El gobierno de Javier Milei tiene en sus manos una decisión determinante sobre una demanda civil por 22.300 millones de pesos contra Cristina Kirchner, formulada durante el gobierno de Mauricio Macri como un pedido de resarcimiento por los daños causados con las contratos de Vialidad Nacional con Lázaro Báez, amañados y nunca cumplidos. El Estado reclama que la exvice y los demás condenados por la justicia paguen ese monto con su propio patrimonio.
El Poder Ejecutivo debe resolver si va a instruir a los abogados del Estado para impulsar el reclamo, si designará a otros abogados en el caso o si desistirá de la exigencia económica.
Después de conocerse la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) contra la ex vicepresidenta, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, entre otros responsables de la maniobra defraudatoria, la Corte Suprema reactivó la demanda civil que en 2019, había iniciado la administración de Mauricio Macri contra los acusados.
Lo que sostuvo en diciembre de 2022 el máximo tribunal, es que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal 11, a cargo de Alejandro Nobili es el que debe intervenir en la acción civil que inició Vialidad Nacional contra Cristina Kirchner.
Se trata de una demanda civil que incluye de forma solidaria en la responsabilidad a todas las personas que, en el caso Vialidad, el TOF 2 encontró responsables del delito de administración fraudulenta con diversos grados de participación.
La demanda multimillonaria se concentra en los daños y perjuicios que ocasionó que Lázaro Báez abandonara 24 rutas por las que percibió fondos públicos. Ese reclamo por una indemnización de 22.300 millones de pesos transita en el fuero Civil.
El máximo tribunal ya se había pronunciado respecto a este caso, al rechazar uno de los tantos reclamos con los que Cristina Kirchner buscó voltear el juicio Vialidad que concluyó con una condena en su contra y que ahora está siendo analizada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La ex presidenta y vicepresidenta insistía en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó– debía tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Civil.
El rol de Javier Milei
Como la demanda fue iniciada por un organismo estatal que es Vialidad Nacional, el mismo Estado puede ordenar que se abandone ese reclamo, ayudando así a Cristina Kirchner.
La llave del avance de esta exigencia resarcitoria la tiene ahora el gobierno de Javier Milei.
La Procuración del Tesoro, que ejerce la defensa de los intereses del Estado y es de donde dependen todos los abogados de la administración central, puede hacer caer la demanda. Mediante una resolución de la actual gestión de Vialidad, solicitando que se desestime el reclamo contra la ex vicepresidenta.
También, puede resolver que el “actor” es decir quien denunció, sin desistir de la acción no impulse nada. La tercera opción para que este reclamo caiga es dictarle caducidad de instancia, o directamente que el Procurador del Tesoro se presente y lo requiera.
Por eso, son los asesores letrados de Vialidad quienes deben reclamar que la ex vicepresidenta afronte un resarcimiento millonario, y responden al Procurador del Tesoro.
La protección del gobierno anterior
El anterior jefe de los abogados del Estado, Carlos Zannini, cambió a los abogados que intervenían en representación de Vialidad Nacional en la demanda.
Durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández no se movió nada en este expediente, aún cuando ya se había dictado una condena confirmando los hechos que articulan y sustentan la demanda civil.
Ahora, la actual Procuración de La Libertad Avanza debe adoptar un criterio respecto a este caso.
Una demanda con más fundamentos
Este reclamo inició en agosto de 2019 cuando la Dirección Nacional de Vialidad radicó en el fueron contencioso administrativo una demanda por daños y perjuicios de 22.300 millones de pesos contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y otros imputados en los hechos de corrupción en la obra pública vial.
La cifra exigida por la gestión Macri en concepto de indemnización al Estado correspondía al 50% de los contratos adjudicados que no se terminaron pero se pagaron con sobreprecios, por eso se sostuvo que los acusados de forma solidaria, debían resarcir dicho daño económico.
Cuando inició el juicio en la justicia penal, la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.
Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.
Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos, pero también dependerá de la determinación política del gobierno de Javier Milei.
