“No nos preocupa la competencia, nos preocupa la diferencia, queremos condiciones iguales”. Así sintetiza el presidente de la Cámara de productores porcinos de Buenos Aires, José Dodds, la bronca de ese sector por la decisión del Gobierno nacional de permitir la importación de carne de cerdo con tratamiento diferencial.
Según afirman desde el sector, las medidas anunciadas por el Gobierno, que reducirán los plazos de pago de las importaciones de alimentos al mismo tiempo que eliminarán el pago de percepciones de ganancias e IVA a las importaciones, se decidieron tras una reunión del Ministro de Economía Luis Caputo con el sector supermercadista, sin consultar el tema con la secretaría de Agricultura. “Son medidas sumamente discriminatorias con la industria nacional, que deberá competir en desigualdad de condiciones ya que se verá obligada a asumir costos de importación para la producción, de los cuales los importadores de productos terminados se encontrarán eximidos”, indicaron en un comunicado conjunto la Federación Porcina Argentina y la Cámara de productores de chacinados.
Según explicó Dodds en diálogo con Clarín, todo el conflicto puede ser ilustrado con la bondiola brasilera. “Allá ese corte no se consume entonces te lo tiran acá a un precio ridículo, de dumping, y además el Gobierno permite que no pague impuestos, cuando los productores locales tienen que importar núcleos proteicos y otros insumos para la producción pagando todos los impuestos”, comenta, y agrega un condimento esencial de la polémica. Esas bondiolas importadas de Brasil con tratamiento preferencial se producen utilizando ractopamina, un aditivo alimenticio que promueve el crecimiento de cerdos y cuyo uso no está reglamentado en Argentina. “Es un fármaco que mejora 15 por ciento la producción. Acá está aprobado pero no se puede usar porque el Senasa nunca hizo el seguimiento necesario. Y la carne que se importa sí tiene ractopamina”, dice Dodds. Luego, sin ocultar el enojo, sugiere que en muchos casos esa carne que se importa no respeta la cadena de frío, y advierte que mientras tanto la rentabilidad de los productores argentinos está seriamente comprometida: “Hoy el que tiene un galpón con 200 madres y no logra un índice de conversión mejor que tres kilos de alimento por kilo de carne producido, pierde plata”.
Poniendo el foco en la ecuación local, el representante del sector porcino asegura que los precios de la carne de cerdo vienen siguiendo muy desde atrás a la inflación, y advierte que hay que posar la lupa sobre algunos eslabones de la cadena comercial que aprovechan la situación para obtener márgenes mayores remarcando los precios. “Desde principios de año el precio del cerdo en pie ha caído más del 35 por ciento, pasando de 1.155 pesos a 744, presionando así a la baja los precios de los productos porcinos que compran los consumidores argentinos. Quizás esa tendencia no se ve reflejada en algunas grandes cadenas ya que las promociones terminan ocultando los precios efectivos”, dice.
Desde diciembre a hoy, según comunicaron desde el sector porcino, los precios del chorizo fresco, del jamón cocido, la paleta -fiambre- y el salame, relevados por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, aumentaron 29, 32, 34 y 33 por ciento respectivamente, menos de la mitad de la inflación acumulada medida por el IPC Nacional para ese mismo período.
“Nosotros no queremos ventaja, pero tampoco competencia desleal. Por eso le pedimos al Gobierno que revea su decisión para evitar así un daño innecesario a nuestros productores e industrias”, sintetizó Dodds.
