Unos diez beneficiarios de planes sociales que dieron su testimonio en la causa que investiga cómo eran extorsionados por dirigentes piqueteros fueron incluidos dentro del programa de protección de testigos que depende del Ministerio de Seguridad por temor a represalias de los sectores involucrados en el caso.
“Las máximas referentes del comedor son Gloria y Rossmery. Mucha gente del comedor les tiene miedo a Gloria y Rossmery”, dijo uno de los testigos con identidad reservada a la hora de contar lo que ocurría dentro de uno de los comedores bajo investigación.
A ese planteo le siguieron otras declaraciones testimoniales, inicialmente, ante el fiscal Gerardo Pollicita que determinó que la “Asociación Civil Polo Obrero” como la inscripta por Barrios de Pie, bajo el nombre “Caminos de Tiza”, compartían un mismo “modus operandi”. Dijo el representante del Ministerio Público: “se comprobó que había personas colocadas en un escalón superior a los referentes de cada comedor, que coordinaba el funcionamiento de varios comedores en esta ciudad e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.
La división de roles contaba con las personas encargadas de “cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social”. El centro de operación de estas maniobras eran los comedores.
El primer dictamen en el que se imputó a 27 dirigentes sociales por este tipo de acciones y otras vinculadas a la presunta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos públicos y al posible desvío de los mismos, contó con cinco declaraciones testimoniales.
Junto a otra documentación incorporada al expedientes, aquellas primeras declaraciones le permitieron a la fiscalía armar la estructura inicial de los posibles delitos que cometían dirigentes sociales “al amparo de las personas jurídicas inscriptas como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo y recibían subsidios del Estado Nacional”.
Los testigos de identidad reservada en cada caso, relataron precisa y detalladamente el “modus operandi de los autores y aportaron pruebas electrónicas que refuerzan sus dichos”. Esto derivó en las intervenciones telefónicas de los abonados de los acusados.
Esas primeras declaraciones resultan de un recorte de 45 hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de más de 940 llamados denunciados por el Ministerio de Seguridad, a la Línea 134 que expusieron diversas amenazas y extorsiones a quienes no asistían a la marcha de diciembre pasado, la primera que se organizó en contra del gobierno de La Libertad Avanza.
Después de escuchar los primeros testimonios, esos dichos fueron cotejados con diversas comunicaciones telefónicas que constan en el expediente, que los dirigentes piqueteros imputados mantenían con diferentes beneficiarios de planes sociales que se animaron a contar los hechos. “Existe un riesgo cierto de que los imputados hostiguen o amenacen a testigo”, ya había advertido el fiscal Pollicita cuando pidió la detención de los acusados.
En esta instancia de la investigación, el juez Casanello que concedió con el aval de la fiscalía la exención de prisión a los 27 acusados, entendió que se debía volver a ofrecer a los testigos que, para su resguardo y seguridad, ingresen al programa de protección.
Ante el juzgado se sumaron nuevos testimonios las últimas semanas, reforzando la tesis inicial de la investigación que apunta a las extorsiones que sufrían los beneficiarios de planes y ayudas de asistencia social. Mecanismos que se reiteran y que se aplicaban cuando no se cumplían con la asistencia a marchas y movilizaciones.
La mayoría de los imputados en esta causa, residen por lo general en la misma zona que las víctimas y tienen como punto de encuentro los comedores, en barrios en los que las organizaciones sociales cuentan con un importante despliegue territorial.
Con la finalidad de neutralización que los testigos corran algún tipo de peligro, el juzgado recomendó con los cerca de diez testigos que brindaron valiosa información al expediente, sean incorporados al programa de protección que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Este programa -que integra por ejemplo, el ex chofer Oscar Centeno quien destapó el escándalo de los Cuadernos de las Coimas-, se encontraba hasta este año bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El titular de dicha cartera, Mariano Cúneo Libarona, entendió que debía quedar dentro del ministerio que conduce Patricia Bullrich.
A la hora de fundamentar el cambio de organismo bajo el cual continuaría funcionando el Programa de Protección de testigos, se señaló que era “más razonable que pase a Seguridad. Los motivos se analizaron técnicamente en ese momento y daban cuenta que era lo mejor. Porque además tienen más herramienta para proteger, ubicar y cuidar a los testigos”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Cuando el traspaso se decidió dentro del Programa había 35 testigos protegidos. A los que se deben sumar los diez de la causa que investiga las extorsiones, coacciones y la administración fraudulenta que habrían cometido los dirigentes sociales acusados.
