La continuidad del presidente interino de Perú, José Jerí, se definirá este martes en el Congreso, donde los legisladores debatirán distintas mociones que buscan removerlo del cargo en medio de una creciente acumulación de denuncias políticas, investigaciones fiscales y cuestionamientos éticos que erosionaron su imagen pública.
El mandatario, que asumió la jefatura del Estado tras la salida de Dina Boluarte, atraviesa una de las mayores crisis institucionales recientes del país. Perú llega así a una nueva instancia de incertidumbre política a menos de dos meses de las elecciones generales, en un escenario marcado por la desconfianza ciudadana y la fragmentación parlamentaria.
El Congreso convocó a un pleno extraordinario para analizar siete mociones impulsadas por distintos bloques legislativos. Debido a que Jerí ejerce la presidencia por ocupar simultáneamente la titularidad del Parlamento, perder ese cargo implicaría automáticamente dejar el Ejecutivo.
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A diferencia del mecanismo tradicional de vacancia presidencial —que requiere una mayoría calificada—, la censura parlamentaria necesita solo mayoría simple, lo que convierte al proceso en una vía más rápida para provocar un cambio de gobierno. Si prospera la medida, el Congreso debería elegir inmediatamente a un nuevo titular legislativo que asumiría también la presidencia del país durante el período de transición.
Las denuncias que rodean a José Jerí: agresión sexual
El avance del proceso político ocurre tras meses de controversias que acumularon presión sobre el mandatario.
Uno de los episodios más sensibles fue una denuncia por presunta agresión sexual presentada cuando Jerí aún era congresista, vinculada a una reunión privada realizada a fines de 2024. El caso generó amplio impacto mediático y derivó en investigaciones fiscales y medidas partidarias internas. Sin embargo, la causa fue posteriormente archivada por la Fiscalía al considerar que las pruebas no permitían vincularlo penalmente con el hecho.
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A pesar del cierre judicial, el episodio continuó afectando su imagen pública y reapareció en el debate político durante su llegada al poder.
Investigación por presunto tráfico de influencias
Otra de las causas más delicadas involucra una investigación del Ministerio Público por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento irregular. La pesquisa se originó tras la difusión de conversaciones privadas que mencionaban pagos vinculados a la aprobación de iniciativas legislativas.
Las indagaciones también examinan la compra de propiedades y bienes que, según los investigadores, no se corresponderían con los ingresos declarados por el entonces legislador. Empresarios aseguraron haber realizado transferencias económicas a intermediarios para facilitar partidas presupuestarias destinadas a obras públicas, lo que derivó en nuevas diligencias fiscales.
Jerí negó irregularidades y sostuvo que sus decisiones políticas siempre se ajustaron a la ley.
La crisis se profundizó cuando salieron a la luz encuentros no registrados oficialmente entre el presidente y empresarios chinos en restaurantes de Lima. Las reuniones, captadas por cámaras de seguridad, no figuraban en la agenda institucional y generaron sospechas sobre posibles gestiones vinculadas a contratos estatales.
El caso escaló luego de conocerse que uno de los empresarios había ingresado previamente a Palacio de Gobierno pese a enfrentar restricciones judiciales. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias, mientras el Congreso inició pedidos de explicaciones formales.
El mandatario reconoció errores en la forma en que se realizaron los encuentros y ofreció disculpas públicas, aunque modificó su versión inicial tras la aparición de nuevos registros audiovisuales.
Contrataciones bajo sospecha en Palacio
A comienzos de 2026, informes periodísticos revelaron que varias personas cercanas al entorno del presidente visitaron su despacho fuera del horario habitual y posteriormente obtuvieron contratos en organismos estatales.
Las designaciones se realizaron mediante un régimen especial que permite contrataciones directas, lo que motivó una revisión de la Contraloría y nuevas investigaciones por posibles irregularidades administrativas. Desde el Ejecutivo defendieron la legalidad de los nombramientos y atribuyeron las reuniones nocturnas a la intensa agenda laboral del mandatario.
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A las investigaciones se sumaron controversias vinculadas a su vida privada, incluyendo una celebración realizada en Cieneguilla con participación de dirigentes políticos y personas asociadas a una presunta red de prostitución investigada en el Congreso. Aunque Jerí sostuvo que se trató de un evento social sin implicancias públicas, el episodio provocó críticas desde distintos sectores políticos.
También generó debate su actividad pasada en redes sociales, por seguir cuentas de contenido sexual y publicar mensajes considerados inapropiados, hechos que el propio presidente calificó como errores previos a su llegada al poder.
Un desenlace abierto para Perú
El debate parlamentario se desarrolla en un contexto de fuerte deterioro de la imagen presidencial, reflejado en encuestas que muestran un incremento significativo de la desaprobación ciudadana en pocas semanas.
El Congreso analiza distintos escenarios: aprobar la censura, impulsar una vacancia presidencial o incluso aceptar una eventual renuncia antes de la votación. En cualquiera de los casos, el país deberá elegir rápidamente a un reemplazante para completar la transición hasta los comicios generales.
Entre los nombres que aparecen como posibles sucesores figuran María del Carmen Alva y José María Balcázar, cuyas eventuales designaciones reflejan las tensiones políticas e ideológicas que atraviesan al sistema político peruano.
LB/ML
