De cara a la discusión de la ley de Presupuesto de Quinquenal el gobierno de Orsi y las organizaciones feministas planean seguir malgastando el dinero de los contribuyentes en juzgados de “violencia de género”.
El Poder Judicial planea insistir en 2025 en la obtención de fondos durante la discusión del Presupuesto Nacional para expandir la red de juzgados especializados en la denominada “violencia de género”.
La meta es que cada departamento del país cuente con al menos uno de estos juzgados “para abordar la violencia de género de manera integral”.
El éxito dependerá de la asignación de recursos suficientes, y de la voluntad política para priorizar este tema.
El curro del feminismo
En Uruguay, como en muchos otros países, el feminismo se financia con el dinero de los contribuyentes, con dinero público de quienes pagan impuestos.
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Las organizaciones feministas son esencialmente corruptas, y su financiamiento proviene en gran medida de dinero estatal, es decir del dinero de los impuestos de los contribuyentes.
Estas celebran convenios con organismos estatales para recibir dinero público a cambio de “cursos”, “talleres”, y “jornadas de reflexión”.
Un gigantesco esquema de corrupción donde las que dirigen estas organizaciones se llenan los bolsillos, mientras las mujeres que de verdad padecen violencia siguen olvidadas.
Una agrupación informal llamada Intersocial Feminista nuclea a decenas de grupetes de organizaciones y pseudo organizaciones, que hacen del feminismo un negocio sucio financiado con dinero público.
El modelo corrupto es casi siempre el mismo. Se juntan un grupo de mujeres feministas, acuden a un político amigo (generalmente en el MIDES o en la intendencia de Montevideo), y a través de este político inescrupuloso celebran un convenio entre la ONG feminista y el organismo estatal.
Inmediatamente empiezan a recibir dinero público.
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Este esquema corrupto financiado con el dinero de los contribuyentes puede durar largos años.
En la Intersocial Feminista hay varias ONGs que hace muchísimos años cobran dinero del Estado.
Un ejemplo es la ONG El Paso dirigida por la feminista ultra radical Andrea Tuana, que hace muchos años cobra dinero de diversos organismos estatales.
El Paso, a cambio de recibir financiamiento estatal, brinda “jornadas de reflexión sobre acoso callejero” o “talleres para prevenir la violencia de género en locales comerciales”.
Verdaderos absurdos para justificar un negocio corrupto que pagan los uruguayos con sus impuestos.
La industria de la denuncia falsa
La creación de nuevos juzgados de violencia de género sólo se justifica si hay denuncias al amparo de la ley 19.580, denominada ley de violencia bajada en género contra la mujer.
Esta norma permite que cualquier mujer radique una denuncia falsa contra un varón en la comisaría de la esquina de su casa.
De esta forma de la Policía avisa al juzgado y se pone en funcionamiento el proceso judicial.
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Al aumentar notablemente las denuncias falsas de violencia de género en los últimos años, es obvio que aumentan la cantidad de casos judiciales.
Por lo cual los juzgados actuales no dan abasto, y el Poder Judicial está solicitando más presupuesto más dinero público para abrir nuevos juzgados.
Estos nuevos juzgados que pretenden crearse solo responden a la industria de la denuncia falsa.
De esta forma se sigue dilapidando el dinero de los contribuyentes, en juzgados que sirven para tramitar denuncias falsas contra varones inocentes.
Mientras, en muchos lugares del país no hay juzgados para temas realmente importantes como asuntos laborales, comerciales o penales.
La dictadura feminista y el negocio sucio de las ONGs feministas continúa a todo trapo, y todo lo pagan los contribuyentes.
