El ajustado resultado de la votación en la Junta de Fiscales que debía valorar cuál debe ser la respuesta del Ministerio Público sobre la aplicación de la amnistía a los líderes del procés — 19 votos a favor de seguir el criterio del Fiscal General frente a los 17 que han apoyado a los cuatro fiscales que defendieron condenas por rebelión en el juicio celebrado en el Supremo– ha evidenciado una fuerte quiebra en la cúpula de la Fiscalía, que ha superado los clásicos bloques ideológicos entre los sectores progresistas y más conservadores de la Carrera.
El apoyo que ha recogido la propuesta de Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno –contrarios a amnistiar la malversación y levantar las medidas cautelares que pesan sobre los procesados en rebeldía, como es Carles Puigdemont- parece haber sido una sorpresa incluso para estos fiscales, aunque no para el fiscal general, Álvaro García Ortiz, según fuentes de su entorno recogidas por este diario, que apuntan en todo caso al ambiente «versallesco» que se ha vivido durante la reunión. Han convivido alegatos de carácter muy técnico con posicionamientos más «llanos» que han podido tener su origen en cuitas de carácter personal, según fuentes presentes en la junta.
Presencia de Delgado
Desde sectores conservadores ha sido muy criticada la presencia en la junta de Dolores Delgado en calidad de fiscal de Sala de Memoria Democrática, que ha votado a favor de la propuesta de su predecesor al frente de la Fiscalía General. La razón es que su nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo a principios del pasado mes de mayo, aunque Delgado sigue ostentando el puesto porque la sentencia, notificada oficialmente el pasado 11 de junio, aún no ha sido ejecutada por el Consejo de Ministros, que tiene dos meses para hacerlo.
Por contra, no ha podido estar presente la nueva fiscal togada del Tribunal Supremo , Isabel Rodríguez Mateo (la fiscal del caso de la ‘manada’ de los Sanfermines) porque aunque su nombramiento ya ha sido publicado en el BOE, aún no ha tomado posesión del cargo.
En todo caso, el análisis de las votaciones da como resultado la existencia de pequeñas «traiciones» y votos sorpresa que han podido determinar el resultado final. Uno de los ejemplos es el de María José Segarra. La actual fiscal de Sala de personas con discapacidad y mayores fue la primera fiscal general del Gobierno de Pedro Sánchez, pero a pesar de ello ha votado con los fiscales del ‘procés’. Esta posición no sorprende si se tiene en cuenta que, tras ascender a la cúpula de la Carrera no impuso a los fiscales del caso ningún criterio diferente de que estos venían manteniendo desde que el fiscal general José Manuel Maza interpuso querella al inicio del proceso independentista.
Por otro lado, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha convertido durante el debate en la mejor baza a favor de las tesis de los fiscales del ‘procés’, porque, como máximo responsable de la Fiscalía Especial encargada de luchar contra la corrupción, su opinión sobre uno de los delitos que componen esta lacra, la malversación de caudales, cuenta con un peso especial.
Fue aupado a la máxima categoría fiscal en 2017, tras la renuncia de Manuel Moix, si bien el actual fiscal general le renovó en este puesto en septiembre de 2022. Luzón, que siempre ha defendido un criterio propio con independencia de los gobiernos y los fiscales generales que han depositado en él su confianza, ya compartía con los fiscales del ‘procés’ la interpretación que aquellos hicieron cuando se derogó el delito de sedición y se modificó la malversación, una postura fue la aceptada por la propia Sala Segunda del Supremo a la hora de ajustar la sentencia que dictaron en octubre de 2019 contra los líderes independentistas. Consistía en que el lucro personal no se reduce a meterse el dinero en el bolsillo, sino que también se entiende como tal, lo que supone un beneficio personal, al destinar dinero público a un fin ilegal. A la hora de aplicar la amnistía a este delito en concreto, ha demostrado que también coincide con ellos en sus peros a la nueva ley.
Apoyo de la Audiencia Nacional
En cambio, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, perteneciente a la conservadora Asociación de Fiscales, ha defendido el criterio de García Ortiz, lo que a ninguno de los presentes ha sorprendido, porque ha actuado en plena sintonía con la Fiscalía General del Estado desde que asumió el cargo y fue renovado por la que había sido su compañera en el tribunal de la madrileña calle Génova, Dolores Delgado.
Alonso siempre ha coincidido con la opinión de Delgado y de García Ortiz en todas las situaciones conflictivas que se han podido plantear. Un ejemplo de ello es el caso Tsunami Democrátic, donde la inmensa mayoría de los fiscales de lo Penal del Supremo se mostraron partidarios de abrir una causa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo, pero el fiscal jefe de la Audiencia Nacional siempre respaldó al fiscal a sus órdenes adscrito al caso.
Tampoco discrepó de García Ortiz cuando recibió la orden de que la fiscalía pidiera la prescripción de las causas abiertas contra dirigentes de ETA por crímenes de lesa humanidad, en contra del criterio del fiscal que llevaba entonces el caso.
Otro de los fiscales de peso que ha apoyado la amnistía ha sido Pedro Crespo, nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional en mayo de 2021, coincidiendo con el PSOE en el Gobierno. Su esposa es Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid que hace tan solo una semana señaló ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el fiscal general le había dado la orden de publicar la nota de prensa con datos sobre el pacto que la pareja de Isabel Díez Ayuso ofreció para evitar ser juzgado por fraude fiscal.
Fuentes presentes en la reunión han destacado el rigor jurídico de su intervención, al igual que en el mismo sentido ha hecho Pilar Barrero, una de las más antiguas de la carrera a la que se presuponía inicialmente en el bando de los conservadores. Igualmente ha votado en favor de la amnistía quien hasta 2022 fue el fiscal jefe Antidroga José Ramón Noreña. Fue aupado a dicho puesto por el entonces fiscal general y hoy presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, aunque muchos le situaban al principio de la reunión a favor de los fiscales del ‘procés’.
