En una provincia con 337.000 habitantes, un conflicto laboral que incluya a 5.000 trabajadores enciende las alarmas de cualquier gobernador. Es el cálculo que Claudio Vidal, al frente de la administración santacruceña, realiza cuando contabiliza los puestos de trabajo que dependen de una decisión de la Casa Rosada: la reactivación de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner y la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Por el momento la respuesta del Estado nacional sólo presagia un conflicto de grandes dimensiones. Este miércoles, la UOCRA anunció que se comunicó el despido de 1.800 operarios de las represas.
“Se nos prende fuego la provincia”, es la frase reiterada en la gobernación de Santa Cruz. En términos porcentuales, si las represas no se reactivan (la obra se detuvo en noviembre) como por el momento sostiene el Gobierno nacional, y si se avanza en el Congreso con la iniciativa de privatizar YCRT, el 1,5% de la población santacruceña quedará sin fuentes de trabajo.
De hecho, Represas Patagonia -la identificación de la UTE a cargo del megaproyecto- informó que la obra se encuentra detenida desde noviembre pasado por falta de fondos y que se encuentran en conversaciones con ENARSA (comitente de la obra), para reactivar los trabajos, pero aún no hay una fecha precisa.
En este contexto, «que excede a la UTE y lamentando mucho la situación; se prescinde momentáneamente de parte del personal vinculado al proyecto. Mantendremos una dotación en las obras con mínima actividad para garantizar su continuidad», informó la UTE. Según el sindicato de la construcción, los despedidos son 1.800.
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La discusión política confronta el número de puestos de trabajo con otros datos. El Poder Ejecutivo Nacional entiende que las empresas deficitarias deben estar bajo revisión y con los números sobre la mesa, privatizarlas para que no sea una “canilla por donde se sigan perdiendo recursos millonarios”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
Río Turbio: una mina de carbón sin rumbo
En ese cuadro de análisis se encuentra YCRT. La empresa minera ubicada al suroeste de Río Gallegos (capital de la provincia), se dedica a la extracción de carbón. Se encuentra intervenida por el Estado nacional desde 2002. Sus números están completamente en rojo, “no es rentable pero al menos puede producir para no dar pérdidas”, indican las actuales autoridades.
Pese a la voluntad de no cerrar la compañía, el presidente Javier Milei insistirá en su privatización por lo deficitaria que es la empresa: Por sueldos, cargas sociales, jubilaciones, bienes y servicios e inversiones, se gastan 7.384 millones de pesos por mes. Para este año necesitará asistencia del Estado nacional por 80.000 millones de pesos.
Sólo los sueldos insumen 3.485 millones de pesos mensuales, más 1.952 millones que se destinan a las cargas sociales. La plantilla de personal de YCRT se compone de 2.142 agentes, de los cuales sólo 900 son mineros, los únicos que trabajan en exposición al frente de la mina.
Para la Casa Rosada los números no cierran. La intervención a cargo de Thierry Decoud insiste en que la mina puede ser productiva y al menos, no ir a pérdida y subsanar su rojo financiero. El gobernador Vidal convalida ese criterio y se opone a la privatización que La Libertad Avanza. De hecho, junto a sus pares patagónicos, emitieron un comunicado rechazando la iniciativa de privatizarla.
“Los gobernadores de las Provincias Unidas del Sur, junto a legisladores, intendentes de la cuenca de Río Turbio, trabajadores y sus representantes, nos manifestamos contra toda forma de privatización de la unidad económica de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT)”, indica el comunicado.
Asimismo, se consignó que tanto la Central Térmica como la usina, mina y el complejo ferroportuario pueden volver a ser rentables, “no sólo para equilibrar las cuentas de sus diferentes ejercicios, sino también para generar rentabilidad económica y divisas; a través de gestiones transparentes, sin corrupción”.
Las últimas gestiones -denunciaron los referentes patagónicos- “dejaron graves consecuencias de funcionamiento, de infraestructura, económicas, patrimoniales y laborales. El negocio de unos pocos perjudicó a los trabajadores y al país”.
Represas bajo la lupa
A esos puestos de trabajo que podrían peligrar ante el avance de la privatización de YCRT, instancia en la que se duda sobre un posible comprador para la compañía, se suma otro conflicto que la UOCRA ya viene advirtiendo: el cese de la construcción del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.
