Legisladores del núcleo duro halcón del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) impulsan un pedido de juicio político contra el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Acosta, por la causal de “mal desempeño en sus funciones”. La iniciativa lleva las firmas del liberal Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) y de los siete legisladores del bloque Frente Cívico, que comanda el juecista Walter Nostrala.
Los halcones opositores fogonean el pedido contra el titular de la cartera de Economía de la administración Llaryora, a raíz de “los aumentos confiscatorios del impuesto inmobiliario para el año 2025”, argumentó el alineamiento opositor.
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En los fundamentos del proyecto, los ocho parlamentarios de JxC cuestionaron la “presión tributaria” que afecta a familias, comerciantes y productores que “es imposible de afrontar y perjudica el desarrollo económico de la provincia”. La embestida cambiemista se centró en que el “impuestazo” -fue el mote que le puso la oposición al aumento de los inmobiliarios Urbano y Rural, y que el PJ desmiente- “supera ampliamente los límites establecidos en la propia Ley Impositiva que el Ejecutivo presentó el año pasado” el responsable del área económica del gobierno peronista, afirmó el ala dura de la oposición.
Según Maqueda y los juecistas, el Impuesto Inmobiliario Urbano tenía su límite en el índice RIPTE (con el tope de 172%), como reza el artículo 128 de la Ley Impositiva Anual que aprobó el PJ en diciembre pasado. A su vez, el ajuste anual del Impuesto Inmobiliario Rural llegaría hasta 189%. “Sin embargo, existen denuncias que determinan impuestos que superan ampliamente este porcentaje de actualización”, señalaron los halcones de JxC. Al tiempo que pusieron la lupa sobre el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) 2025 que se aplica en los inmobiliarios fijado por la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia. La oposición viene reclamando que se dé marcha atrás y se utilice el CEI del 2024.
“Nuestra labor se encuentra motivada por la creencia firme de que el exceso de impuestos, además de representar la contraparte ineludible de un monstruoso gasto público que agiganta el Estado provincial, se excede de los límites legales impuestos por la Legislatura en las leyes económicas aprobadas el año pasado, cuyo texto fue remitido por el Poder Ejecutivo. En otras palabras: la presente iniciativa no responde a una cuestión ideológica, sino de incumplimiento de la legislación vigente”, fundamentaron los cambiemistas duros.
Proceso lento e intrincado
En su avanzada contra el núcleo chico de Llaryora, el liberal y los juecistas sostuvieron que “se han agotado todo tipo de instancias posibles: reclamos populares, denuncias del sector privado productivo, citaciones de comparecencia al ministro, intento de derogación por ley, propuestas de reforma impositiva”. A renglón seguido, remarcaron: “Habiendo consumido todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance como legisladores y las del pueblo en su derecho a protestar, no existe otro modo de corregir el mal desempeño del ministro que separarlo de su cargo”.
En este caso impulsado por la oposición, el proceso viene muy intrincado y difícil de concreción, no sólo por los votos que hacen falta para que prospere una iniciativa de esta magnitud, sino por el andamiaje previo que se debe constituir en cumplimiento a la Constitución Provincial. En concreto, las salas Acusadora y Juzgadora, intervinientes en el procedimiento de juicio político, aún no han sido creadas. No es un problema de este período legislativo, sino desde la conformación de la Legislatura como unicameral.
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Por otro lado, cabe recordar que el liberal y la bancada juecista conducida por Nostrala rechazó -de plano- todo el paquete económico 2025 del gobierno provincial en la sesión del 12 de diciembre, donde el oficialismo logró los votos para sancionar las tres leyes económicas para este año.
En la justicia
Por su parte, el legislador Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) presentó en las últimas horas un pedido de inconstitucionalidad al aumento de impuestos dispuesto por el gobierno provincial para este año.
El parlamentario vecinalista -en calidad de contribuyente- planteó el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. En su presentación, el opositor sostiene que la aplicación de coeficientes discrecionales distorsionan la legalidad y transparencia del impuesto Inmobiliario.
