La relación entre los gobernadores y el Gobierno nacional se tensó más que nunca en las últimas semanas. El punto de inflexión fue el 29 de enero, cuando en el CFI lo que se presumía un acuerdo en torno a la coparticipación futura del Impuesto País terminó siendo un cruce durísimo de parte de la Rosada hacia las provincias, que en buena parte terminó condicionando la luego frustrada Ley Ómnibus.
Las últimas dos semanas se sucedieron un sinfín de chicanas y enfrentamientos entre las provincias y el Ejecutivo, con el último episodio de tensión entre el gobernador de Córdoba Martín Llaryora y el presidente Javier Milei. Pero, en paralelo, con la decisión de varias jurisdicciones de ir a la Justicia por una serie de determinaciones oficiales que condicionan las arcas provinciales.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador al Transporte Público son los ejes de la discusión más actual, con dos provincias presentando reclamos en la Justicia por la decisión del Gobierno de no transferir más dinero a los distritos. Los casos de Chubut, por Transporte, y Río Negro, por el Fonid, se perfilan para ser los primeros en un contexto de judicialización creciente de parte de las provincias por diferentes temas. La provincia de Buenos Aires, además, ya adelantó que reclamará por los fondos educativos a través de la vía administrativa.
Ya desde el final del mandato de Alberto Fernández, existen reclamos por la quita de Ganancias y por los cambios en el IVA. Fueron Mendoza y Corrientes, ambas administradas por Juntos por el Cambio, las que definieron en noviembre pasado presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe resolverla.
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Tampoco convocará a reunión a los gobernadores, adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El Gobierno parece no estar dispuesto a dialogar con las provincias por ninguna de esas cuestiones y, por el contrario, las responsabiliza por la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso, teniendo en cuenta que le habían dado una serie de concesiones en lo fiscal una semana antes, principalmente en lo relativo a la suba de retenciones al campo. Milei fue durísimo con los gobernadores, igualándolos con los legisladores y tildándolos de corruptos.
Hay otro frente histórico sin resolver de parte del Ejecutivo que altera los ánimos de las provincias de Juntos por el Cambio, especialmente. Si bien hubo una reunión la primera semana de enero, con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y Luis Caputo como interlocutores principales, no hay señales de que se vaya a pagar la millonaria deuda que el kirchnerismo contrajo con la ciudad de Buenos Aires al quitarle fondos de coparticipación que la Corte Suprema ordenó devolverle. A la fecha, se trata de $ 350.000 millones que se deberían transferir a las arcas porteñas.
El cordobés Martín Llaryora, enfrentado con el Presidente. Foto: Federico López Claro.
La ruta a la Corte, inevitable
«Cuando vos como Nación incumplís con el pago de un programa que está por ley, o afectás recursos que son coparticipables como IVA y Ganancias, automáticamente las provincias están obligadas a judicializar», es el comentario que surgió desde una provincia en los últimos días en relación a cómo actuar frente a los conflictos que se abren con el Gobierno.
En esa línea, diferentes fuentes consultadas aseguran que si el Gobierno no se abre a una negociación sobre los puntos más sensibles en cuestión, las provincias irán masivamente a la Justicia, como ya empezó a suceder, y las causas, tarde o temprano, van a terminar en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano, donde funciona la Corte Suprema.
Teniendo en cuenta que formalmente el año de la Corte arranca en marzo, más allá de que la feria judicial concluyó en enero, en las provincias ven difícil que el máximo tribunal se exprese sobre cualquier punto que pueda verse como una alteración a la gobernabilidad de un presidente que asumió hace poco más de dos meses. Hasta abril, al menos, parece difícil pensar en una decisión potente de la Justicia, por caso, en la demanda que llegó a la órbita cortesana, que es la que presentaron Mendoza y Corrientes.
«El Gobierno no va a tener otro camino que sentarse a negociar con los gobernadores porque en algún momento la Corte va a fallar y seguro sea a favor del damnificado», es el comentario que surge de voceros provinciales, a la espera de un encuentro con Javier Milei que cada vez parece más difícil concretar.
