La nueva administración chilena detuvo un proceso de regularización masiva iniciado por el gobierno anterior y anunció proyectos de ley y un plan de control fronterizo más estricto.
El gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast, decidió frenar un proceso de regularización migratoria para aproximadamente 182.000 personas que había sido impulsado por la anterior administración de Gabriel Boric. La medida fue confirmada por el Servicio Nacional de Migraciones y marca un cambio en la estrategia del país trasandino, priorizando el control fronterizo y la expulsión de extranjeros en situación irregular.
Según informaron las autoridades, el gobierno saliente había preparado un decreto para regularizar a migrantes que ingresaron de forma irregular y participaron en un empadronamiento. Sin embargo, la nueva conducción descartó su implementación. “No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, afirmó el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.
El funcionario justificó la decisión al señalar que, según sus datos, alrededor de 6.000 personas dentro de ese grupo habrían cometido delitos. Además, anunció que se intensificarán las fiscalizaciones en lugares de trabajo con mayor presencia de extranjeros irregulares, especialmente en sectores como la construcción y la gastronomía, aunque aclaró que los operativos “no tendrán un carácter persecutorio”.
Esta política se enmarca en un plan más amplio presentado por el gobierno de Kast, quien asumió la presidencia en marzo con promesas de aplicar una “mano dura” en materia migratoria. El plan incluye la puesta en marcha del “Plan Escudo Fronterizo”, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en zonas fronterizas clave, particularmente en el norte del país.
Paralelamente, el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley. Uno busca sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular de migrantes, mientras que el otro pretende tipificar como delito el acceso ilegal al territorio chileno. Estas iniciativas abren un nuevo escenario en el país vecino y anticipan un debate sobre seguridad, derechos humanos e integración regional.
