Las generadoras eléctricas, nucleadas en AGEERA, enviaron una carta al ministro de Economía Luis Caputo rechazando el pago de la deuda atrasada de Cammesa con bonos que cotizan a la mitad de su valor.
Economía publicó este miércoles la resolución 58/2024 que resuelve el pago pendiente de diciembre y enero con el bono AE38, lo que representa una quita del 50% a la deuda por subsidios energéticos que tiene el Gobierno con las generadoras eléctricas y las productoras de gas (petroleras).
AGEERA, que reúne a empresas como Pampa, AES y Central Puerto, no está de acuerdo con la modalidad de pago porque, según aseguran, afecta los derechos contractuales de las generadoras y es «una violación a su derecho de propiedad privada».
Además, indicaron en la nota, «impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales» e «implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses».
La nota está firmada por el presidente de AGEERA, Gabriel Baldassarrea, y fue enviada con copia al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y al gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia.
Entre las siete razones para oponerse a la forma de pago elegida por el Gobierno, la entidad asegura que «afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados».
También afirman que «resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado».
Las generadores agregan que el pago con bonos «compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores los cuales forman parte de su propiedad.
Finalmente, las empresas sostienen que «afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el mercado eléctrico mayorista (MEM), lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento.
La deuda total que tiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las generadoras de energía y petroleras alcanzaba hasta el mes pasado los $ 1.074.258.000.000 ($ 1,07 billón) o el equivalente a unos 1.250 millones de dólares. De eso se tendrá que hacer cargo el Tesoro, por mantener los subsidios para hogares -al fijar precios que no reflejan del todo los costos del sistema-.
En tiempos en que el Gobierno busca que el Senado apruebe la Ley Bases con su capítulo de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), las empresas recuerdan que los contratos con CAMMESA se firmaron «en el marco de regímenes de promoción de inversiones en un sector en el cual, a pesar de existir la necesidad de nueva generación, no estaban dadas las condiciones para la inversión privada producto de una señal de precio fuertemente distorsionada por los subsidios».
Por eso, aseguran que «una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país. De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica».
Especialmente inaceptable
Para las eléctricas resulta «especialmente inaceptable» que el Gobierno haya atado el pago en efectivo de las deudas de febrero a que las empresas acepten el pago de las deudas de diciembre y enero mediante bonos. Además, aseguran que, desde mediados de abril, Cammesa tenía fondos disponibles para pagarles.
La nota concluye advirtiendo que muchas generadoras, por esa falta de pago, se vieron obligadas a «reprogramar mantenimientos, diferir la cancelación de costos operativos corrientes, aplazar el tratamiento de paritarias sindicales, siendo objeto de medidas de fuerza y hasta se han visto forzados a poner en riesgo el pago de salarios, encontrándose en muchos casos al límite de sus capacidades financieras. Esta situación afecta el desarrollo normal de nuestra actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema«.
NE
