En el escándalo de los seguros, Alberto Fernández se encuentra inhibido, se ordenó el levantamiento fiscal y bancario sobre sus cuentas, los llamados de sus líneas telefónicas están bajo análisis y su patrimonio está bajo la lupa por la fiscalía antilavado PROCELAC, pero nunca se presentó en la causa para interesarse por el expediente. Hasta ahora: este jueves, el juez Julián Ercolini le pidió que designe abogado defensor.
La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
El ex presidente cuenta con dos imputaciones en esta investigación. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
Pese a las acusaciones que el Ministerio Público Fiscal le adjudicó bajo el grado de sospecha, Alberto Fernández nunca se presentó en el expediente. Ni siquiera cuando se ordenó una inhibición general de bienes sobre él apeló la decisión.
La observación la realizó la Cámara Federal porteña cuando otros imputados apelaron la medida cautelar de Ercolini. En función de esta situación, el magistrado envió un oficio para que la División Operaciones Federales de la Policía Federal notifique a Fernández de las medidas dispuestas y se le pidió que designe abogado defensor.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que, posiblemente, el hecho de que el expresidente no se haya presentado en el expediente donde cuenta con una doble imputación es porque “desconoce esta decisión de que pesa sobre él una sospecha respecto a la maniobra bajo investigación”.
Hasta el momento no apeló ninguna de las medidas que el juzgado dictó sobre su patrimonio y otras acciones a través de las cuales se busca clarificar el entramado bajo investigación.
En esta etapa de la pesquisa se encuentran bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que dan cuenta sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros de forma previa a la firma del cuestionado Decreto de Fernández que impuso al Estado Nacional la contratación exclusiva de Nación Seguros. Esta a su vez, habilitó la participación de intermediarios.
Es decir: se investiga si la maniobra inicial que impulsó la investigación penal se cometió durante toda la presidencia de Alberto Fernández. El ex presidente nada dijo al respecto.
Durante toda la gestión de Fernández en concepto de comisiones a los intermediarios entre el Estado y las aseguradoras, se abonaron un total de 3.213.341.098 pesos. Como algunos de esos contratos siguieron vigentes luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pagos actualizada hasta que se cerró el informe llega a los 3.453.302.777 pesos.
El detalle que consignó Nación Seguros en un documento que está incorporado a la causa, muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios frente a otros.
Aunque los brokers involucrados son 25, sólo cinco de ellos cobraron 2.782.170.946 pesos sobre los 3.453.302.777 erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.
Junto con el expediente principal que instruye el juez Ercolini, se inició otra investigación de carácter patrimonial y que se encuentra delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo. La misma se abrió cuando se ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, su amigo broker Héctor Martínez Sosa, la esposa de Martínez Sosa y secretaria privada de Fernández, María Cantero, y un extenso listado de intermediarios.
Hay dos puntos centrales en el caso: si las comisiones abonadas por parte del Estado responden a los valores de mercado, y por otro lado si las contrataciones se realizaron a través de procesos irregulares, como licitaciones direccionadas. Entre los reproches legales al ex Presidente, la justicia le atribuye haber vedado la posibilidad de que se hayan llevado a cabo procesos transparentes con la real competencia.
En la causa patrimonial también se incluyen dos cooperativas: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo y Cooperativa Irigoin. Como contó Clarín, las mismas están bajo investigación bajo la sospecha de que podrían haber sido utilizadas para canaliza las comisiones que pagó el Estado.
Todo es parte de la causa que tiene a cargo el fiscal Rívolo. Para profundizar el entrecruzamiento de información bancaria, tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario es que se pidió la intervención de la PROCELAC a cargo del fiscal Diego Velasco. «a fin de determinar posibles maniobras de lavado de activos”, indicó en su momento Rívolo.
De esta manera el frente judicial de Alberto Fernández incluye una causa patrimonial y el expediente principal abocado a desentrañar la presunta maniobra delictiva en torno a los contratos firmados con Nación Seguros, organismos del Estado y la intermediación de brokers.
