Mercado Libre cierra oficinas en Córdoba y vuelve a chocar con los impuestos provinciales
La empresa de Marcos Galperín mudará a sus empleados al trabajo remoto y acusa al municipio de cobrarle tasas “desproporcionadas”.
Mercado Libre anunció este lunes que cerrará sus oficinas en la Ciudad de Córdoba y que, a partir de agosto, sus 1.260 empleados pasarán a trabajar de manera remota. El argumento oficial es sencillo: las tasas municipales son -según afirman- “desmedidas” y “desincentivan la inversión” en la capital provincial.
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Sin embargo, detrás de ese comunicado prolijo y marketinero, se esconde una maniobra ya conocida. Lo que la empresa de Marcos Galperín presenta como una “decisión estratégica” tiene, en realidad, forma de presión política. Lo que no dicen –o prefieren maquillar– es que esta medida se inscribe en una estrategia sistemática de tensar con los fiscos provinciales para condicionar la aplicación de tributos y controles que, en definitiva, buscan equilibrar el aporte fiscal de quienes obtienen millonarias ganancias operando en esos territorios.
No es casual que la decisión llegue a los pocos días del enfrentamiento abierto con el gobierno de Santa Fe, donde Mercado Libre fue cuestionado por la proliferación de dispositivos de Mercado Pago en allanamientos por narcotráfico. Allí, el ministro de Economía, Pablo Olivares, acusó a la firma de Galperín de “buscar falsas excusas” para esquivar obligaciones fiscales y hacer discriminación de precios.
En Córdoba, la firma asegura que paga 770 millones de pesos mensuales en tasas municipales y que, ante la falta de diálogo con las autoridades locales, decidió levantar su base en la capital. Lo cierto es que la carga tributaria sobre estas empresas fintech busca equilibrar el aporte de quienes obtienen ganancias millonarias en territorios que luego deben sostener con fondos públicos seguridad, servicios y obra pública.
Mientras las provincias ajustan alícuotas de Ingresos Brutos –que superan el 6% en Córdoba y llegan al 9% en Santa Fe–, Mercado Libre reclama “competencia fiscal” y actúa de hecho, retirando operaciones físicas. Aún así, promete sostener su actividad logística y mantener los empleos, aunque desde la virtualidad.
Detrás de este cierre de oficinas hay algo más que una disputa impositiva. Está la vieja estrategia de las grandes tecnológicas: minimizar controles, condicionar normativas locales y evitar pagar los impuestos que les corresponden. Una pelea que se reedita cada vez que las administraciones provinciales intentan regular o fiscalizar un negocio que, puertas adentro, factura miles de millones.
