¿Puede la Ciudad de Buenos Aires enfrentar un proceso de conubanización en materia de presos? La respuesta parece ser que sí. Mientras la provincia de Buenos Aires tiene un 80% de sobrepoblación carcelaria y transita la paralización de las obras en penales para incrementar cupos, la Ciudad se encuentra al límite de un problema que no parece tener una solución de corto plazo.
Con las fugas de comisarías porteñas y los cruces entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich -que ahora está cargo del Servicio Penitenciario Federal-, los especialistas en asuntos penitenciarios no dudan: la Ciudad está al borde un problema profundo y de soluciones complejas.
O apunta a naturalizar la gestión penitenciaria (que por el momento no le corresponde) y capacitar policías para custodiar presos en alcaidías y comisarías y generar espacios de encierro acordes para paliar la crisis, algo en lo que incurrió la provincia de Buenos Aires hace décadas. O avanza en convenios y negociaciones para resolver la situación con el Servicio Penitenciario Federal, algo que no logra desde el final de la pandemia.
La situación en la Ciudad de Buenos Aires
Según un relevamiento de noticias difundidas en medios de comunicación, desde el 4 de marzo de 2023 hasta la última, el lunes en la comisaría 3A de Balvanera, hubo unas 13 fugas de comisarías y alcaidías porteñas.
Sólo de este fin de semana quedan nueve prófugos que busca la Policía Federal. Del total, si bien han logrado recapturar a muchos, incluso a la mayoría, de los que han escapado, otros evadieron a la Justicia y simplemente volvieron a las calles.
En la Ciudad de Buenos Aires hay 2.005 detenidos entre comisarías y alcaidías que no están preparadas para alojar personas por períodos prolongados.
No tienen duchas ni camas. Tampoco hay áreas de visita y los familiares deben proporcionarles la comida porque no hay dónde refrigerarla ni cocinar. Ni siquiera cuentan con ventanas.
Además de que no están garantizadas las condiciones de seguridad y ni hablar de los objetivos de reinserción social, talleres, estudio o atención a las adicciones.
Entre los motivos para entender el problema de fondo, están: la modificación de la Ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad en 2017, que limitó las salidas transitorias, las libertades anticipadas y la morigeraciones en delitos bajo la órbita de la Justicia Nacional; la Ley de Flagrancia, que permite detener personas al ser sorprendidos cometiendo el delito; y la pandemia, que dio una excusa suficiente para limitar los cupos en penales federales mientras los detenidos cumplían el aislamiento preventivo para evitar contagios masivos.
La comisaría de Balvanera donde se produjo la última fuga, el lunes. Ese combo, en medio de políticas criminales más agresivas, y la demanda de la sociedad que exige penas más largas y efectivas ante delitos de resonancia, terminan en un círculo que parece estar llegando a un límite.
Las detenciones se aceleran: el Gobierno porteño reconoce haber detenido a un 14% más de personas desde diciembre, cuando asumió la gestión de Jorge Macri y Waldo Wolf quedó al frente del Ministerio de Seguridad. Y no se suman cupos para los presos porteños.
En 2023, según datos oficiales, hubo 42 fugas de comisarías porteñas. En lo que va del año, otras 10. Los hechos, aseguran, no aumentan, pero tampoco se detienen. Son presos, con distintos prontuarios, que vuelven a las calles.
En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad planifican la construcción de la Alcaidía Central y nuevos containers para seguir sumando lugares de detención. «No vamos a dejar de detener al ritmo que lo venimos haciendo porque no tenemos dónde alojarlos porque eso implica más delincuentes en las calles», aseguran ante la consulta de este diario.
«Si se comparan los porcentajes y por una cuestión de densidad poblacional, la situación de la ciudad de Buenos Aires respecto de los presos es peor que la provincia de Buenos Aires. Lo que le pasa a la Ciudad es algo que se repite en todas las provincias, la Provincia fue la peor y la primera, pero es algo que se ha ido extendiendo», asegura Ariel Cejas Meliari, procurador adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Según datos del informe presentado en marzo, el incremento de las detenciones en la Ciudad fue de un 72,9% entre marzo de 2023 y febrero de 2024.
En este punto la gestión de Jorge Macri debería definir el camino. Hay dos alternativas. Una, que se «institucionalice la custodia» de presos con capacitación de efectivos para cumplir ese rol o incluso creando un área especializada. La otra, «se continúa insistiendo en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para que abran los cupos», aseguran en Seguridad. Si bien insisten en que hay «voluntad política» para hacerlo y acusan a la gestión anterior de dejar un «escenario catastrófico», lo cierto es que no hay decisiones concretas para resolver los problemas de fondo.
Para resolver la urgencia, opina Cejas Meliari, la alternativa sería terminar la unidad penitenciaria de Marcos Paz, lo que no está haciendo «por cuestiones políticas», pero «ante la gravedad deberían terminarla».
Obras abandonadas en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz.Ese penal surgió en 2018, cuando Mauricio Macri todavía era presidente, e impulsó un convenio entre Nación y Ciudad para construir una nueva cárcel y mudar el penal de Devoto. Algo que parece cada vez más lejos.
Esa unidad penitenciaria, dentro del Penal de Marcos Paz, está a un 72% de obra y se paralizó luego de que la gestión de Alberto Fernández terminara con su parte. La Ciudad no puso lo suyo: unos 65 millones de dólares que no está claro si están en el presupuesto 2024. La excusa de Rodríguez Larreta para paralizarla y frenar el proyecto fue la quita de un punto de la coparticipación que la Nación les sacó a los porteños. Sin ese dinero, dijo el ex jefe de Gobierno, no podría completarse la obra.
