La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha informado este miércoles de que ha contabilizado la muerte de al menos 24 presos que se encontraban en cárceles bajo control militar, algunos de ellos «con indicios de presunta tortura«, en el marco del estado de excepción que decretó el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a principios de año.
El organismo ha emitido un informe sobre la situación de las cárceles en el país, después de haber realizado visitas a varios centros de privación de libertad a escala nacional. Este balance estudia el periodo comprendido entre el 9 de febrero y el 7 de marzo. Por ahora, la autoridad penitenciaria, el SNAI, no se ha pronunciado al respecto.
«Dada la situación crítica identificada, es indispensable que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpele a todas las funciones del Estado al cumplimiento de las condiciones que se requieran a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal», reza un comunicado. La Defensoría ha instado al Gobierno a cumplir «de manera urgente, diligente y permanente con acciones que indiscutiblemente deben observar un enfoque de Derechos Humanos, que garanticen la vida y la integridad de las personas privadas de libertad».
También ha pedido a la Fiscalía a realizar las investigaciones correspondientes, y a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a supervisar «de forma permanente a los miembros de estas instituciones que custodian los centros de privación de libertad, a fin de que cumplan con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales» de los presos.
Por otro lado, ha exigido al Ministerio de Economía y Finanzas proveer los recursos necesarios para garantizar el servicio de alimentación, y al de salud a garantizar el acceso a salud integral. Asimismo, se ha dirigido al de Derechos Humanos para formar a los agentes en esta materia.
La actual situación de violencia e inseguridad en Ecuador estalló después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un «conflicto interno armado» debido a la actividad de grupos armados, considerados a partir de ese momento como «terroristas».