Esta semana se desvincularon a 1.800 trabajadores nucleados en el gremio de la construcción, de forma provisoria, hasta tanto el Gobierno nacional ponga fecha de reactivación. La UTE confía en que las negociaciones conducen hacia ese camino.
La firma estatal ENARSA, comitente de la ambiciosa obra, no dio ninguna señal de reactivar la obra que se frenó en diciembre con el cambio de gestión. Fuentes de la gobernación de Santa Cruz aseguraron que las últimas conversaciones con la Casa Rosada no fueron alentadoras: “en el corto plazo la obra seguirá como hasta ahora, detenida y con los 2.700 trabajadores cobrando el 80% de sus sueldos en sus casas”.
La pregunta que inquieta en la administración central es cuánto tiempo más la UTE responsable de su construcción, integrada por la china Gezhouba (54 %), Eling Energía SA (ex Electroingeniería 36%) e Hidrocuyo SA (10%), podrá sostener los puestos de trabajo.
A la fecha se espera un séptimo desembolso de 500 millones de dólares. Hay que recordar que la obra es financiada en su totalidad con un préstamo chino, por eso el paquete accionario mayoritario responde a la compañía Gezhouba, una de las principales constructoras de complejos hidroeléctricos en el mundo.
La decisión del Gobierno nacional de no dar precisiones respecto a reanudación de la totalidad de la obra pone en alerta al gremio de la construcción y a la administración santacruceña. “Entre las represas e YCRT son unos 5.000 puestos de trabajo, sin los cuales la provincia entrará en un escenario de un profundo conflicto”, indicaron a Clarín.
La obra tiene un avance dispar respecto a las dos represas que componen el complejo hidroeléctrico que pretende generar 1.310 megavatios de potencia instalada, con un costo de 4.730 millones de dólares (hasta ahora se desembolsaron 1.850 millones de dólares), junto a un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios.
La represa denominada Jorge Cepernic (ex gobernador de Santa Cruz), es la más pequeña: cuenta con una capacidad instalada de 360 megavatios y 41 metros de altura. Su nivel de avance es del 42%. En esa presa hay dos turbinas de origen chino que arribaron a la provincia patagónica en octubre de 2023, pero aún no se encuentran montadas. Contará con tres turbinas en total.
La segunda represa, la que llevará el nombre del ex presidente y ex gobernador santacruceño “Néstor Kirchner”, contará con cinco turbinas que aún no se encuentran en el país. Tendrá una altura de 73 metros y generará 950 Mw.
Esta obra tiene un 20% de avance en cuanto a las “obras de excavación, relleno y rellenos de contrafuerte”.
Otra represa parada en San Juan
Sin embargo, esta situación no es exclusiva de Santa Cruz. A 2.583 de suelo patagónico, la provincia de San Juan atraviesa una situación similar, o quizás, más acuciante por el nivel de avance de la obra.
Se trata del Proyecto Hidroenergético El Tambolar, que conforma parte del sistema múltiple de aprovechamiento del río permitirá incorporar 70 Megavatios (70 MW), al Sistema Eléctrico Sanjuanino y Nacional como eslabón continuador del Complejo Hidroenergético Los Caracoles de 125 Megavatios (MW), Punta Negra, 65 Megavatios (MW), Quebrada de Ullum, 45 Megavatios (MW) y Ullum, La Olla, 44 Megavatios (MW), todos actualmente en operación.
La obra que tiene cerca de 2.000 personas empleadas, tiene un avance del 43%. Pese a ello, la respuesta del Estado nacional a la gobernación sanjuanina es que no hay fondos para continuar el proyecto. La obra se encuentra en el presente, frenada y rodeada de incertidumbre.
La inversión ronda los 740 millones de dólares y la financiación, según los datos oficiales a los que accedió Clarín, respondía a un fideicomiso que se alimentaba con los producido de las otras tres represas que se encuentran activas en suelo sanjuanino. La discusión también abre el interrogante respecto a qué hizo la gestión nacional anterior con esos fondos, ya que están faltando 260 millones de dólares del fideicomiso.
