La escena tuvo lugar en el comedor del tercer piso del edificio de Avenida del Libertador 174, a mediados de junio del año pasado. Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, reunió a un grupo de ejecutivos de cuentas de la firma para hacerles un pedido sin rodeos: necesitamos que traigan plata.
Sin prender alarmas, pero para acallar algunas dudas que empezaban a merodear, dio una explicación del estado de la empresa. Habló de algún inversor que se iba y pronosticó escenarios electorales. Vendió un futuro. Fue una de las tantas reuniones que dio en ese tiempo, en las que mostraba números positivos y trataba de llevar tranquilidad, principalmente a su propia tropa, mientras reclamaba que aparezcan más inversores. En algunas solía ir acompañado incluso por Harry, su inseparable perro. Un bearded Collie gigante que usualmente se paseaba por los pisos de la empresa recibiendo los mimos de los empleados.
Faltaban apenas quince días para que todo se desplomara.
Quienes reconstruyen las últimas semanas son un grupo de ex empleados de la firma, que acompañaron los años de crecimiento de la fintech, invirtieron su propio capital e incluso llevaron familiares y amigos. Todo parecía marchar bien. Ahora ven que los números que les mostraban eran «dibujados». Al igual que los inversores damnificados, perdieron sus ahorros.
Alejandro Muszak, el CEO fintech acusado de múltiples estafasComandada por Muszak, un empresario del rubro financiero hoy preso en el penal de Dolores, Wenance tenía bajo su paraguas una serie de negocios que actualmente están siendo investigados por varios frentes. Hay denuncias civiles, penales y hasta federales que van desde la quiebra fraudulenta al lavado de activos. Un entramado de causas judiciales que se pisan, se solapan, se traban y en las que, insólitamente, hasta se perdieron celulares clave que debían ser peritados.
En el medio, se estima que hay unos 8 mil inversores que perdieron sus ahorros en la firma que manejaba capital por casi 300 millones de dólares.
El corazón del negocio de Wenance era ofrecer préstamos personales con mínimos requisitos a personas que estaban fuera del sistema bancario, los cuales eran adjudicados de manera online. Se tardaba «entre 3 y 5 minutos en sacarlo», según se jactaban en la empresa. Lo hacía a través de varias firmas de fantasía, como eran Mango, Welp, Presto hoy o Luquitas.
Los mismos se usaban principalmente para compra de bienes de consumo como electrodomésticos o motos, y se otorgaban a tasas muy altas.
Harry, el perro que llevaba Alejandro Muszak a todas sus reuniones en WenanceLa empresa operaba en Argentina, Uruguay, México y España, a través de Wenance Lending España y Abuntia Services. El paraguas de negocios incluía a la ALyC Liebre Capital (una firma que operaba en la bolsa de valores), Arrayanes/Big Capital (una tercerizada que contrataba al equipo de asesores comerciales que llevaban los clientes), Zeif (Seguros) o Ávilis Real Estate (inmobiliario).
Pero la más polémica de todas ellas era Be Capital Inversora SA, una firma que tomaba dinero en negro y ofrecía rendimientos a través de mutuos firmados por su titular, el abogado Rodolfo Cleto García. Muszak afirmó a este medio que esa empresa no es suya y que se la quieren endilgar, pero tanto inversores como ex empleados remarcan que era el CEO quien estaba a cargo. Algunos damnificados que hablaron con Clarín remarcan que acordaron personalmente con él la inversión antes de ingresar el dinero allí.
Cleto García, el presidente legal de la empresa, es uno de los seis detenidos que tiene la causa que impulsa el fiscal Alejandro Guevara, de la UFI Vicente López, en la que se investiga una estafa y asociación ilícita por 1,5 millones de dólares.
La empresa tiene otras particularidades. Como vicepresidente figura M.R.D., un mecánico y chapista de Lanus que, ante la consulta de este medio, afirmó no tener «ni idea» del nombramiento, que hasta figura en el Boletín Oficial. «Yo fui inversor de la empresa y me quedó plata adentro, pero muy poquito», agrega. Dice que tampoco conoce a Cleto García, pero sí a Muszak.
La empresa por dentro: fideicomisos inflados, triangulaciones y la sospecha «ponzi»
Según pudo reconstruir Clarín, la empresa contaba con un equipo comercial cercano a las 170 personas, que tenía por tarea generar una cartera de clientes. Los mismos empleados cuentan que ofrecían inversiones en los fideicomisos de Wenance, en inmuebles de Ávilis o en los mutuos de Be Capital. No existía diferencia, era todo lo mismo.
