El fiscal federal de San Martín Paul Starc apeló este martes ante la Cámara Federal de San Martin la decisión de la jueza Alicia Vence de rechazar su pedido de detención del intendente K de esa ciudad, Fernando Moreria y otros imputados en otra causa con la modalidad “Chocolate”, es decir el cobro de sueldos de empleados fantasma.
“La medida de coerción resulta necesaria y su no otorgamiento causa perjuicio” a la investigación, dice el fiscal Starc quien solicitó la detención de Moreira, José María Fernández, Héctor Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor. El fiscal presume que los imputados podrían destruir prueba u obstaculizar la investigación en marcha.
Para el fiscal existió el delito de administración pública y falsedad ideológica y responsabilizó a Moreira como intendente; a Fernández, jefe de gabinete; a Rey, director de administrador de personal, por haber firmado el decreto que nombró al personal irregular investigado.
El «Chocolate» local recibió tarjetas de débito de dos personas que fueron utilizadas. Altamira en tanto era coordinador general de jefatura de gabinete. Pastor era jefa de división en el área administrativa. Los útimos dos certificaron los documentos cuestionados.
El pasado sábado, la Policía Federal Argentina realizó allanamientos en la Municipalidad de San Martín por un episodio que ocurrió hace unos meses de un hecho similar al caso de Julio «Chocolate» Rigau.
La medida se desplegó sobre las áreas de Tesorería y Recursos Humanos.
La Justicia detectó que un empleado del Consejo Deliberante de San Martín cobraba con varias tarjetas de débito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.
Fernando Moreira, que responde políticamente a Unión por la Patria, es la mano derecha del ex ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis de la gestión de Alberto Fernández.
La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido en forma abrupta.
El motivo es porque cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por parte de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social.
La jueza Vence ya impuso la prohibición de salida del país para cinco personas entre ellas al intendente Moreira.
Semana atrás, también, fue allanada la oficina del presidente del Concejo Deliberante en el marco de la misma causa aunque falleció tiempo atrás.