Pastos crecidos. En el Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz.Estado general de abandono, pastos crecidos y materiales desperdiciados son algunos de elementos que describió un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) presentado ante el juez Sebastián Casanello luego de que lo solicitara en un hábeas corpus para evaluar la situación estructural de presos.
«Naturalizar que la Policía es custodia es una locura, en ningún país serio es razonable. Si vos te ponés a pensar, los presos de la Ciudad son de la Nación, están a cargo de jueces nacionales. Y los jueces nacionales no quieren pasar a la órbita de la Ciudad. Es un tema complicado. Pero si tuvieran (NdR: por la Ciudad) un servicio penitenciario, podrían generar convenios, trabajar con la Nación y albergar detenidos que hayan sido detenidos en la jurisdicción de CABA y custodiarlos», asegura Cejas Meliari ante la consulta de este diario sobre la posibilidad de soluciones de corto y mediano plazo.
Para eso sería indispensable, considera, «trabajar sobre una política penitenciaria dentro de la ciudad de Buenos Aires, planificar un cuerpo penitenciario, un sector de alojamiento», esgrime.
La provincia de Buenos Aires y un drama profundo
Los números abruman y multiplican el drama. Las cárceles de la Provincia tienen -en promedio- un 80% de sobrepoblación, según los datos al último día hábil de esta semana. En esos ambientes hostiles y de hacinamiento se registraron -desde que comenzó este año- 28 muertes entre los internos. Y otros cuatro presos murieron en los primeros tres meses de 2024 en celdas policiales.
Pero hay más: en pabellones construidos para alojar 100 personas puede haber hasta 320. Ocurre en la unidad penitenciaria más superpoblada del sistema: la Unidad 28 de Florencio Varela tiene superada en un 220% de su capacidad original.
Otras, como la Unidad Penitenciaria N°5 de Mercedes, una de las más antiguas del sistema, tiene «sólo» un 186% de superpoblación. O la de Sierra Chica que registra un alojamiento del 171% por encima de las plazas habilitadas.
Los datos corresponden al informe permanente que realiza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un organismo de derechos humanos independiente que funciona en Buenos Aires desde hace más de 20 años.
El relevamiento difiere con los datos oficiales que entregaron a Clarín cerca del despacho del ministro de Justicia, Martín Mena. En esa repartición funciona el Servicio Penitenciario y los datos de esta semana eran que en los 74 establecimientos carcelarios que están bajo su administración había 53.600 personas privadas de la libertad ocupando 30.000 plazas. Casi 80% de sobrepoblación. Además había 2.400 detenidos en comisarías y 4.800 personas procesadas o condenadas que lograron el beneficio de la «pulsera electrónica».
El número de prisioneros aumentó casi un 12% con relación al mismo mes de 2023.
En el Ministerio de Justicia provincial aseguran que este panorama se agravará en los próximos meses, por la «parálisis» de las obras públicas en cárceles y penitenciarías dispuesta por el gobierno de Javier Milei.
«La situación es extremadamente compleja y se agravó notablemente con la decisión del gobierno nacional de hacer un corte abrupto de la continuidad de las obras», dicen cerca de Mena.
Se refieren -entre otras- a la construcción de dos alcaidías para 256 detenidos proyectadas e iniciadas en Moreno y Florencio Varela. Según el informe del Ministerio de Infraestructura de Nación (de la gestión de Gabriel Katopodis) habían alcanzado un 30% de avance en la ejecución, cada una. Ahora tienen los obradores clausurados.
Tenían previsto una inversión de 4.800 millones de pesos cada una.
Pero además, se interrumpió la habilitación de ocho alcaidías en el Conurbano. Cada una de ellas con un presupuesto de 1,6 millones de pesos. Se comenzaron los trabajos (entre 20 y 35% de ejecución) en Mercedes, Ezeiza, Tigre, Moreno, Lanús, La Matanza (González Catán), Quilmes y Tres de Febrero.
«Estos emprendimientos y lo que se realizó en el primer gobierno de Kicillof constituyen el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 200 años de la historia del Servicio Penitenciario Bonaerense», según el criterio del gobierno provincial.
El Plan de Infraestructura Penitenciaria 2020-2024 contemplaba la construcción de 12.036 plazas, de los cuales se inauguraron a la fecha 6.240 plazas, 5.172 se encuentran en ejecución y 624 no tienen inicio actualmente, dijeron en el gobierno provincial.
«La decisión del gobierno nacional impacta en el corazón del conurbano donde se encuentran paralizadas actualmente las nuevas alcaidías departamentales con 2.136 nuevas plazas», aclararon.
Desde noviembre de 2017 la resolución que permitía alojar detenidos en comisarías -a pesar de que un fallo de la Suprema Corte, de 2005, lo prohíbe- está suspendida. O sea: no se puede alojar personas en calabozos policiales. Pero hay 2.400 hasta este miércoles, según datos confirmados por el ministerio. Allí se registran la mayoría de las fugas y los incidentes con los internos.
En Buenos Aires «la política criminal se expresó una vez más en el crecimiento de la población encarcelada y las tasas de prisionización, la persistencia de la práctica sistemática de la tortura en los lugares de encierro, el despliegue policial en los territorios y la continuidad de graves vulneraciones de derechos de niño/as», describe la CPM en su memoria anual 2023, presentada hace tres meses.