Al evaluar cada caso, después de escuchar los datos proporcionados a la investigación, el juez Casanello pidió que se les garantice la protección que se brinda una vez que se es parte del Programa. Según pudo saber Clarín de fuentes oficiales, fue por pedido del juzgado que la ministra de Seguridad puso en marcha los mecanismos de resguardo hacia los testigos de la “causa piqueteros”, oficializando su ingreso al sistema de Protección.
Los testigos de este expediente judicial, hace unos días, ingresaron a este programa que les garantiza protección completa. Y todo lo que fueron contando en la causa, y las pruebas que aportaron, está bajo reserva absoluta de sus identidades ya que las defensas de los 27 dirigentes sociales acusados, volverán a tener acceso a la causa cuando se levante el secreto de sumario.
En una primera etapa, cuando los denunciantes prestaron declaración ante la Fiscalía, se les hizo saber su derecho a recibir protección y la posibilidad de, eventualmente, ser incluidos en el Programa de Protección de Testigos, pero fueron los propios testigos los que dijeron que, por el momento, no consideraban necesaria esa protección, precisamente porque habían entendido que su identidad estaba reservada y, por lo tanto, no había peligro de que los acusados conocieran su testimonio.
Con el avance de la investigación y tras haber sumado más testimonios, el juez Casanello entendió que era necesario que todos los testigos ingresen al programa de protección, medida que convalidó Patricia Bullrich y se les comenzó a brindar la seguridad necesaria como a tomar los recaudos que demanda ser parte de este plan.
Hay un punto que fue resaltado por la fiscalía en su dictamen acusador, y es que los ciudadanos formularon denuncias por estos hechos únicamente cuando el Estado Nacional habilitó una línea telefónica oficial para que puedan realizarse con carácter anónimo.
Cuando la Fiscalía comenzó a citar a los denunciantes para ratificar sus dichos, muchos se negaron ya que preferían permanecer en el anonimato. En tanto, aquellos que concurrieron “manifestaron que no necesitaban protección especial en la medida en que su identidad permaneciera reservada, todo ello es porque entre el numeroso conjunto de víctimas de estos hechos existe un temor cierto de que los aquí imputados tomen represalias en su contra por poner en conocimiento de la justicia estas circunstancias”, explicó Pollicita en su momento.
La causa pone un particular énfasis en la protección de los testigos por su estado de vulnerabilidad y a raíz de esta condición, por los datos brindados siendo a su vez, víctimas de diversos hechos de extorsión y coacción.
Todas las organizaciones sociales bajo investigación en esta causa penal, son sospechadas de haber “desplegado un modus operandi que permite entrever un elemento común en todas ellas que es, justamente, el haberse valido de las facultades que el Estado Nacional les otorgó a cada una de las Unidades de Gestión”. Bajo esta figura era que se firmaban los diferentes convenios que les garantizaba el flujo constante de fondos millonarios por parte del Estado.
Estas herramientas que les fueran conferidas para la administración de fondos correspondientes a diversos programas, entienden los investigadores, fueron las que los dirigentes piqueteros “utilizaron como vehículo coactivo por parte de los acusados quienes desplegaron prácticas ilícitas tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados a la asistencia social de los beneficiarios del plan y coaccionarlos con el objeto de forzarlos a participar en “movilizaciones” a las que convocaban”.
Todo esto funcionaba bajo la expresa advertencia de que, “en caso de no cumplir con tales exigencias, no recibirían los alimentos que distribuía el Estado Nacional y/o serían dados de baja del Plan Potenciar Trabajo. Inclusive, en muchos casos se ha detectado que, además del pago de las “cápitas” o “cuotas” mensuales, se exigía a las víctimas que entregaran nuevas sumas de dinero por cada vez que retiraban los alimentos o mercadería del comedor, e incluso en un caso que procedían a la reventa de los alimentos; todo ello a pesar de que el Estado Nacional los había distribuido gratuitamente a cada uno de los establecimientos”.
