Luego de una inestable détente posterior a la nominación de Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla para integrase a la Corte Suprema de Justicia, la interna política en el máximo tribunal volvió a estallar públicamente. La chispa que incendió la pradera es la creación de una nueva secretaría penal para procesar un lote de los expedientes que llegan al cuarto piso del palacio de Tribunales, pero ese detalle burocrático sólo es la última pátina de maquillaje sobre el campo de batalla que desde hace años mantiene a la Corte partida en dos.
Vamos a la información: este viernes, en una breve resolución, la «mayoría estable» del máximo tribunal creó una Secretaría Penal Especial, debido a que «desde hace varios años se viene incrementando de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes» de esa naturaleza que llegan a la Corte.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la resolución dispuso asignar a la nueva secretaría todas las causas de competencia penal que hasta ahora tramitaban ante la Secretaría Judicial 3, referidas a juicios de lesa humanidad, competencia originaria de la Corte, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus. También resolverá los reclamos de competencia en causas penales. El resto de los temas penales permanecerá en la Secretaría 3.
Pero lo que en apariencia no era más que un trámite administrativo reveló la ira de Ricardo Lorenzetti, el cuarto ministro del tribunal que está enfrentado a sus colegas en todas las cuestiones de superintendencia del tribunal, es decir en el manejo político en la cima del Poder Judicial.
En una larga y flamígera disidencia a la resolución de este viernes, Lorenzetti denunció «la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema. Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición«.
«Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte», escribió Lorenzetti, una congoja supuestamente causada por «una serie de decisiones apresuradas para crear oficinas, direcciones, ingresos de personal, como pocas veces se ha visto en este Tribunal.»
El expresidente de la Corte denunció que «en todos los casos se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige. Además, esas medidas no se basan en necesidades concretas, ni en urgencias».
En su dura respuesta, Lorenzetti encendió la primera bengala que ilumina la clave política del texto: «siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos.» En estas pocas palabras se cifra el desvelo central del ministro en los últimos meses: que el plan de sumar a su ahijado Ariel Lijo a la Corte no se vea limitado por un set de acciones preventivas que minen el terreno.
Revelada entonces la clave en que debe leerse el desahogo del viernes, Lorenzetti explicó que las demoras en los fallos y su acumulación se deben a la falta de gestión en los acuerdos de ministros, cuya responsabilidad es del presidente Rosatti. «Había casi trescientas causas trascendentes y casi sesenta mil expedientes sin resolver en el Tribunal, lo que es inédito», disparó.
«Es cierto que muchas veces no hay mayorías, pero ello justifica la integración inmediata de la Corte, y no la designación de nuevos funcionarios.» Clarísimo.
Según la mirada de Lorenzetti, «la real intención» de la creación de la nueva Secretaría Penal «es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza. Si se consiente este criterio, se hará lo mismo con otras secretarías del tribunal, dividiéndolas y creando nuevos cargos con nuevas personas controladas, lo que es inadmisible.»
El voto en disidencia denuncia que esta supuesta práctica «es un patrón de comportamiento» por parte de la mayoría de la Corte. Y entonces, aparece un nuevo destinatario implícito en el texto, por cierto muy bien fundamentado: el presidente Javier Milei.
Porque Lorenzetti apunta a un supuesto despilfarro de recursos y personal para oficinas y dependencias que enumera y que «no han cumplido ninguna función», «que ya habían sido creadas» y «se eliminaron por considerarlas innecesarias» o que no tuvieron «un funcionamiento real ni respondían a necesidades concretas.» Todo ello, además, envuelto en «designaciones sin concurso, nepotismo, utilización de contratos de locación de servicios» que serían irregulares.
El ministro recuerda también el desplazamiento de otro viejo protegido suyo, el administrador de la Corte Daniel Marchi, «por denunciar irregularidades en la obra social», contrapuesta al supuesto «ocultamiento» de supuestas irregularidades del secretario de Rosatti.
La última ofrenda a Milei pega donde más duele: «en su momento, y ante declaraciones públicas del Presidente de la Corte Suprema que fueron efectuadas en la Universidad de Lomas de Zamora, que incluyeron el empleo de palabras textuales de uno de los candidatos presidenciales y criticando al otro candidato, solicité, no sólo la rectificación, sino la adopción de un Código de Ética, recibiendo una negativa incomprensible.» Recordemos: fue cuando Rosatti pidió un gobierno que “marque un camino de unidad y unión nacional”, tal como prometía Sergio Massa.
La descarga de Lorenzetti caló hondo entre sus colegas, que no quisieron responder públicamente pero tampoco quedarse callados. Según su visión, la disidencia del jurista de Rafaela está llena de afirmaciones que no serían ciertas. Recordaron por ejemplo que no es cierto que cuando hay en la puerta candidatos para la Corte se detengan las medidas de reorganización interna.
«La Acordada 39/15, del 21 de diciembre de 2015, cuando Macri ya había nominado a Rosenkrantz y Rosatti, suprimió la Secretaría General y de Gestión, creó la Dirección Jurídica General y la Dirección de Relaciones Institucionales. Al día siguiente, con la Acordada 42/15, se creó la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto. Todas firmadas por Lorenzetti, Maqueda y la doctora Highton», repasan cerca de las vocalías de la mayoría.
Las fuentes también atribuyen a Lorenzetti su porción de responsabilidad por los retrasos en la gestión de los expedientes, niegan que haya sido él quien clamaba por celeridad en la resolución de casos sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua, enumeran las secretarías y oficinas creadas durante su larga presidencia en el máximo tribunal, y rechazan que las dependencias inauguradas en los últimos dos años sean inútiles o estén atiborradas de personal nuevo.
El puñal más afilado lo guardaron para el final: «el mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela, con la resolución 2983/2018″, afirman. ¿Un Código de Ética? «Nada que ver. Lorenzetti no propuso ningún código de ética a sus colegas. Por el contrario, hay un proyecto sobre el tema que se encuentran demorado desde el año 2013 en su vocalía», se ofuscan los funcionarios.
Hasta aquí, los hechos. O mejor dicho los argumentos de ambas partes. Pero esto no es un expediente judicial sino una puja política, y quien mejor lo entiende es Lorenzetti. Mientras el camino de Lijo hacia la Corte aún no luce despejado, su patrocinador lucha en varios frentes por evitar que se caiga, o que germinen plantas silvestres en ese mismo jardín, como los sondeos y reuniones con la jueza Susana Medina, que consignó Clarín, y que él no avala. Desde Entre Ríos llegan noticias y testimonios que tampoco tonifican su posible candidatura de reemplazo como una ofrenda a la transparencia y la honestidad.
En los próximos días, el ministro de Justicia debería enviar al Senado los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Aún si lo hace, el rocoso antecedente de la ley Bases tampoco garantiza un trámite exprés, ni mucho menos. En la Corte lo saben. Y sus cuatro ministros también juegan fuerte.
