aumento del 178% y 276% en el precio de la energía a esos usuarios que tendrá su correlato con creces en las facturas finales al agregarle los incrementos en el cargo por transporte y distribución si los hubiese.
En el caso de los usuarios residenciales, la suerte quedará definida cuando se explique qué subsidio le corresponderá a cada hogar. El escenario de máxima para los hogares medios es un aumento de once veces en el precio que pagan por la energía, más de 1.000%, para cubrir los costos sin recibir subsidios.
Adicionalmente, el proceso de actualización en las facturas de gas está suspendido hasta abril.
Para lo que viene, la atención deberá estar centrada en el nivel y no en la variación de las facturas eléctricas y del gas. Porque si bien estos servicios tienen una incidencia del 3,5% en el índice de precios, su impacto en la inflación es moderado, pero no así los efectos distributivos.
La experiencia indica que los incrementos de los precios energéticos tienen un impacto mayor en los deciles más bajos de ingreso. Es decir, les afecta más a los que menos tienen. Por esto, incluso con aumentos tolerables, las adecuaciones tarifarias tendrán un impacto distributivo desigual si es que no se atiende esta cuestión de forma simple, transparente y efectiva.
