En medio de las fricciones con la CGT, el Gobierno mantiene contactos formales y de los otros con los integrantes de la central obrera. El último jueves fue el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el que se reunió con José Luis Lingeri, quien, junto a otros directores de AySA, presentaron el plan de reducción de gastos de la concesionaria del servicio de agua potable y cloacas del AMBA que venía reclamando el Ejecutivo.
En el encuentro, celebrado en el primer piso de la Casa Rosada, el ministro coordinador recibió al directorio de la firma estatal, una de las tantas incluidas en la ley Omnibus con vistas a una eventual privatización. Pero ahora, según confió una calificada fuente del oficialismo consultada, no se descarta que la misma siga conservando el estatus de empresa pública.
Sí hay una decisión de «sanear» sus cuentas en forma inmediata, como de otras firmas estatales como Yacimientos Carboníferos Fiscales o el Correo Argentino, a cuyos representantes también recibió Posse durante esa misma jornada.
Durante el encuentro «técnico», los integrantes del directorio de Aysa presentaron al ministro coordinador un plan con «correcciones» en los costos de la firma para intentar equilibrar el presupuesto de la misma. También se debatieron alternativas para los más de 200 trabajadores despedidos, como la posibilidad de abrir un retiro voluntario o una instancia de pre-jubilación.
Mientras el exgerente de la Corporación América habló de «números» y proyecciones de gastos, los directores le presentaron los recortes realizados pero también las acciones programadas para gestionar la firma durante los próximos meses.
Más allá de la necesidad que planteó la Casa Rosada en reducir los gastos de la empresa, los representantes de la misma le plantearon la necesidad de mantener el nivel de operatividad para no resentir la prestación de los servicios. Si bien el 27 de marzo se realizará una audiencia pública para aumentar las tarifas del agua en el AMBA, no se descarta demorar su aplicación tal como decidió Economía en los últimos días en el caso de las subas del transporte público y las boletas de gas y luz para evitar un rebote de la inflación que recaliente el malestar social.
A principios de abril también está programada una asamblea de Aysa para definir el reemplazo de Marcelo Papandrea, que tuvo un paso fugaz como presidente de la firma: el dirigente había llegado a ese cargo con el visto bueno de Javier Milei y Sergio Massa en diciembre pasado.
Como sea, la llegada de Lingeri a la Casa Rosada, un integrante de la mesa chica de la CGT con una silla en el directorio de la firma en representación de los trabajadores de Obras Sanitarias, tiene una lectura diferente. El oficialismo sigue dispuesto a mantener un vínculo institucional con aquellos dirigentes sindicales de perfil dialoguista.
Pero a estos encuentros institucionales le siguen algunos «informales»: el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha mantenido reuniones afuera de la Casa Rosada -para no despertar recelos con los denominados «halcones» libertarios- con integrantes de la mesa chica cegetista.
Sin embargo, el Gobierno sigue firme en su intención de promover una reforma laboral -ante el freno judicial de este segmento del DNU ahora podría elevar un proyecto de ley- para flexibilizar un mercado enmarañado, según la lectura oficial, en decenas de regulaciones. La designación como nuevo secretario de Trabajo de Julio Cordero, jefe de legales de Techint, confirmaría la orientación de los cambios en marcha.
El vínculo del oficialismo con la central gremial también volvió a tensarse en las últimas semanas por la decisión de la administración libertaria de no homologar los acuerdos paritarios cerrados en el sector privado, una situación que pospone el pago de los aumentos salariales acordados entre las empresas y los gremios. La intención del ministerio de Economía es intentar regular la puja distributiva a fin de contener la inflación.
