A través del Decreto 564/2025, el Ejecutivo Nacional autorizó la venta de cuatro centrales en manos del Estado, que será a través de un concurso
08/08/2025 – 11:34hs
El Gobierno Nacional oficializó, mediante el Decreto 564/2025 publicado en el Boletín Oficial, el inicio del proceso de privatización de cuatro empresas estatales dedicadas a la generación de energía hidroeléctrica. Las entidades involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas gestionadas por ENARSA (Energía Argentina S.A.).
En el decreto se establece que el proceso de venta se realizará a través de un concurso de carácter nacional e internacional, ajustado a principios “competitivos y expeditivos”, que deberá llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de 60 días.
Las concesionarias actualmente a cargo son:
- Orazul Energy Cerros Colorados S.A.
- Enel Generación El Chocón
- AES Argentina Generación
- Central Puerto
Estas empresas podrán continuar con la operación de los respectivos complejos si presentan una Carta de Adhesión al proceso en los próximos cinco días; de hacerlo, seguirán operando hasta fin de 2025 o hasta la realización del concurso. Si no lo hacen, deberán garantizar el suministro eléctrico por al menos 90 días.
Condiciones para adherir
Quienes decidan sumarse al proceso deberán cumplir diversos requisitos estipulados en el decreto:
- Mantener el cumplimiento de los contratos de concesión.
- Constituir una garantía de cumplimiento por un valor no inferior a 4,5 millones de dólares.
- Aceptar modificaciones al esquema remunerativo.
- Pagar regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén.
- Presentar inventarios técnicos detallados.
- Permitir visitas de posibles interesados a los perímetros de concesión.
- Postergar la entrega de ciertos bienes hasta la transacción definitiva.
La decisión se da en un momento en que el Gobierno busca reducir la intervención estatal en el sector energético, en línea con políticas de desregulación y apertura a capitales privados. La venta de estas centrales podría atraer inversión extranjera, aliviar la carga financiera del Estado y generar recursos inmediatos para redirigir a otras áreas de la economía.
No obstante, existe preocupación entre sindicatos y gobiernos provinciales por el impacto en los controles y en los ingresos regionales. Las concesionarias actuales ya disponen de infraestructura operativa, por lo que su permanencia temporal podría asegurar continuidad. Sin embargo, el proceso de transición debe gestionarse con cautela para evitar interrupciones en el servicio y garantizar transparencia en el concurso público.
En caso de avanzar, esta privatización podría transformar el mapa energético nacional, introduciendo nuevos actores con responsabilidad sobre un segmento clave de generación —que hoy representa una porción relevante de la matriz eléctrica de la Patagonia y gran parte del Norte patagónico—.
