La Fiscalía de Estado de la provincia patagónica interpuso esa acción judicial contra el Gobierno Nacional y solicitó un pronunciamiento el 22 de febrero, para que la justicia ordene el cumplimiento de la normativa citada y el restablecimiento de la asistencia financiera.
Asimismo, requirió una medida cautelar urgente para restablecer el flujo de fondos mientras se resuelve la causa.
Según la información oficial, «el Juzgado Federal de Viedma ordenó al Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Educación de la Nación, a presentar un informe en la causa de amparo que el Gobierno de Río Negro inició por incumplimiento de sus deberes de financiamiento educativo desde el primero de enero pasado, violando el derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional y diversas leyes».
