Un grupo de vecinos de Villa Allende, con el respaldo de concejales de la oposición, presentaron el pasado 10 de junio una acción de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa N° 1 de Córdoba contra la ordenanza municipal que autoriza el cierre vehicular de calles mediante portones en diversos barrios por seguridad.
La medida cautelar solicita la suspensión inmediata de la aplicación de la ordenanza hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Los denunciantes argumentan que la normativa vulnera derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad, además de implementar un mecanismo de participación ciudadana restrictivo.
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El concejal Julio Loza, del bloque Elegí Villa Allende, calificó la ordenanza como un “mamarracho jurídico” e inconstitucional. “Limita la movilidad de las personas, pretendiendo decirnos que con esto va a ser una herramienta para combatir la inseguridad, lo cual no tiene ningún fundamento”, declaró Loza en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba.
El edil opositor cuestionó especialmente el mecanismo de “participación ciudadana” establecido en la normativa: “Esto es una trampa que tiene la ordenanza, porque limita el universo de las personas que se pueden oponer a esta ordenanza exclusivamente a quienes figuen como contribuyentes de la tasa municipal”.
La ordenanza establece un “Registro de Oposición” donde solo pueden manifestarse los vecinos incluidos en el padrón de contribuyentes de la Tasa de Servicios a la Propiedad. Si más del 40% de estos contribuyentes se opone, el programa no se ejecuta en esa zona específica.
Contradicciones en datos estadísticos
Los demandantes aportaron como prueba el “Informe Estadístico Villa Allende – Evolución 2019-2024” del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, fechado en febrero de 2025, que contradice la justificación oficial de la ordenanza. Mientras la normativa municipal invoca un incremento “sustancial” de delitos, el informe oficial revela una disminución de las denuncias y casos penales.
Según el documento del MPF, las denuncias web bajaron de 2.769 en 2023 a 2.443 en 2024, mientras que los casos ingresados totales se redujeron de 6.094 a 5.464 en el mismo período. “Esos son los datos oficiales que describen la realidad delictiva en Villa Allende, que indudablemente contradicen las laxas, imprecisas e inconsistentes expresiones de los ‘considerandos’ de las Ordenanzas N° 13/25 y 14/25”, detalla el amparo.
Alcance del programa municipal
La ordenanza 14/25, aprobada el 15 de mayo con seis votos a favor del oficialismo y cuatro en contra de la oposición, autoriza el cierre de 35 accesos vehiculares distribuidos en tres zonas de la ciudad durante el horario nocturno de 22 a 6 horas.
El programa abarca los barrios Loma Sur, Pan de Azúcar, La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque. La medida se complementa con la instalación de 250 cámaras lectoras de patentes, 57 domos policiales y la incorporación de cinco móviles de Seguridad Ciudadana.
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El intendente Pablo Cornet defendió la iniciativa argumentando que “se contabilizan entre siete y 10 hechos diarios, incluyendo los merodeos” y estimó el costo del programa entre 2 y 3 millones de pesos por única vez.
Argumentos legales del amparo
Los letrados sostienen que la ordenanza viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a circular libremente por el territorio, así como tratados internacionales de derechos humanos. También alegan discriminación al excluir del proceso de consulta a inquilinos, comodatarios y otros habitantes que no figuran como propietarios.
“Fíjense la contradicción que este intendente fue elegido por ciudadanos que tienen domicilio en esos barrios donde se van a poner los portones y que pudieron votar libremente porque tenían el domicilio en vida. Personas que desempeñan una actividad laboral, social en ese barrio no van a poder votar”, expresó Loza.
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La concejala Marta Banegas, también firmante del amparo, había anticipado durante el tratamiento de la ordenanza que la oposición consideraba presentar una acción judicial por considerar que la medida “es segregatoria, divide a los vecinos y es un antecedente negativo para la sociedad”.
Estado procesal
“La Cámara Primera Contenciosa Administrativa ya lo analiza y fundamentalmente hoy analiza la medida cautelar que busca suspender la aplicación de la ordenanza hasta que se resuelva el fondo”, explicó Loza.
El amparo se desvincula de un proyecto de ley provincial similar presentado por legislador Rodrigo Agrelo, que aún no obtuvo tratamiento legislativo. La acción judicial se concentra exclusivamente en la normativa municipal vigente.
Los vecinos autoconvocados habían manifestado su oposición al proyecto mediante movilizaciones y la recolección de 2.900 firmas antes de su aprobación en el Concejo Deliberante.
Foto en texto: la segunda imagen corresponde a una iniciativa similar que fracasó en Guaymallén, Mendoza.
