Cinco años después de cerrada la instrucción y elevada la causa a juicio oral, el Tribunal fijó fecha para el juicio contra Andrea del Boca, el exministro Julio De Vido, el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, la extitular del INCAA, Liliana Mazure, y otros seis exfuncionarios universitarios y del gobierno de Cristina Kirchner, que ya tienen sus bienes inhibidos.
Se los acusa por defraudación contra la administración pública en la realización de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto.
El juicio oral y público arrancará el próximo jueves 6 de marzo de 2025 y continuará con audiencias semanales.
Se citaron a 97 testigos, entre los que están los actores Marcelo Mazzarelo y Fabián Mazzei, el conductor de TV Fernando Dente, el diputado Hernán Lombardi y el exministro Tristán Bauer, entre otros. Quedaron pendientes las convocatorias al periodista Alejandro Alfie -que arrancó la investigación original en Clarín- y al director de cine Sebastián Ortega, pedidos por los abogados Juan Pablo Fioribello, Federico Schumacher y Diego Onorati, que defienden a Del Boca.
Andrea del Boca informó en redes sociales: «Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será Justicia».
El juez Ramos procesó a diez personas en abril de 2018, cuando enumeró 20 irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en los contratos y en el flujo de dinero proveniente del Ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido.
La telenovela de Andrea del Boca
Mamá Corazón fue financiada por el ex ministro de Planificación, a través de la Universidad de San Martín (UNSAM), durante la gestión kirchnerista.
El juez Ramos procesó, a mediados de 2018, a De Vido como «autor» del delito de defraudación y le trabó un embargo por $ 60 millones; mientras que Andrea del Boca fue procesada como «partícipe necesaria», al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por $ 50 millones y $ 60 millones, respectivamente.
A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada. Y en abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.
En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que «la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca». Y agregó que eso respondió a una «voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes».
El objetivo era que la novela fuera «financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca era una persona cercana al gobierno de ese entonces», señaló el juez Ramos.
Tal como publicó Clarín en su investigación, que arrancó en junio de 2016, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.
Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.
El juez Ramos indicó en su fallo que no se cuestiona la «aptitud y/o calidad artística» de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio «la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente».
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que lo cuestionable no fue la celebración de los acuerdos con la UNSAM, «sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos».
Cuando la procesaron, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, aseguró a Clarín que «no hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político, simplemente porque la encabeza De Vido. Eso hace que todo se centre en él y que el resto de las figuras traccionen, para pegarle a un ex ministro que está caído en desgracia y que debe haber sido una de las personas seguramente más corruptas de la gestión del kirchnerismo».
El ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, era un hombre muy cercano al gobierno kirchnerista, que involucró a esa universidad pública en varios proyectos, como la medidora de rating paralelo a Ibope y la polémica compra e instalación de millonarios equipos de efectos especiales, además de elegir las producciones para la TV digital.
Además de Andrea del Boca, Julio De Vido y Carlos Ruta, irán a juicio oral otras siete personas que también ya estaban procesadas en la misma causa judicial: Liliana Mazure, ex titular del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Nadia Jacky, directora de Tostaki (por la serie El Pacto); Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, secretarios de la UNSAM; y los ex funcionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.
La otra serie investigada
En el juicio oral también se juzgarán las irregularidades cometidas en la serie El Pacto, también financiada por De Vido, pero a través del INCAA.
La ex titular de ese organismo, Liliana Mazure, fue procesada y embargada en $ 5 millones, por el delito de «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
La serie «El Pacto» era sobre el relato kirchnerista en torno a Papel Prensa y la hizo la productora Tostaki, que recibió $ 4,55 millones.
«Hubo una innecesaria tercerización que significó que un diez por ciento del dinero asignado al presupuesto del ex Ministerio de Planificación fuera destinado a la institución educativa, pese a que la organización del concurso fue delegada íntegramente en el INCAA», planteó el juez Ramos, a mediados de 2018, cuando procesó a todos los involucrados en la serie El Pacto.
Y agregó: «La pregunta que se impone y que genera suspicacia es por qué no se gestionó el concurso directamente con el INCAA, sin la intermediación de la UNSAM».
Esa miniserie contó con la participación en el guión de la esposa de Guillermo Moreno, Marta Cascales. Y se emitió por televisión a fines de 2011.
