La contratación se llevó a cabo de manera directa con una de las más de diez firmas investigadas por sobreprecios durante el gobierno de Alberto Fernández
28/03/2025 – 14:15hs
La devastación total de miles de viviendas causada por la tormenta en Bahía Blanca motivó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a proceder con la compra de provisiones para asistir a las familias damnificadas. A pesar de la solidaridad que logró llenar más de 100 camiones que arribaron a la ciudad a lo largo del mes con colchones, ropa, alimentos no perecederos, agua y artículos de primera necesidad, los estragos dejados por la tormenta fueron tan grandes que aún no se han podido satisfacer todas esas demandas.
Ante esta situación, Axel Kicillof, en su rol de gobernador bonaerense, avanzó con varias licitaciones -bajo el procedimiento de contratación directa- de “alimentos secos”. Es decir, harinas, arroz, legumbres, puré de tomates enlatados, pastas secas y aceites comestibles, entre otros.
El tren solidario que asistió a Bahía Blanca que transportó 1300 toneladas de alimentos y ropa
Lo irregular es que una de las empresas contratadas bajo esta modalidad fue COPACABANA S.A., una firma vinculada a Jorge Assisa, quien se desempeñó como secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado (UEPE), y que fue señalada durante la gestión de Alberto Fernández por venderle alimentos con sobreprecios al Ministerio de Desarrollo Social en plena pandemia por coronavirus. De este modo, esta compañía, que presta servicios al Estado en medio de desastres naturales, avanza con contrataciones directas -impidiendo que otras firmas puedan ofrecer mejores precios, productos o servicios- y elevando los costos.
Sobreprecios en pandemia
Aunque en esta ocasión no se reflejó este último aspecto en el detalle de lo solicitado por la administración bonaerense para asistir a la ciudad de Bahía Blanca, el escándalo que involucró a la empresa en 2020 sigue vigente. A principios de abril de ese año, en el contexto de la emergencia, el entonces Ministerio de Desarrollo Social publicó siete resoluciones que autorizaban la adquisición masiva de alimentos para abastecer a los sectores vulnerables que, imposibilitados de salir a realizar sus labores durante la epidemia, no podían cubrir sus necesidades por sí mismos.
A partir de ahí se dieron a conocer irregularidades en esas licitaciones donde, en algunos casos, las empresas proveedoras del Estado fijaron sus precios casi un 40% por encima de los valores de los mercados minoristas, incluyendo productos que formaban parte de Precios Cuidados.
Sin embargo, no solo COPACABANA S.A. fue señalada en ese momento, también las proveedoras de alimentos Teylem S.A.; Sol Ganadera SRL; Forain S.A.; MH Accurso SRL; y Alimentos Generales S.A. fueron apuntadas por el periodismo y posteriormente por la Justicia. No obstante, la atención terminó centrándose exclusivamente en COPACABANA S.A. después de que el fiscal Sergio Rodríguez afirmara que la competencia entre estas seis compañías fue “ficticia” y que su único propósito era vender sus mercancías a un precio más elevado al Estado.
La respuesta del entonces funcionario Daniel Arroyo fue que se les había solicitado a estos oferentes una mejora en sus precios, pero que, ante la sobredemanda a nivel nacional y la urgencia de asistir a los comedores comunitarios (destino de esos alimentos), no se esperaron dichas reducciones y Nación decidió adjudicar todos los pedidos. Por su parte, el expresidente había expresado su total apoyo y confianza en su funcionario, aunque más tarde este sería reemplazado por Juan Zabaleta.
Allanamiento a la empresa
A pesar de esa lista, semanas después, solo la empresa beneficiada por Kicillof con la adjudicación directa de alimentos para Bahía Blanca fue allanada. Por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, efectivos de la Policía Federal y el juez Rodolfo Canicoba Corral ingresaron a la compañía que iba a cobrar 188 millones de pesos. La llegada inesperada de las fuerzas a las oficinas de la empresa fue motivada por varias denuncias de vecinos que afirmaron haber visto cómo se deshacían de documentación que podía resultar sensible y necesaria para determinar si, efectivamente, existió o no un delito.
Por eso, ahora, con la reciente contratación directa a COPACABANA S.A. por $114.334.320, el gobernador Kicillof reaviva aquella controversia al no permitir la libre competencia entre los oferentes y adjudicarle una licitación sensible a una empresa que fue allanada por la Justicia. Pero, cabe remarcar que, aunque este caso que data desde hace cinco años fue denunciado por legisladores de la entonces oposición y las irregularidades fueron presentadas ante la Justicia, solo se iniciaron investigaciones preliminares que, por el momento, no derivaron en condenas ni imputaciones hacia los propietarios de la empresa.