Eso les permitía ofrecer opciones para inversores con dinero declarado y en negro. «Tenías que traer inversiones genuinas para el mercado local o para el extranjero. Teníamos distintas canastas y a vos te medían de acuerdo al rendimiento que tenía esa canasta. Vos siempre tenías que estar por arriba del 75% de lo que te exigía comercial. Si estabas por arriba, todo bien», comenta J., cuyo nombre fue alterado por expreso pedido.
Material incautado por la UFI de Vicente López en el allanamiento a WenanceJ. entró en enero de 2021 y rápidamente quedó legalmente contratado por Big Capital. Dice que no le causó sospechas la empresa porque era «muy seria». «Tenía estándares muy altos y un compliance riguroso para elegir a los inversores que ellos llevaban para la parte declarada», relata.
Una de las opciones que la empresa ofrecía a los inversores era una vía para sacar dinero del país rumbo a España a través de una triangulación con Estados Unidos, una oportunidad que se ofrecía como un camino para «escapar» del riesgo argentino. Este canal era muy utilizado por personas que emigraron al exterior durante los últimos años, como una manera de llevarse sus ahorros.
Así lo explicaron desde el estudio jurídico español Kepler-Karst, que representa a damnificados en aquel país. Sacaban una inversión de al menos seis meses, que les permitía poner el dinero en Argentina y llevarlo a España. Cuando la firma se cayó, decenas de familias emigrantes se quedaron en su nuevo país, pero sin un solo centavo.
Estas triangulaciones se hacían a través de una serie de cuentas bancarias donde el receptor final era la cuenta del banco Santander que Wenance Lending tenía en España. Este material figura dentro de la causa que tramita el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
«Allí aparecen triangulaciones en Estados Unidos que tenían como destino final Europa. Tenemos Swift con destino final Uruguay o Abuntia Services de España. Nosotros pedimos el secuestro de la carpeta de España para determinar transferencias que llegasen de Estados Unidos. Entendemos que el operador que les da el servicio es un local que recibe la plata en negro», comenta Agustín Esnal, quien es abogado dentro de la causa y profesor en Delitos Económicos de la UBA.
Pero el negocio estrella eran cuatro fideicomisos financieros, donde entraba la plata de los inversores particulares que luego se usaba para fondear los préstamos que ofrecían Wenance y Créditos al Río.
Se trata de FINUP, FINTOP, Merchant y Cilsa. Todas ellas se encuentran en distintos procesos de concurso. Si se utilizaba la figura del fideicomiso es porque existe una restricción técnica del Banco Central que veda a las fintech de la posibilidad de fondearse directamente con terceros para ofrecer créditos. Es por eso que recurrieron a esta maniobra.
Alejandro Muszak, en las oficinas de la empresa (Andres D’Elia)Un fideicomiso financiero se produce cuando el originante de un negocio agrupa titulos de deuda (en este caso, las deudas de quienes tomaban créditos en Wenance). A esos los convierte en una cartera de títulos, que sale a ofrecer al mercado. Ese proceso se conoce como securitización y permite que el tenedor de deuda (Wenance) consiga rápido liquidez vendiendo esos títulos.
El fideicomiso estaba garantizado por la firma especializada Promotora Fiduciaria (PF). Sin embargo, Promotora le cedió la administración a Wenance para que la lleve adelante. Según declaró ante la justicia Santiago Abancens, titular de PF, cuando todo estalló le sacaron a Wenance el control de la cartera de créditos y descubrieron que la mayoría «estaban adulterados». Es decir, que habían ofrecido muchos menos créditos de lo que declararon.
«Se plantea que el 80% de los títulos eran inexistentes, apócrifos. Y esos valores de deuda después se vendían hasta siete veces el mismo título», explica Milton Hernan Kees, un abogado especializado en fideicomisos y que representa a un grupo de damnificados. Fue de los primeros en denunciar la movida de Wenance y lograr allanamientos.
Según remarca el abogado, al ser un fideicomiso entre privados no estaba regulado por la CNV, lo que le permitió pasar por fuera del radar de los controles, particularmente los que supervisaban a los agentes de cobro. «Estaba ajeno a cualquier test de calidad. Al tener esos números inflados, le permitía emitir más títulos y tomar más deuda con títulos apócrifos que luego se comercializan. Tenés una bomba de relojería«, resume.
