La Fiscalía de Madrid solicitó a finales del pasado mes de agosto la destrucción de «cualesquiera informes o documentos» que habían sido volcados desde los dispositivos incautados en el domicilio y en la sede de las mercantiles de Juan Carlos Barrabés, el empresario que colaboró en la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid y fue recomendado por ésta de cara a la obtención de adjudicaciones públicas.
El escrito, al que ha tenido acceso este diario, se envió al juez Juan Carlos Peinado cinco días después de que se realizara el registro a pesar de que Barrabés –imputado en la causa en la que se investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a la mujer de Pedro Sánchez– se encontraba ese día hospitalizado dada la grave enfermedad que padece.
Peinado había ignorado una primera petición de la Fiscalía realizada de urgencia el mismo día que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaban los registros y se incautaban de varios dispositivos electrónicos del empresario y su familia.
Estos registros se enmarcan en una pieza del procedimiento declarada secreta, que indaga sobre la relación comercial entre Barrabés y varias administraciones públicas, y continuaron según informó este diario el pasado 25 de septiembre en la sede de la entidad pública Red.es, que fue la que adjudicó varios servicios a una UTE de la que formaba parte la mercantil de Barrabés recomendada desde la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez.
Justificación genérica
Tanto en este escrito como en el anterior que buscaba paralizar los registros, el Ministerio Público cuestiona la medida adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 por «extensa y desproporcionada a los fines de la investigación», al no haber justificado convenientemente el juez Peinado «cuál es la sociedad afectada o personas de relevancia para la investigación» que realiza a Begoña Gómez. «De nuevo nos encontramos con alegaciones genéricas e imprecisas, que no justifican una intromisión de tal calado en la vida del investigado y de su familia«, alegaba el fiscal.
Se cuestiona también la diligencia dado el estado de salud de Barrabés: «La capacidad de autodefensa exige la integridad de las facultades del investigado para que pueda ejercer su derecho, lo que parece poco compatible con el hecho de estar ingresado en un centro hospitalario. Y ello además sin considerar, desde el derecho a la dignidad de la persona, lo terrible que resulta ser objeto de esta restricción de un derecho fundamental desde la cama de un hospital».
También Barrabés recurrió los registros efectuados en su domicilio y empresas, apuntando a la «infame politización» del procedimiento y la «reconfiguración forzada» del juez para seguirle investigando a pesar de la entrada de la Fiscalía Europea en relación con los contratos concretos con Red.es, financiados con fondos europeos.
En un informe inicial, la UCO apuntó que, en términos generales, los contratos concedidos a Innova Next SLU, de Juan Carlos Barrabés, se realizaron «aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. Sin embargo, el informe también apuntaba a la relevancia que tuvieron los criterios de carácter subjetivo a la hora de conceder uno de los contratos, por 2,3 millones de euros, a la UTE en la que participaba la citada Innova Next SLU.
