POLÍTICA
Docentes e investigadores universitarios lanzan paros, dejando otra vez a estudiantes sin clases.
La Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) convocó nuevas medidas de fuerza en la UNC. Las protestas incluyen marchas y paros nacionales contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario que destruía el superavit fiscal. Una vez más, los estudiantes quedan sin clases por intereses gremiales ajenos a la excelencia académica.
Tras 20 meses de paros intermitentes, el sindicato insiste en sostener el plan de protesta que perjudica a los estudiantes. El martes hubo abandono de tareas para movilizar al Consejo Superior de la UNC. El miércoles se realizará un paro total de actividades en todas las universidades nacionales.
La central gremial sostiene que busca “defender la universidad pública y gratuita”. Sin embargo, los paros reiterados ya provocaron la pérdida de mesas de exámenes en julio. La nueva medida amenaza con complicar aún más la cursada de los estudiantes, que vuelven a ser rehenes de la política sindical.
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Otro paro, mismo método: aulas vacías
El plan de protesta incluye también una volanteada en la muestra de carreras de la UNC el 2 de septiembre. Los reclamos se escudan en el financiamiento universitario (ya garantizado), pero la consecuencia directa es más días sin clases.
El reclamo gremial solo deriva en que los estudiantes pierden horas de cursado fundamentales. El calendario académico ya se vio alterado durante julio y ahora corre riesgo de extenderse aún más. Los estudiantes y familias exigen previsibilidad y respeto por el derecho a estudiar.
Mientras los gremios agitan banderas políticas, los estudiantes cargan con la frustración de ver interrumpido su proceso educativo. El supuesto debate académico queda sepultado bajo consignas ideológicas.
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Paro tras paro: los costos los pagan los alumnos
Los paros universitarios dejaron de ser una excepción para convertirse en rutina. Cada año, los sindicatos convierten a la UNC en escenario de luchas partidarias. La calidad educativa se resiente frente a la obsesión por imponer presión en la calle.
La defensa de la universidad no se logra abandonando aulas ni suspendiendo exámenes. Al contrario, debería sustentarse en el mérito y la excelencia. El camino elegido por los gremios solo deteriora la confianza en la educación pública y gratuita que dicen proteger.
La incertidumbre sobre la continuidad académica golpea a miles de jóvenes que solo buscan estudiar y recibirse en tiempo y forma. Frente a este escenario, el Gobierno nacional impulsa una política de orden fiscal que garantiza sostenibilidad y racionalidad. La resistencia sindical parece más vinculada a intereses corporativos que al futuro de la educación.
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