Lo ordenó el juez Ariel Lijo en 14 domicilios de las agrupaciones en la Ciudad y el conurbano. Se llevaron documentación, celulares y fichas de afiliación.
27 de junio 2024, 13:55hs
El juez Ariel Lijo avanza en la causa que investiga denuncias contra organizaciones sociales por “extorsión y otros delitos” a beneficiarios de planes que aseguran haber sido obligados a participar en marchas y piquetes. En las últimas horas se realizaron 14 allanamientos en las sedes de varios movimientos sociales, incluyendo a CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y MTL.
Durante los operativos se secuestraron celulares, documentación y fichas de afiliación a la UTEP de Juan Grabois.
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La investigación, que comenzó en abril tras denuncias recibidas a través de la línea 134, comienza a arrojar luz sobre prácticas coercitivas supuestamente utilizadas por estas agrupaciones para garantizar la asistencia a sus marchas: muchos denunciantes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el plan Potenciar Trabajo si no se sumaban a las movilizaciones.
Las órdenes de allanamiento, dictadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 04, se llevaron a cabo en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y Malvinas Argentinas.
En Capital Federal se allanó un local de reunión del MTL, ubicado en el barrio de Parque Patricios, donde se secuestraron cuadernos con anotaciones, una chequera y un celular.
En Tristán Suárez se allanó un merendero del Movimiento Evita, se secuestraron celulares y fueron identificadas dos mujeres. Otro merendero fue allanado en Ingeniero Budge, donde se secuestró documentación vinculada a las cooperativas Unidos Trabajadores de la Economía Popular – UTEP.
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En San Justo, se allanó la sede la de agrupación Unidad Carrillo, del Partido Justicialista. También hubo allanamientos en domicilios de referentes sociales de las localidades de Sarandí y Pablo Nogués, donde la Policía Federal secuestró celulares y documentación. También un depósito de la agrupación Confluencia Popular fue allanado y se secuestró un cuaderno con anotaciones.
En Maquinista Savio, la Justicia allanó la oficina del Movimiento Evita y de la Cooperativa La Esperanza y Evita Pueblo. Allí se secuestraron carpetas, biblioratos, planillas, facturas y recibos. Y también se secuestró documentación relevante en merenderos de Malvinas Argentinas.
La causa que lleva adelante Lijo incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al DNU de desregulación de la economía.
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El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.
