Cuentas claras conservan la amistad, reza un viejo dicho. Si bien el vínculo entre el Gobierno y la administración porteña es cordial, hay un tema que causa incertidumbre en Parque Patricios: la falta de propuestas del Ejecutivo para saldar la deuda por Coparticipación Federal por el recorte que ejecutó Alberto Fernández, en septiembre de 2020, pero sobre todo para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó subir el goteo de fondos al 2,95%. En junio próximo, por necesidades presupuestarias, la Ciudad podría volver a recurrir al máximo tribunal para hacer cumplir la sentencia.
En los cinco meses de administración libertaria se sucedieron al menos tres reuniones entre el alcalde porteño Jorge Macri y funcionarios nacionales como el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y Guillermo Francos, titular de Interior. Los encuentros tuvieron por objetivo negociar temas pendientes, como la devolución de predios federales que reclama CABA, pero sobre todo encontrar vías alternativas para hacer cumplir la resolución judicial que en diciembre de 2022 dio la razón a la administración porteña en el citado litigio.
Es en este contexto en el que en el Gobierno porteño sostienen que el próximo mes las arcas del distrito entrarían en crisis por una combinación de factores: la poda de partidas nacionales, como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la menor recaudación por Ingresos Brutos por la actual recesión sumada a la de la percepción aplicada a la tenencia de las Leliqs, casualmente, por una gestión de un funcionario ligado a Caputo, Santiago Bausili (Banco Central).
Junio, de esta forma, asoma como el mes en el que los abogados del Gobierno porteño presentarían otro recurso ante la Corte para hacer cumplir con una resolución que aumentaría el flujo diario de recursos coparticipables al distrito.
No hay plata
Es que si bien en la Ciudad reconocen la buena predisposición de la Nación a negociar un tema urticante que había gestado la anterior administración, no se observan soluciones a la vista mientras se encuentre vigente la manda libertaria de «No hay plata». El propio Javier Milei, este jueves en ocasión de disertar en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, reconoció que «A ´Toto´ Caputo hay que llamarlo ‘chanchito de yeso’ porque para sacarle un mango hay que romperlo todo”.
Lo que ocurre es que, más allá del cambio de signo político en la Casa Rosada y las coincidencias que llevarían al propio Macri a firmar el Pacto de Mayo, las necesidades presupuestarias de la Ciudad la llevarían a acelerar la estrategia judicial para hacerse de los recursos. En julio de 2023 el Gobierno porteño había pedido embargar las cuentas del Banco Nación a fin de que se cumpla la cautelar citada. Por ahora, se desconoce qué recurso utilizaría la Ciudad en esta nueva avanzada.
Si bien la deuda consolidada que reconocen en CABA es la acumulada desde que falló la Corte, unos $ 588.000 millones a la fecha, hoy la urgencia está en actualizar el goteo diario que ingresa las arcas porteñas en el porcentaje que definió el máximo tribunal.
También hay alternativas sugeridas desde Nación para encontrar algún tipo de acuerdo que no lograron avanzar, como la supuesta cesión de terrenos federales dentro del ámbito porteño. Se trata de tierras ferroviarias en la zona sur pero también los predios que históricamente reclama CABA, como la cárcel de Devoto o el Mercado de Liniers. Desde el AABE (Agencia Administración de Bienes del Estado) sostienen que en este último caso, hay un convenio de uso y los casi $157 millones que gasta CABA serían en concepto de «expensas». También recuerdan que en el caso del predio del ex penal de Caseros «ya se firmó la escritura y se transfirió a (CABA) el 8 de febrero de 2022».
