Antes de que el Senado rechazara el DNU 70/23 de Javier Milei, la oposición dialoguista más cercana al oficialismo ya había comenzado a explorar distintas alternativas para congelar el debate sobre la legalidad del mega decreto y evitar así otra resonante derrota para el Gobierno, que en cierta manera le devolvería la centralidad política al kirchnerismo.
Frente a ese escenario, el Pro junto a sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal buscan apuntalar la estrategia con distintos proyectos que pueden tener consenso rápido para ir reemplazando con leyes determinados artículos del decreto. Esto le permitiría al Gobierno ganar tiempo, pero al mismo tiempo consistencia jurídica porque hasta los dialoguistas ya pronostican que la Corte Suprema terminará declarando inconstitucional al DNU.
Está claro que estos sectores aliados esperan una señal de un Gobierno que quedó «dolido» tras la derrota en el Senado, pese a que sabía desde hace semanas que iba a caerse el decreto, según apuntó una fuente libertaria. Por ahora, en La Libertad Avanza juegan con el dato de que al peronismo se le hace «cuesta arriba» poder juntar los votos y, por eso, operan para captar la mayor cantidad de votos del bloque radical, que quedó más fragmentado con la decisión de Martín Lousteau de votar en contra del DNU.
Primero hay que hacer un recorrido sobre lo que pasó esta semana en el Congreso, obviando el 42 a 25 en contra que sufrió el DNU en el Senado, una diferencia porcentual que difícilmente se pueda repetir en la Cámara baja. Para evitar una derrota de connotación política, el bloque de Hacemos, que comanda Miguel Ángel Pichetto, presentó un paquete de proyectos fiscales y de reforma laboral elaborado por Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy. Las propuestas tienen como eje los artículos del DNU 70/2023.
Una maniobra parecida planteó el bloque de Cristian Ritondo, que antes de la caída del mega decreto en el Senado ingresó tres proyectos de ley para modernizar la legislación laboral vigente, mediante los cuales se busca ampliar el período de prueba, incentivar la registración brindando beneficios en las cargas sociales, simplificar la burocracia laboral y declarar servicios esenciales a áreas clave, como educación. Algo similar se está trabajando también en el Senado, donde el salteño Juan Carlos Romero junto al correntino Carlos «Camau» Espínola afinan una reforma laboral eliminando las multas que agravan las indemnizaciones por despido. Ideas que Milei incluyó en su DNU.
Desde el radicalismo apuran al Gobierno con la presentación de una nueva ley de actualización jubilatoria, por fuera de la ley ómnibus. La próxima semana se comenzará a analizar en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto 7 proyectos que están en Diputados. Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, le dijo a Clarín que «no se hará nada para que se trate el DNU». Y confirmó que se trabajará en «leyes espejo» sobre aquellos temas que hay acuerdo y que el Gobierno debe entender que requieren de un «tratamiento legislativo» para que tenga una mayor seguridad jurídica.
A todo esto, Martín Menem, presidente de Diputados, sabe que ahora no hay margen de error, y desde el miércoles avanzará en la conformación de las comisiones, con el objetivo de ir acercando posiciones a los dialoguistas y ampliar el número de 77 votos que La Libertad Avanza y el Pro pueden sumar.
La UCR, que tiene 34 diputados, será central para su estrategia. En principio descartan 11 votos, entre los que responden a Lousteau (6) y Facundo Manes (5), que irán por el rechazo al mega decreto.»Este es un mal camino elegido por un gobierno que llegó prometiendo el cambio y recurrió a una herramienta inconstitucional, de la cual abusaron los gobiernos K», protestó Danya Tavela, quien está en la línea de Lousteau, y resaltó a este diario que todos los temas en los que hay acuerdo tienen proyecto de ley . «Que trabajen los diputados de La Libertad Avanza y que los dictaminen», remató.
Si Rodrigo de Loredo consigue que los 23 restantes voten a favor, el oficialismo llegará a los 100. Y ahí la cuenta apunta a lo que puedan sumar de Hacemos Coalición Federal. Nicolás Massot, uno de los alfiles del bloque de Pichetto, ya anticipó que no va a rechazar el DNU y remarcó que debe ser aprobado por ley. «El decreto fue una herramienta equivocada», completó. También está en duda que Emilio Monzó y el propio Pichetto vayan a votar en contra del DNU, pero eso quedará un poco más claro el lunes, después de la reunión que mantengan con el ministro del Interior, Guillermo Francos, por la Ley Base.
La otra apuesta del oficialismo está en los bloques provinciales. Pamela Caletti, de Innovación Federal, fue crítica con el decreto y remarcó que «la solución era que el Ejecutivo envíe proyectos individuales». Sin embargo, se especula que los tres diputados por Salta, que responden a Gustavo Sáenz, no votarán en contra del DNU. Tampoco los 4 misioneros, teniendo en cuenta que los representantes del mismo espacio en el Senado se abstuvieron. Mientras que el rionegrino Agustín Domingo no rechazará el decreto pese a que la senadora que responde a Alberto Weretilneck, Mónica Silva, votó por la negativa.
El oficialismo también cuenta con los 3 votos del bloque Independencia, del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo; 2 de Producción y Trabajo y los 2 de Buenos Aires Libre. También suma el apoyo de la tucumana Paula Omodeo y el mendocino Alvaro Martínez. Sin contar a ninguno de los diputados de Hacemos, los libertarios y sus aliados están en los 117 votos.
Por el lado de Unión por la Patria, el bloque que preside Germán Martínez, que busca la derogación del DNU, tiene 99 votos. A estos se suman los 5 de la izquierda y los santacruceños Sergio Acevedo y José Luis Garrido, quienes apuntan al Gobierno por los despidos en las represas de la provincia y la amenaza de privatización del yacimiento carbonífero de Río Turbio. También cuentan a Natalia de la Sota (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut), y Osvaldo Llancafilo (MPN Neuquén) como a los 11 radicales que responden a Manes y Lousteau. También sin contar a Hacemos llega a los 120 votos, lo que los deja a sólo 9 del quórum.
Para que el DNU llegue al recinto se necesita un pedido de sesión firmado por 10 diputados y si finalmente se debate el decreto a la hora de la votación, el oficialismo va a exigir los dos tercios de los presentes y no la mitad más 1, ya que el decreto no tiene el dictamen de la comisión bicameral de Trámite Legislativo que tendría que haber emitido despacho y que recién se puso en marcha en febrero.
