El Gobierno desplazó este viernes de su cargo a Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, luego de que emitiera un dictamen en contra de la administración nacional en un juicio que una agente le inició al Estado.
Si bien había trascendido que el Gobierno esperaría la renuncia del exjuez de la Corte, quien además tenía previsto reunirse con Santiago Caputo el próximo lunes, finalmente se tomó la decisión de correrlo de su puesto. Y ya comenzó a circular quién podría reemplazarlo.
El Gobierno desplazó a Rodolfo Barra, procurador del Tesoro: quién puede reemplazarlo
Según trascendió, el nombre señalado para reemplazar a Barra es el ex juez Ricardo Manuel Rojas, autor del libro “La Inflación como delito” que propone llevar a la cárcel a los políticos que emitan dinero y generen inflación y que Milei recomendó en sus redes el año pasado.
“Es alguien a quien Javier hace tiempo quería sumar, a quien respeta mucho”, señalaron desde el Gobierno este viernes, aunque aclararon que todavía no se le extendió una propuesta formal al experto en derecho penal.
La salida de Barra, quien fue ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema durante la presidencia de Carlos Menem, se precipitó luego de que respaldara un informe firmado por su adjunto, Marcos Serrano, que beneficiaría a un empleado del Ministerio de Justicia. Este trabajador recibía incentivos salariales a través de un acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Dicho convenio fue cancelado por el Gobierno, decisión que resultó en el despido de 2.500 empleados estatales.
En la Casa Rosada se critica no solo el dictamen firmado, sino también presuntos viajes de Barra que habrían interferido en el desempeño de sus funciones.
La polémica se desata poco después de que Ignacio Yacobucci fuera desplazado de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de combatir el lavado de activos. Su lugar fue ocupado por el exfiscal Paul Starc, considerado cercano a Santiago Caputo, influyente asesor presidencial. Paralelamente, el monitoreo del sistema judicial recae en el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien supervisa directamente estas cuestiones incluso por encima del ministro Mariano Cúneo Libarona.
En cuanto al dictamen objetado, fuentes del Ejecutivo admiten el descontento: “Es cierto que causó malestar”. Este episodio se da en el marco de una reforma más amplia impulsada por el presidente Javier Milei, que incluyó el cierre de más de 136 agencias de registro automotor. Sin embargo, el proyecto para implementar un registro único, digital y remoto sigue sin concretarse, a pesar de haber sido anunciado como una prioridad.
Qué hay detrás del enojo del Gobierno con Rodolfo Barra
Durante años, los Registros del Automotor han operado en colaboración con una entidad privada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta asociación empleaba a 2.500 trabajadores que prestaban servicios para el Ministerio de Justicia y gestionaban el pago de incentivos adicionales a los salarios base. Estos incentivos permitían, por ejemplo, que un director del Ministerio liderado por Mariano Cúneo Libarona pudiera duplicar su sueldo en comparación con los directores de otras áreas gubernamentales.
El 31 de diciembre, el Gobierno decidió rescindir el convenio con ACARA, lo que resultó en el despido de la mayoría de los empleados. Algunos lograron ser recontratados en la administración pública, aunque bajo contratos temporales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y no como personal de planta permanente. Se estableció que los salarios cubrirían entre el 80% y el 90% de lo que recibían anteriormente, excluyendo los incentivos. Los acuerdos fueron firmados por cada trabajador y homologados en el fuero laboral, incluyendo una cláusula donde los empleados renunciaban a realizar futuros reclamos relacionados con estas condiciones.
Sin embargo, una trabajadora identificada como A.T. presentó una impugnación contra la decisión del Ministerio de Justicia de eliminar su incentivo. Al tratarse de una demanda contra la administración pública, el equipo liderado por Cúneo Libarona solicitó un dictamen a la Procuración del Tesoro, órgano encargado de representar legalmente al Estado, anticipándose a un eventual litigio en la justicia laboral. Aquí es donde, según el Gobierno, comienzan los errores críticos de Rodolfo Barra.
El exministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y perjudica los intereses del Estado. Según el documento, el incentivo percibido por A.T. tenía carácter remunerativo, lo que validaba su reclamo y le daba derecho a exigir su reincorporación. Además, el dictamen sugería que el Ministerio debía ajustar la situación para garantizar la legalidad del contrato. Aunque no vinculante, el informe dio argumentos al fuero laboral para fallar a favor de la trabajadora, generando profundo malestar en la Casa Rosada.
La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Barra no firmó personalmente el dictamen, delegando la tarea a su adjunto, Marcos Serrano. Ante los reclamos por parte del Ejecutivo, Barra intentó desvincularse de la decisión y trasladó la responsabilidad a Serrano. Este acto fue interpretado como una deslealtad hacia su equipo y una subestimación de los interlocutores gubernamentales, quienes consideran evidente que un dictamen de tal magnitud debe ser avalado por la máxima autoridad de la Procuración.
Más allá de las fallas técnicas y administrativas, el caso tiene una dimensión política significativa. Para Javier Milei y su entorno, la situación era insostenible., Desde su perspectiva, es inaceptable que el abogado del Estado emita un dictamen que favorezca a una parte contraria al propio Gobierno.
