Una semana después del reemplazo de Nicolás Posse por Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete, el Gobierno decidió «pisar el acelerador» para avanzar en el ajuste de las empresas públicas y en las últimas horas empezó a sonar el nombre del actual interventor de medios públicos, Diego Chaher, para ocupar el lugar del secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, un hombre del riñón de Posse.
Chaher es un abogado mendocino que fue gerente corporativo del Grupo América durante casi 20 años, donde manejó los asuntos legales del Grupo Supercanal-Airlink, bajo la gestión de los empresarios José Luis Manzano, Claudio Belocopitt y Daniel Vila, quien a su vez se vinculó a Sergio Massa, . Hasta que en febrero pasado pegó el salto y fue designado para intervenir una decena de medios públicos.
Desde su desembarco en la gestión de Javier Milei, el letrado se ganó su reputación como el «alumno 10» por el cierre de Télam, cuya sede de Defensa 372 permanece vallada. Después de prohibirle a los empleados que vayan a trabajar, el interventor cerró los retiros voluntarios el 10 de mayo pasado, dio de baja corresponsalías en el interior y pidió de manera «urgente» el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis para acelerar cientos de despidos.
Con ese antecedente, fue el propio Botto quien puso sobre la mesa la postulación del mendocino durante una reunión que mantuvo en las últimas horas con otros funcionarios, a quienes les dio a entender que el letrado sería su reemplazante, aunque su ascenso todavía no está cerrado. «Formalmente, Botto no presentó la renuncia todavía y lo de Diego surgió en una reunión, en estos días habrá definiciones«, señalaron fuentes oficiales.
Esas definiciones tienen que ver con la reorganización de la jefatura de Gabinete heredada de Posse. Francos decidió no desarmarla y atender primero las urgencias como el dictamen en el Senado de la Ley Bases, las reuniones con gobernadores para el traspaso de la obra pública y la desactivación del paro ferroviario en reclamo de un aumento salarial. El próximo paso son las reuniones de Gabinete y una charla pendiente entre Federico Sturzenegger y Javier Milei.
Así todo, en algunos sectores del gobierno ven cada vez menos probable el avance sobre las empresas públicas del ideólogo del DNU desregulador y la Ley Bases. Esa posibilidad trascendió la semana pasada tras la salida abrupta de Posse y la decisión del Presidente de postularlo como «próximo ministro». Se especulaba con que Sturzenegger pasaría a encargarse en forma oficial de la desregulación de la economía, incluyendo el área de Botto.
Pero las internas por las Secretarías del Gabinete siguen abiertas y el desembarco de Chaher no sería en soledad, ya que tendría llegada al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y al principal asesor de Milei después de su hermana Karina, Santiago Caputo. «Chaher sería gratificado por hacer su tarea en tiempo récord, se suma para manejar empresas públicas y Caputo estaría manejando esos hilos», señaló un funcionario al tanto de las conversaciones.
El vínculo con Caputo vendría por la gravitación que tendría este último sobre los medios públicos y su interés por avanzar en las privatizaciones de empresas públicas. En el dictamen del Senado, aparecen Aerolíneas Argentina, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, mientras que AYSA, Correo Argentino, Belgrano Carga, Trenes Argentinos y Corredores Viales quedaron bajo la figura de “privatización/concesión”.
Casi en paralelo, Chaher suspendió en las últimas semanas la difusión de contenidos de las redes sociales y las páginas web de los medios públicos. Además de Télam, controla Educ.Ar, Radio y Televisión SE (contiene la TV Pública, Radio Nacional y las FM estatales) y Contenidos Públicos (las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal), junto con el Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos (BACUA).
En caso de reemplazar a Botto, el rol del exhombre de Vila será el de endurecer el «saneamiento» de las empresas estatales, en donde la plantilla se redujo a 106.349 empleados en abril, después del recorte de 3.430 puestos desde enero. El objetivo es reducir el déficit operativo de $ 1,6 billones que arrojaron 33 empresas públicas (sin contar a las financieras) en 2023, pero el Gobierno estaría encontrando un límite con los retiros voluntarios.
NE
