El escándalo por los supuestos negociados con los seguros que contrataban distintas oficinas estatales pagando comisiones por encima del mercado sigue creciendo. La causa radicada en el juzgado de Julián Ercolini inició con la denuncia de las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros.
Esa norma, investiga la justicia, favoreció -o promovió- una supuesta maniobra irregular con la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones. La justicia federal ya tiene 45 contratos detallados con el broker que intervino en cada caso, y en función de eso por pedido del Ministerio Público Fiscal se amplió el período de investigación: ahora abarca toda la presidencia de Alberto Fernández.
A criterio de los investigadores, la decisión del ex Jefe de Estado “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Por eso está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
También se encuentran imputados en la causa los brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa (esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.
Respecto al amigo del broker amigo de Alberto Fernández, Martínez Sosa, la justicia señaló en otra resolución que su importancia radica en que, en función de una auditoría realizada, “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación, referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad, representando casi la mitad del monto total relevado”.
Martínez Sosa, un «productor organizador»
Ante la consulta de Clarín, desde el entorno de Martínez Sosa señalaron que él “no tiene relación societaria ni propiedad vinculada a Bachelier (otra de las firmas beneficiadas). Es un productor organizador, que reúne a diversos productores, cerca de 15 mil, que pueden ser productores individuales. Les da la infraestructura de su sociedad, de su empresa con la apoyatura que necesita. Y ellos facturan de forma diferenciada».
En función de la documentación que el juzgado tiene bajo análisis, Martínez Sosa aparece en contratos con el área de Turismo, Gendarmería Nacional, también el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad. Todo se concretó a través de Bachellier.
En el último mes, la justicia incorporó a la investigación elementos que la llevaron a «ampliar la hipótesis delictiva inicial, en tanto revelan que esos mismos comportamientos se habrían desarrollado de forma previa al dictado del Decreto 823/21”.
Hay documentos aportados por Nación Seguros según los cuales se designaron intermediarios o “brokers” desde diversos organismos y entes del Estado Nacional, antes del cuestionado decreto de Alberto Fernández.
Es decir, la justicia tiene bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que dan cuenta sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros de forma previa a la firma del cuestionado Decreto.
“Teniendo en cuenta que los nuevos elementos de prueba incorporados a la causa permiten sospechar sobre la comisión del mismo comportamiento delictivo inicialmente denunciado, pero durante un periodo mayor de tiempo, esta representación del Ministerio Público Fiscal considera que corresponde ampliar el objeto de investigación oportunamente delimitado, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023”, requirió la fiscalía hace unas semanas. Es decir que toda la presidencia de Fernández quedó bajo la lupa.
El detalle de los contratos
Son 45 los contratos de seguros entregados a la justicia por diversos organismos y entes estatales. El detalle es el siguiente, con la fecha de la firma y el broker involucrado:
Armada Argentina, del 25 de octubre de 2022 (Diego Savio); Gendarmería Nacional, del 5 de octubre de 2020 (Bachellier SA); ANMAT, del 26 de octubre de 2022 (Madero Asesores de Seguros); Fundación ArgenINTA, de octubre 2021 (Proasesor SRL); Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del 16 de mayo de 2023 (Adrián Ramírez y Silvana Grande); Hospital Nacional Baldomero Sommer, del 1 de agosto de 2022 (Madero Asesores de Seguros).
El extenso listado al que accedió Clarín, incluye al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del 15 de diciembre de 2021 (Castello-Mercuri); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, del 7 de septiembre de 2022 (Natalia Yanina Pérez); el Fondo Nacional de las Artes, del 23 de septiembre de 2020 (Héctor Martínez Sosa); e IMPSA, del 27 de septiembre de 2023 (Valiant).
También se firmaron bajo estas características contratos entre Nación Seguros y Corredores Viales, del 30 de diciembre de 2022 (Bri Brokers); la Casa de la Moneda, del 21 de marzo de 2023 (Héctor Martínez Sosa).
Se consigna igual a la ANSES, del 22 de mayo de 2023 (San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y TG Broker), que fue el caso puntual que destapó el escándalo tras la revelación de Clarín.
Hay más. Los contratos incluyen a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (29 de marzo de 2022, Castello-Mercuri); a la Comisión Nacional de Energía Atómica (9 de enero de 2023, Net Broker); a la Dirección Nacional de Vialidad (24 de septiembre de 2022, Levelar); la Fábrica Argentina de Aviones -FADEA- (31 de mayo de 2022, Marsh); y la Sedronar (15 de noviembre de 2022, Net Broker).
Entre otros contratos, se consigna el que se firmó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, del 21 de enero de 2021 (Consultable); con la Secretaría de Agricultura, del 26 de abril de 2023 (París Broker); la Superintendencia de Servicios de Salud, del 2 de marzo de 2022 (Héctor Martínez Sosa).
Por otro lado, el juez Ercolini analiza la misma maniobra replicada en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del 20 de julio de 2023 (París Broker); la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado, del 29 de septiembre de 2020 (Javier Marcelo Rodríguez Gómez); el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 10 de mayo de 2022 (Fernando Carlos Salim).
El INCUCAI también contrató a Nación Seguros, el 5 de septiembre de 2022 (Laura Elena Crisafulli); igual que el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, de octubre de 2022 (Madero Asesores de Seguros); la Dirección General del Ministerio de Economía (20 de abril de 2022, Net Broker) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, el 17 de febrero de 2022 (Mariana Benítez).
Un listado interminable
Los 45 contratos entregados y estudiados, suma a Belgrano Cargas y Logística (8 de septiembre de 2022, Promecor Productora de Seguros Generales); INVAP (11 de agosto de 2020, Castello-Mercuri); la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (1 de junio de 2022, María Florencia Laura Hoyos); la Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad (22 de septiembre de 2020, Bachellier).
El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó su contrato el 3 de noviembre de 2020 (Emanuel Calvo), y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa el 12 de enero de 2022 (Gerardo Rotondo y Tomás Barbeito).
Entre Sociedades Anónimas y Sociedades del Estado, el detalle expresa: Veng SA (5 de febrero de 2023, Fernando Martin); y Radio y Televisión Argentina (25 de febrero de 2022 ,Gerardo Rotondo, Tomás Barbeito y Emiliano Marchesi). Fuera de esa estructura societaria, se encuentra también Termoeléctrica José de San Martín (4 de noviembre de 2022, AON Risk Services Argentina).
El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación es parte del listado: firmó el 23 de septiembre de 2020 (Norberto Matías Garrido); también la Administración General de Puertos (31 de mayo de 2021, Promecor Productora de Seguros Generales); y el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (17 de enero de 2023, Mariana Benítez).
La justicia tiene en sus manos el contrato de Pampa Energía del 26 de octubre de 2022 (Lockton Sociedad de Productores Asesores de Seguros); el de ARSAT (24 de mayo de 2023, Aspen Broker); la Colonia Nacional Manuel Montes de Oca (3 de diciembre de 2021, Madero Asesores de Seguros); y Dioxitec (11 de marzo de 2022, Castello Mercuri).
Finalmente, Nación Seguros firmó contrato con el Tribunal de Tasaciones de la Nación (19 de junio de 2023, Net Broker); y con el Servicio Geológico Minero Argentino (12 de abril de 2022, Leonardo Dupuy).
