Después de que se diera a conocer su caso, que tuvo repercusión en todo el país, habló la mujer que demandó por $ 100 millones a AstraZeneca y al Estado argentino por los efectos adversos que sufrió tras darse una dosis de la vacuna contra el Covid de ese laboratorio: «Tengo dolores nuevos todos los días».
«Estoy caminando poco, con andador, todos los días tengo alguna dolencia nueva, tengo afectadas las terminaciones nerviosas de las piernas, me había afectado también los brazos, pero logré recuperarlas. Pero las piernas no del todo. Y de esto ya hace más de dos años. El médico me dijo que la recuperación se da dentro de lo que es el primer año, no me da muchas más expectativas de recuperación que las que he tenido«, dijo Flavia Ochoa, la mujer de 39 años que impulsó la demanda, en diálogo con El Doce TV.
La damnificada, que denunció haber quedado incapacitada en un 75% laboralmente, contó cómo fue el proceso desde el momento de la inoculación, de la tercera dosis que se dio un día de enero de 2022, y todo lo que sintió ese primer día: «Me vacuné a las 11.30 de la mañana y a las 19 empecé con unos calambres rarísimos pero muy dolorosos. Después no podía mover las piernas, al otro día no podía levantarme de la cama, me caí, después no pude mover los brazos tampoco«.
Relató también que en su primera consulta le dijeron que tenía una «alergia a la vacuna», pero cuando le hicieron «miles de estudios» le terminaron diagnosticando el síndrome de Guillain-Barré.
«Es una enfermedad autoinmune generada por algo externo que en mi caso fue la vacuna. No hay dudas de que lo fue porque tengo certificados de los médicos de que lo fue, daña las terminaciones nerviosas», explicó.
En la denuncia, la mujer afirmó que su médica le dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna. Ante ello, le suministraron decadrón y diclofenac para mitigar el fuerte dolor. Se le adormecieron las piernas y la derivaron a una clínica privada. Después de realizarle estudios, le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Le advirtieron que estaría aproximadamente dos meses en silla de ruedas con rehabilitación.
También indicó que un neurólogo coincidió en el diagnóstico posvacunación. Le afirmó que padece cuadriparesia flácida, que requiere dispositivos de asistencia para la marcha, con discapacidad del 90% para su movilidad. Otro neurólogo advirtió el compromiso desmielinizante en los miembros inferiores.
Un año después de la inoculación, una comisión médica de Río Cuarto, en virtud del retiro por invalidez que solicitó la demandante, dictaminó que posee una incapacidad laboral del 75,6%.
«Mi vida es todos los días un desafío, hay días que me levanto mejor y otros que me levanto, mando el nene al colegio y me vuelvo a acostar porque me duele todo. No porque no quiera, sino porque no puedo. Dependo todo el tiempo de los demás, no puedo trabajar, tengo dolores nuevos todos los días, desde el de las rodillas que es permanente y se suman dolores de cabeza, en los dedos, las caderas, los huesos, todo me duele», reveló.
Sobre las razones por las que acudió a la Justicia, Ochoa aseguró que lo hizo porque no puede trabajar más: «Soy de escasos recursos. Vivía de mi trabajo y no puedo hacerlo más, dependo todo el tiempo de los demás. Mi pareja no tiene un trabajo estable tampoco, es artesano y en este momento tampoco puede trabajar con la artesanía. Así que está trabajando por changas, tengo un nene chiquito también. Yo vivía de mi trabajo».
La afectada decidió acudir al Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, y demandó por presuntos daños y perjuicios a AstraZeneca y al Estado Nacional (ANMAT). La mujer reclama poco más de $ 100 millones de pesos en total: $ 7,4 millones por incapacidad sobreviviente, $25,3 millones por el fondo de reparación Ley 27.573, otros $9,3 millones por el proyecto de vida-pérdida de chance, $7,5 millones por daño moral, $1,5 millones por el daño moral de la pareja, $49,5 millones por daño punitivo y $180 mil por daño emergente.
Su abogado, el doctor Pablo Sebastián Roca, dijo en diálogo con Radio Continental que avanzaron con la denuncia luego de recibir una respuesta muy escueta y sin fundamento cuando cargaron los efectos adversos en la página en la que el gobierno nacional había pedido hacerlo.
Y que además, debieron plantear la inconstitucionalidad de dos cláusulas de la Ley de Vacunas que indican la confidencialidad y que no se puede demandar a los laboratorios.
Por su parte, aseguró que el caso de Flavia no es el único: «Hay otros reclamos que son casos graves y por decisión de familiares estoy impedido de revelar la causa. Casos de fallecimientos. En la misma zona, en la ciudad de Córdoba. Los daños que se han provocado son difíciles de cuantificar. Las consultas que recibí son incontables. Pero que después se efectivicen es difícil».
Ochoa, a su vez, dijo que tanto desde el laboratorio como desde el gobierno cordobés nunca se contactaron con ella.
Por último, respondió cuando le preguntaron si su caso no desalentaría a las personas que se quieren vacunar: «No me interesaría. Hubiera sido preferible que me agarre coronavirus a vacunarme, fue peor el remedio que la enfermedad. Mi idea no es desalentar a que se vacunen, que tampoco me afecta, pero mi idea es reclamar el daño que me hicieron a mí».
La denuncia llega en un momento turbulento para la firma sueca, luego de reconocer que la dosis generada para combatir al Covid causó problemas secundarios, como la trombosis, en el período posterior a aplicarse en personas. Frente a esto, la Comisión Europea anunció la anulación de la autorización para utilizarla en sus países. Astrazeneca, en tanto, comenzó a retirar su vacuna a nivel mundial.
En Argentina se aplicaron 22 millones de dosis y fue producida en sociedad con la farmacéutica mAbxience, del empresario argentino Hugo Sigman, y la Universidad de Oxford.
D.D.