«Mi gran duda era si se trataba de un negocio que nace sano y fracasa o era un gran fraude disfrazado. Pero cuando la propia administradora (por Promotora Fiduciaria) advierte que los créditos aportados eran ficticios, ves que era un megaesquema ponzi. ¿De dónde salía la plata? No de la administración fiduciaria, sino de nuevos compradores de esos títulos», opina.
«Volaba el Rivotril como caramelos»: el día que se cayó todo
Wenance comenzó en 2013 y pagó en tiempo y forma durante años a sus inversores. Sin embargo, a mediados del 2023 comenzó a flaquear en el pago de intereses. Esto hizo que empezaran los primeros resquemores puertas adentro de la empresa, los cuales eran constantemente desmentidos por la cúpula.
Según la versión de Muszak, el estrés financiero de la empresa comenzó a partir del crecimiento en la mora de los tomadores de préstamos, causado por la crisis económica que se agudizaba el año pasado. Eso generó un descalce entre los ingresos de la firma y los pagos.
Pero, de acuerdo a la versión de al menos cuatro fuentes internas de la empresa, los problemas de caja comenzaron cuando los inversores masivamente decidieron no renovar sus fideicomisos y retiraron los fondos de la empresa.
Uno de ellos habría sido el Municipio de General San Martín, que colocó una inversión de 1550 millones de pesos en cinco títulos de deuda: VDF Lote 263-A; Lote 252-A; Lote 287-A; Lote 409-A y Lote 405-A del Fideicomiso FINUP, según documentos a los que accedió Clarín.
El fideicomiso al que suscribió la Muncipalidad de San Martín con Wenance a través de Promotora Fiduciaria,Desde la Municipalidad confirmaron que existió una inversión y que efectivamente pudieron retirar el dinero, pero se negaron a comentar las fechas y por qué se decidió poner capital del erario público en un fideicomiso no regulado por la CNV. «El Municipio hace distintas inversiones y dentro del portfolio se destinó un porcentaje menor a ese fideicomiso», respondieron.
De acuerdo a lo referido por ex empleados de Wenance, había una comisión del 3% del total de lo invertido para quienes aportaran nuevos interesados.
Pero además de San Martín, la crisis se desencadenó cuando comenzaron a rescatar fondos en mayor medida de lo que se renovaban. «Un mes común vos renovabas el 80% de los mutuos. De mayo en adelante, renovabas apenas el 30%», cuenta P., un ejecutivo de cuentas jerárquico. Estos retiros fueron los que derivaron en la reunión de Muszak en el comedor con sus empleados para pedirles que empezaran a traer plata nueva.
Además de San Martín, otros inversores de Wenance eran PyMes, empresas grandes, jueces, abogados, actores, futbolistas e incluso la barra brava de un club del AMBA. Muchos de ellos pudieron salir. Quienes quedaron adentro fueron inversores individuales que colocaron capitales producto de ahorros, herencias o indemnizaciones. Pero también inversores grandes. A uno le quedaron casi 30 millones de dólares.
Ante la salida de capitales, la empresa siguió adelante. Primero bajó los plazos de los contratos mutuos de 24 meses a 18 y finalmente a 6. Mostraban informes en los que indicaban que venía todo bien. Pero desde marzo ya habían dejado de pagar cargas sociales, por ejemplo.
R., otro ex empleado de la firma, cuenta lo que se hablaba puertas adentro. «Ellos preveían rescates pero fueron más grandes y no les dio previsión de caja. Y con los atrasos arrancó la corrida, que nadie quería renovar. Es lo que se decía. Para mí, no es tan así. Se precipitó un problema que ya tenían de antes», indicó.
La caída ocurrió el miércoles 5 de julio de 2023, cuando la empresa despidió 150 comerciales a nivel nacional y dejó de pagar los intereses de los contratos mutuos que tenían los inversores. Cayó como una bomba, no se lo esperaba (casi) nadie dentro de la empresa.
A partir de ese momento se cerraron las oficinas y comenzó un proceso encabezado por los pocos empleados que quedaban para tratar de generar reestructuraciones de las deudas con los inversores. Pasaron de 170 a 15, que tenían como función reestructurar la empresa. Muchos de los que se mantuvieron en la empresa lo hicieron para tratar de recuperar algo de la plata. En muchas ocasiones, habían metido a toda su familia
J. grafica esa mañana en una escena: «Era como el Titanic. Gente llorando, gritos, puteadas, muchísimo estrés. Se pasaban los pastilleros de clonazepan como si fuesen aspirinas». En las semanas siguientes, los que no eran despedidos se iban solos. Áreas enteras, como RR.HH., compliance o IT, se iban de a poco. No era solo bajarse del barco, eran las dudas sobre si se iba a cobrar o no el sueldo.
