Con apoyo de los Estados Unidos, el Gobierno argentino reclamó al régimen de Nicolás Maduro ante la Organización de Aviación Civil Internacional que levante la prohibición de sobrevuelos de Aerolíneas Argentinas y de otros aviones con matrícula nacional sobre el espacio aéreo venezolano.
El reclamo lo hizo un representante de la Cancillería argentina en Canadá, adonde tiene sede la OACI, el organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de la navegación aérea internacional y de fomentar la organización y el desarrollo del transporte aéreo internacional.
A lo largo de este mes y medio, el vicecanciller Leopoldo Sahores, elaboró dos notas desde la Cancillería a Caracas y citó a la embajadora de Maduro, Stella Lugo, para reclamar por la política de cielos abiertos.
Al intervenir, la delegación de Estados Unidos ante la OACI en apoyo de argentina, subrayó que las medidas impuestas por Venezuela a la aviación argentina eran injustas, y pidió levantarlas. Recordó que existen acuerdos de tránsito de servicios aéreos.
Por su parte, la delegación de Venezuela no explicó este miércoles, por qué impuso restricciones. Y en su momento la respuesta del canciller venezolano, Yvan Gil fue durísima: «El gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero ‘cara de tabla’: el señor Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra Emtrasur», dijo el funcionario chavista en una réplica a la queja del vocero presidencial por las restricciones aéreas sobre el territorio venezolano.
Tal como anticipó Clarín, el chavismo prohibió los sobrevuelos de los aviones con matrícula argentina por el espacio aéreo venezolano en represalia por el decomiso del avión de Emtrasur Cargo a Venezuela y su envío a los Estados Unidos. Ese avión estaba bajo un embargo y sujeto a sanciones en la justicia estadounidense.
La ruta afectada es la de Buenos Aires-Nueva York y Buenos Aires-Punta Cana. Los aviones de Aerolíneas Argentinas deben desviarse sobre todo hacia el espacio aéreo de Guyana, que está en conflicto con Venezuela.
El Boeing 747-300M llegó al país en junio de 2022, con tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes, que estuvo bajo investigación por presuntos vínculos con el terrorismo internacional, con las fuerzas de Al Quds y con Hezbollah. Los tripulantes se pudieron ir sin que hubiera prueba contra ellos.
Pero la aeronave fue entregada a Estados Unidos el pasado 11 de febrero, y a lo largo de este año y medio, el régimen de Maduro profirió todo tipo de insultos para con el gobierno de Alberto Fernández y el de Javier Milei.
Acusó a la Argentina y Estados Unidos de un complot en lo que llamó el «secuestro del avión». El Boeing 747-300M, que es de origen estadounidense, fue comprado por la venezolana Emtrasur la empresa iraní Mahan Air. Ambas empresas tienen para la justicia de Estados Unidos vínculos con el terrorismo.
Críticas al chavismo en la ONU
A lo largo de esta semana, el embajador argentino ante las Naciones Unidas en Ginebra, el ex vicecanciller Carlos Foradori, se encargó de hacerle un fuerte reclamo a Venezuela en materia de derechos humanos. Fue un giro importante por parte de la Cancillería de Javier Milei, que endureció su postura respecto al gobierno de Alberto Fernández.
Foradori participó durante toda la semana de las distintas sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las que fustigó al régimen chavista por la ola represiva contra la disidencia.
Este miércoles abogó por la detenida Rocío San Miguel, que «fue objeto de una detención arbitraria» y por la opositora y favorita a las presidenciales venezolanas, Corina Machado, que «fue objeto de una detención política, a través de una injusta inhabilitación arbitraria».
Dijo Foradori este miércoles en las sesiones: «Esgrimir el principio de no injerencia para amparar violaciones de los derechos humanos no lo vamos a consentir. Por eso propiciamos el Principio de No Indiferencia entre los Estados. No somos indiferentes ante un Estado que no dejó ningún casillero vacío en el catálogo completo de la violación de los derechos humanos más elementales».
