“Un impacto que pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema de salud privado”. Así describieron desde una de las principales prepagas del país el fallo que el último viernes ordenó devolver a los afiliados lo cobrado por las empresas de medicina por encima de la inflación desde el mes de enero. Las compañías tendrán cinco días para presentar su plan de reintegro tras la publicación del edicto judicial en el Boletín Oficial.
Pese a las quejas del sector, la forma en que finalmente terminó plasmada esta “desregulación vigilada” de las cuotas de las prepagas evidencia -al analizar diferentes variables numéricas y burocráticas- un saldo relativamente favorable para las empresas. Dicho con otras palabras, el escenario de facturación para la medicina privada podría ser aún peor todavía del que -con idas y venidas- busca consolidar el oficialismo.
El porcentaje que el Gobierno habilitó a las prepagas para que actualicen las cuotas es el Indice de Precios al Consumidor (IPC), que -como se informó- al mes de mayo da un incremento del 114,6 por ciento sobre la cuota de diciembre. Ese aumento es inferior a los incrementos aplicados por las prepagas en los últimos meses, que habían acumulado entre el 150 y el 160 por ciento hasta abril. Sin embargo, al final de este largo y sinuoso camino las financiadoras de salud habrán hecho una avance para sus arcas a partir del DNU 70.
El gran salto en los precios de las cuotas, visto en perspectiva, se dio en noviembre, diciembre y enero. La nota aclaratoria del último jueves sobre la resolución 1/2024 de la Secretaría de Comercio habilitó tomar el IPC desde noviembre, lo que significa un cambio drástico con la letra original de la misma resolución (hablaba de diciembre) y más aún respecto de los valores que la administración anterior de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) había previsto para esos meses.
La SSS emitía cada mes el Indice de Costos de Salud (Resolución 2577/22), que sistemáticamente pisaba las cuotas de las prepagas, con índices menores a la inflación. Tanto las pisaba que si se compara lo que hubieran aumentado las prepagas entre noviembre y enero con ese valor regulado, la cuenta final da un saldo sensiblemente menor al arrojado por el IPC.
Milei en California, este lunes. El Presidente decidió liberar las cuotas de las prepagas pero luego intervino. Foto: AFPLa SSS conducida hasta comienzos de diciembre por el médico sanjuanino Daniel López, durante la gestión kirchnerista, había fijado ya el Indice de Costos de Salud (ICS) para esos meses: 10,98% en noviembre, 11,51% en diciembre y 6,26% en enero. En cambio, el IPC de ese periodo fue de 12,81%, 25,47% y 20,6%, respectivamente.
Si se toma como ejemplo la cuota de una prepaga por la que en octubre se pagaba 200 mil pesos, con el ICS se habría llegado a enero a un total de 263 mil pesos. En cambio, con el IPC esa cuenta llevó el monto a 341 mil pesos. Es decir, casi un 30 por ciento más. La brecha seguramente se hubiera ampliado en los meses subsiguientes bajo la tutela del sistema anterior.
Si bien el DNU/70 empezó a regir el 29 de diciembre de 2023, por lo que a partir de ese momento la actualización por ICS quedó abolida al retirarse la SSS como ente regulador y empezar una nueva etapa de liberación de cuotas, la aplicación de la resolución de la Secretaría de Comercio está impactando incluso sobre noviembre y diciembre, cuando el decreto libertario aún no estaba vigente. Más aún: la aclaratoria de Comercio que lo convalidó es del 2 de mayo.
Confusión con el índice de aumento aplicado
Sobre el índice de actualización autorizado por el Gobierno a mayo (el 114,6 por ciento), parece haber una creciente confusión de los afiliados, que no terminan de entender lo que se les está cobrando. Mientras el Gobierno no termina de comunicar públicamente con claridad el tema, una veintena de pacientes que ya venía llevando adelante amparos contra las prepagas impugnaron en la Justicia el índice en cuestión, que fue avalado por el juez Juan Stinco el último viernes.
La abogada Valeria Carreras se presentó el mismo viernes -apenas conocido el fallo- con las impugnaciones de los clientes que representa. Uno de ellos es el periodista Samuel “Chiche” Gelblung. El escrito de la abogada dice: “En caso de aplicarse la fórmula a la que insta la sentencia de marras (N. de la R.: el fallo de Stinco) estaríamos frente a un nuevo perjuicio como afiliado, expuesto a una suerte de anatocismo (N. de la R.: el pago de intereses de intereses) o de mínima a la doble imposición de aumentos superpuestos”.
Juan Stinco, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, falló el último viernes a favor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Foto: VideoA lo que se refiere Gelblung -a través de su abogada Carreras- es que en noviembre y diciembre las prepagas ya habían aumentado, a través del mencionado ICS. Sin embargo, desde el Gobierno explicaron que dicho índice tenía un delay de dos meses. “El cálculo que otorgaba la Superintendencia iba con cierto rezago. Los aumentos de noviembre y diciembre correspondían a datos de periodos anteriores, de septiembre y octubre”, dijeron.
Con ese argumento, afirman que “los índices de noviembre y diciembre hubieran quedado en un limbo de no haber sido tenidos en cuenta para calcular el ajuste a mayo (N. de la R: cuyo IPC es el de marzo, último disponible). Las prepagas en noviembre y diciembre, en realidad, habían aplicado el ICS de septiembre y octubre”.
Cuando el DNU 70 liberó las cuotas, las empresas aumentaron entre el 38,5 y el 40 por ciento sólo en enero, contra un ICS que -como se dijo- hubiera sido del 6,26 por ciento. No fue hasta mediados de abril -tras sucesivos incrementos- que el Gobierno decidió ir contra lo que consideró abuso y cartelización. Esa parte de la historia corre por otro carril, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que involucra a siete prepagas y amenaza con sumar a otras trece.
Mientras la Unión Argentina de Salud (UAS) luce virtualmente desguazada tras la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia, en la noche de este lunes se conoció la primera respuesta organizada del sector a la política del Gobierno. La Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (ACAMI) emitió un comunicado en el que, por un lado, rechaza la acusación de cartelización: «Los aumentos de las cuotas no han sido uniformes, existiendo amplias brechas entre los montos de incrementos y los momentos de aplicación entre los distintos financiadores».
ACAMI, que agrupa a las instituciones prestadoras y financiadoras de la salud privada sin fines de lucro, afirma también que «los aumentos en los aranceles prepagos, a pesar de su impacto en el bolsillo de los afiliados, no llegan a recomponer años de atrasos, ocasionados por la regulación de la medicina privada, existente desde 2012 hasta 2023″. Y agrega: «En el mismo periodo se agregaron a la cobertura más de 100 leyes que obligaron al sistema a cubrir el tratamiento de enfermedades, sin definir la contrapartida para su financiamiento».
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