Incluso R., quien tenía su dinero en la empresa, fue a reclamar. Según cuenta, una de las ejecutivas le dijo entre lágrimas: «Andá a pedirle a Muszak, que sobrevendió las carteras hasta tres veces». «Ahí nos enteramos que estaba todo mal», agrega.
Lo que comenzó fue un furioso planteo para renegociar contra reloj. Había ofertas con plazos a 10 años, quitas de capital, promesas de pago con fórmulas basadas en el dólar MEP. El objetivo era tratar de reestructurar lo más posible, superar el momento de estrés financiero y seguir adelante. «‘Vendo créditos sin pagar oficinas y en un año estoy’. Lo dijo Muszak, en sus propias palabras«, reconstruye R. sobre esas horas.
Para J., la culpa fue repartida. Por un lado carga contra Muszak: «Era un almacenero que se creía empresario. Creyó que podía levantar esto», define. Pero también carga contra los controles que fallaron. «Confiábamos en los controles. Había auditorías, compliance, un gerente financiero. Era una compañía de más de 800 empleados. ¿Somos 800 pelotudos? Con lo cual la gente de Wenance sabía de esto. Ligamos más fuerte los comerciales porque éramos cara de cara al inversor», protesta.
Los inversores comenzaron a agruparse en grupos de WhatsApp, Telegram y cadenas de Twitter, primero, y luego con abogados para presionar por vía judicial. Se generaron denuncias en Neuquén, Córdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego. En esta última provincia se presentó un damnificado en 4 millones de pesos, que llegó al Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, a cargo del juez Federico Vidal.
Ese magistrado fue quien ordenó las primeras acciones en concreto, que derivaron en allanamientos en el domicilio de Muszak y firmas de la empresa. Fue allí donde se secuestraron, el 2 de agosto, 22 dispositivos más una enorme cantidad de material documental en papeles, créditos, pagarés y contratos. En ese momento, Tierra del Fuego declinaría su competencia para dejársela al Juzgado Nacional N°43, a cargo de la jueza Paula González.
El material allanado en agosto de 2023. Entre las computadoras aparece una notebook color rosa (en el medio) que se le perdió a la Policía este mes. La jueza luego no avanzó con el peritaje de los teléfonos en más de diez meses, una situación que fue advertida por los damnificados, que la acusan de beneficiar a Muszak con sus medidas. Entre ellas, dilatar las pericias o eximirlo de prisión. Incluso la propia fiscal que instruye esa causa, Mónica Cuñarro, le remarcó en un escrito que no está avanzando en nada.
Las acciones contra Wenance volvieron a moverse cuando otro grupo de damnificados denunció «haber sido estafados» ante la UFI Vicente López, que en cuatro meses de investigación logró material suficiente para detener a Muszak. Es el pedido que ahora lo tiene tras las rejas en Dolores.
Los abogados de Muszak presentaron un recurso ante la justicia para que este tribunal se abstenga de investigar y le pase toda su causa a González. La jueza hizo lugar y pidió formalmente ser ella quien siga con el caso, lo que generó broncas de los damnificados. Guevara, el fiscal de Vicente López que lo detuvo, se expidió con un escrito donde le remarcaba que ellos estaban más avanzados y rechazó el planteo. Si se traba una disputa, deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el medio, las dilaciones y demoras impactan de lleno en los inversores damnificados. Incluyendo a los ex empleados rasos de la empresa, que se encuentran apretados por tres puntas: han perdido sus ahorros, su trabajo y, en muchos casos, los inversores que ellos llevaron los señalan como responsables. Algunos no quieren saber nada con volver a trabajar en el sector. A los que buscan trabajo no los quieren tomar en ningún lado por cargar con esa mancha en el CV. Otros pidieron prestado a su propia familia para reponer las deudas que Wenance les dejó a sus propios amigos. A todos los putearon en algún momento, varios caminan con miedo.
«Lo voy llevando como puedo, pero me pegó mal. Yo sé que no tengo responsabilidad por lo que hizo este tipo, pero son amigos de muchos años, este es de los peores momentos de mi vida«, se sinceró Luis, otro empleado. «Maldigo mi hora, uno pierde la plata de uno, pero la de otros… por más que no hayas tomado una decisión sentís un compromiso moral de pagar», remarca.
